29-03-2016.- La Comisión de Gobernación aprobó el dictamen de la minuta que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política con el objeto de regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión de derechos y garantías, a fin de que el Ejecutivo haga uso de sus facultades para enfrentar amenazas y emergencias en territorio nacional.

La norma, de 34 artículos y dos transitorios, precisa que esto sólo procederá en casos de Invasión (entrada, sin autorización, de fuerzas armadas de otro país a cualquier parte del territorio) y de Perturbación Grave de la Paz Pública (situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacerles frente).

También, en situaciones de Grave Peligro o Conflicto (circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien, por acciones que los expongan a emergencias o desastres, sean de origen natural o antropogénico).

Especifica que el Presidente de la República debe someter a consideración del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso, el proyecto de decreto para declarar una restricción o suspensión. Estas soberanías tendrán que considerar el caso de obvia y urgente resolución, votarlo en un plazo no mayor a 48 horas y convocar a sesión extraordinaria, de ser necesario.

La Suprema Corte de Justicia, por su parte, deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez de los decretos.

En su Capítulo IV, la Ley reglamentaria establece el Control Parlamentario del Congreso de la Unión sobre restricción y suspensión de derechos y garantías. Para ello, el Titular del Ejecutivo está obligado a entregarle informes detallados sobre las medidas administrativas y legislativas adoptadas, sobre su aplicación y evolución de la situación cada 30 días durante el tiempo que esté vigente el decreto.

Esta medida de emergencia se levantará cuando haya vencido el plazo fijado para ella; cuando hayan desaparecido las causas que le dieron origen; por decreto del Congreso de la Unión, o del Ejecutivo Federal, según precisa la Ley en sus últimos artículos.

Además del aval de la Comisión de Gobernación, el documento también debe ser aprobado por la de Derechos Humanos antes de ponerse a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados.

Durante el análisis correspondiente, la diputada presidenta del órgano colegiado, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), aseguró que el dictamen de la minuta “reúne los estándares internacionales” de derechos humanos, de tal forma que organismos con representación en México, como el Alto Comisionado de la ONU, “están absolutamente convencidos de que el documento se encuentra dentro de los parámetros”.

Además, insistió en que la Ley fue objeto de mucho estudio y pasó por todas las revisiones correspondientes dentro de la comisión que preside, aunque dijo que podrán hacerse aportaciones cuando sea analizada en el Pleno.

La diputada Rocío Nahle García (Morena) advirtió que entregar el “poder absoluto al Presidente” para suspender derechos y garantías en los casos que se estipulan en la norma, “es un cheque en blanco para que haga y deshaga en este país, que es de los que tiene mayor violación a los derechos humanos”.

Opinó que se podría recurrir a esta medida en casos de marchas o manifestaciones públicas, si se les considera como “perturbaciones graves a la paz pública”. Asimismo, afirmó que la “riesgosa” reforma, contradice a los organismos internacionales de derechos humanos.

Del Revolucionario Institucional, Cesar Alejandro Domínguez Domínguez sostuvo que la minuta es un avance significativo “en el momento en que estamos viviendo actualmente”, ya que permite cuidar las garantías y los derechos humanos, además de que da pie a un “círculo virtuoso” en el que participan todos los Poderes de la Unión.

“Ponemos orden y cuidado jurídico a una toma de decisión, como es la que estamos discutiendo”, agregó.

Representando a Acción Nacional, el diputado Ulises Ramírez Núñez afirmó que los actos terroristas que se observan en varias partes del mundo “han trastocado la forma de cómo debemos vivir y regular nuestras convivencias”. Es por ello que algunos países, como Francia, han solicitado a organizaciones internacionales aplicar el “Estado de excepción”.

Celebró que en esta figura jurídica participen los tres Poderes de la Unión, pues “es mejor tenerla regulada, que suelta y discrecional a un solo poder”.

Del PRD, los diputados David Gerson García Calderón y Rafael Hernández Soriano también manifestaron su respaldo a la reforma al considerar que los tres ámbitos de gobierno están bien representados en el proyecto.

Norma Edith Martínez Guzmán (PES) apoyó el dictamen y se pronunció por que los tres Poderes de la Unión modifiquen lo necesario, para que se respete el ejercicio de los derechos humanos.

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