15-03-2016.- La Cámara de Diputados aprobó, con 408 votos, reformas a la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, con el objetivo de disminuir de 15 a cinco el número de socios requeridos para constituir una sociedad y actualizar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) regule la forma en que operen.

Asimismo, establece que de recibir estímulos, franquicias o subsidios, las sociedades deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, como informar sobre su uso y resultados derivados de los mismos a la Sedatu, la cual llevará para estos fines un registro de las sociedades constituidas y de aquellas que reciban apoyos públicos para el fomento de sus actividades, garantizando transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos. Para dichos fines, la Secretaría se allegará del Registro Agrario Nacional.

El dictamen que reforma los artículos 2, 4, 7, 20, 28, 34, 36 y 39 de dicha norma, también plantea que las sociedades de solidaridad social tengan por objetivo la explotación sustentable de los recursos naturales. Fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamentarlo, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín (Morena), presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, estimó que se actualiza la ley para dar certeza al funcionamiento de las sociedades y facilitar su constitución atendiendo necesidades particulares del sector que la conforman, quienes se han visto imposibilitados a obtener el reconocimiento legal por el número de personas que están en condiciones de conformarla.

Las reformas, dijo, facilitan la constitución de una sociedad con un mínimo de cinco socios y su autorización será provista por la Sedatu y no por la Secretaría de Reforma Agraria, desaparecida en 2009. Asimismo, se establecen nuevas obligaciones a cargo de las sociedades en materia de recursos proveniente del erario, posibilitando la transparencia en el ejercicio de los recursos que provienen de los impuestos que pagamos todas y todos.

En los posicionamientos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) consideró que los cambios legales propuestos darán fortaleza a las microrregiones, contribuyendo el ampliar el número de emprendedores en las comunidades, modo de generar economía y riqueza.

Subrayó que al establecer que se podrán constituir con cinco socios, facilitará y simplificará su capacidad de asociarse en este anhelo de generación de empleos. Además, da la oportunidad de crear un fondo de solidaridad para que aquellos estímulos o incentivos que se les proporcionan a estas asociaciones se les pueda fiscalizar en una especie de tener rendición y transparencia de cuentas.

En su turno, el diputado Ángel García Yáñez (Nueva Alianza) indicó que se incluye la obligación de las sociedades de informar a la Sedatu sobre el uso y resultados derivados de los estímulos, franquicias o subsidios que hubieran recibido. Lo anterior, a fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos.

Aclaró que para su grupo parlamentario, la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones imprescindibles para el ejercicio de gobierno y mejorar la manera de dignificar la política. Anunció su voto a favor del dictamen, “con la convicción de que estas medidas coadyuvarán a conseguir los objetivos de desarrollo que merece el país”.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (Movimiento Ciudadano) manifestó su voto a favor del dictamen, al resaltar su compromiso con la ciudadanía y con la actividad del sector campesino, así como con todos los grupos sociales para consolidar el crecimiento de las sociedades en solidaridad.

Estimó que solo falta trabajar en los esquemas de incentivos fiscales. “Sabemos que con base a sus ingresos es como tributan. Aun así, es necesario exenciones para beneficiar al sector social bajo el esquema de mejores metodologías que ayuden a reducir las cargas fiscales que les permitan poder impulsar más su desarrollo”.

En tanto, el diputado Renato Josafat Molina Arias (Morena) señaló que la reforma surge como una respuesta a la necesidad de actualizar las instituciones encargadas de regular la operación de las sociedades, así como implementar la transparencia para que al recibir estímulos, franquicias o subsidios, la sociedad beneficiada informe su uso y resultado.

Estimó que es un avance para el crecimiento de la economía social y que tiene un carácter noble, ya que el espíritu es crear más fuentes de trabajo y mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.

Del PVEM, el diputado Virgilio Mendoza Amezcua indicó que las sociedades de solidaridad social son organizaciones sin fines de lucro que deben ser alentadas para crear nuevas fuentes de trabajo bajo una perspectiva de respeto a los derechos humanos y de fomento, pero con la convicción de mantener su carácter de respaldo comunitario hacia actividades que contribuyan a mejorar el desarrollo de las condiciones de su localidad.

Lo anterior, continuó, se logra a través del reconocimiento del derecho al trabajo que tienen las personas y de la disminución del número de socios necesarios para conformar sociedades solidarias al pasar de 15 miembros a cinco, reducción sustantiva de dos tercios en los sujetos antes requeridos para su constitución.

El diputado Héctor Javier García Chávez (PRD) celebró el impulso que este dictamen le da al sector social de la economía, como un sector estratégico en el desarrollo social y en este marco en el fomento de las figuras asociativas.

Se pronunció a favor de las reformas que representan la posibilidad de impulsar estas figuras asociativas del sector social de la economía, ya que para su grupo parlamentario este sector es un punto crucial de la agenda nacional progresista en el marco de las políticas de desarrollo social.

Para el diputado Luis Fernando Antero Valle (PAN), el dictamen tiene como propósito fomentar la organización de las sociedades de solidaridad social para crear fuentes de trabajo; conservar el medio ambiente; explotar racionalmente los recursos naturales, y producir, industrializar y comercializar bienes y servicios particularmente en beneficio de ejidatarios, comuneros y campesinos.

Resaltó que uno de los aspectos fundamentales es la transparencia y rendición de cuentas, ya que no es posible que esta ley mantenga que subsidios, franquicias y demás apoyos que otorgue el Ejecutivo federal se den de forma discrecional. “Con estas reformas logramos una ley que permite incidir en uno de los grupos de población más vulnerables, los agrarios, a quienes les debemos mejores leyes, más apoyos y sobre todo políticas públicas efectivas que incidan en su bienestar y en elevar la calidad de vida de sus familias”.

La diputada Alma Lilia Luna Munguía (PRI) comentó que con estas modificaciones los grupos pequeños tendrán ventajas para constituirse, por lo que es más funcional que a menor cantidad de integrantes, tendrán mayores oportunidades de organización y constitución.

Con la propuesta, agregó, se evita el impacto presupuestario asociado a la creación de un registro de las sociedades de solidaridad social constituidas y de aquellas que reciban recursos públicos para sus actividades, con el fin de fomentar la transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones y destino de los recursos públicos, ya que estas facultades las conserva actualmente el Registro Agrario Nacional, conforme lo que establecen la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar mañana miércoles 16 de marzo, a las 11:00 horas

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