Boletín N°. 1135 | Necesario armonizar legislación para garantizar derechos de personas con preferencias sexuales distintas |
15-03-2016 El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Armando Luna Canales (PRI), aseguró que persiste una gran discriminación hacia personas con preferencias sexuales distintas y un reto mayúsculo es reconocer el matrimonio igualitario, principalmente en Congresos estatales.
Indicó que si bien hay entidades que han legislado de forma voluntaria estas uniones, la realidad es que el grueso de la población con preferencias sexuales diferentes recurre a amparos, juzgados y otros mecanismos legales para ejercer sus derechos.
“Estamos ante un derecho incompleto, pues en pocos lugares se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluso, hay problemas serios en las instituciones de seguridad social”, refirió.
Al inaugurar el foro “Hacia una armonización legal del matrimonio igualitario”, consideró “responsabilidad de los legisladores abrir un abanico de posibilidades para que cada persona encuentre un respaldo legal, una figura que acomode a sus intereses”.
Hay personas que tienen que acudir a otros estados a concretar sus matrimonios para darles validez y exigir sus derechos, comentó.
Una tarea, apuntó, es legislar en los estados que debieran avalar uniones civiles de otros tipos y ajustar normas administrativas para dar mayor libertad en todos los aspectos de la vida de las personas. Mencionó que en la Junta de Coordinación Política hay un punto de acuerdo para exhortar a Congresos estatales a reconocer los derechos de esta población.
El diputado del grupo parlamentario Morena, Vidal Llerenas Morales, impulsor del evento, expresó que el matrimonio igualitario no tiene dimensión local, pues el Código Civil Federal aplica en determinadas circunstancias. Por lo tanto, continuó, el Congreso debe atender resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y garantizar los derechos en torno al matrimonio igualitario.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson (Morena) subrayó que las entidades federativas deben realizar adecuaciones en materia de derechos humanos, ya que muchas de ellas no los reconocen expresamente en sus Constituciones.
Consideró que la falta de armonización de leyes en el interior del país contribuye a la violación de derechos y perpetúa la discriminación hacia grupos vulnerables; por ejemplo, las personas con distintas preferencias sexuales.
“Negar derechos como el matrimonio igualitario constituye un acto de discriminación que es necesario erradicar; por tanto, es indispensable exhortar a todos los partidos políticos del Congreso a atender esa problemática”, manifestó.
La diputada Maricela Contreras Julián (PRD), integrante de la Comisión de Derechos Humanos, indicó que el proceso de armonización de la legislación respectiva es un asunto que tiene un alto grado de dificultad debido a las resistencias de algunos grupos.
Consideró necesario trabajar, en conjunto, instituciones federales y estatales, y conformar alianzas con organismos de la sociedad civil. “Hace falta trabajar en un cambio ideológico y cultural para terminar con la discriminación; es importante avanzar y presentar iniciativas que permitan la armonización de leyes”.
El diputado independiente, Manuel Clouthier Carrillo indicó que “a falta de una cultura de respeto a derechos humanos, vemos a liberales y conservadores en función del derecho del que se hable, incluso la Corte toma ese papel”. Insistió en que la agenda es de derechos humanos y no de partidos.
Estimó necesario revisar los principios esenciales de los derechos humanos y es la Corte la que debe hacerlo, pues las garantías son de las personas y no de las instituciones.
La colaboradora del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Estefanía Vela Barba, resaltó que la labor de los diputados es adecuar las normas para que las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros) ejerzan libremente sus derechos.
Consideró que el Congreso federal tiene mucho trabajo legislativo qué hacer sobre la discriminación, pues es donde se establece la mayoría de los derechos que las personas adquieren al casarse. No sólo implica reformar el Código Civil, sino todas otras normas federales.
David Razú Aznar, ex diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, señaló que entre tantos pendientes que hay, el matrimonio es relevante porque es la institución por excelencia de la discriminación y pareciera estar avalada por el Estado.
Manifestó que “hay todo un paquete de legislación que no se ha actualizado. No ha habido, en esta materia, señal suficientemente sólida por parte del Congreso de la Unión. No hay un piso real de leyes para erradicar la discriminación, por lo que se deben buscar mecanismos para que en un plazo determinado se haga realidad esta armonización y erradicar estas prácticas”.
Nadia Sierra Campos, asesora en la dirección general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, precisó que es indispensable trabajar sobre el reconocimiento de otras figuras jurídicas y revisar todo el marco normativo federal para hacerlo.
“Hay pendientes en ambas cámaras del Congreso, pues reformar el Código Civil no es suficiente. Hoy se casan y sus derechos siguen sin reconocerse; se deben ampliar sus garantías, pues tienen derecho al matrimonio, independientemente de la figura de pareja”, concluyó.
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