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| Boletín N°. 1223 | Aprueba comisión Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública |
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30-03-2016 La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), aprobó con 23 votos, en sus términos, el dictamen a la minuta que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual obliga a los tres órdenes de gobierno, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos a transparentar sus recursos públicos.
En la fundamentación, la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM) dijo que el dictamen que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que toda información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés de seguridad nacional o bien confidencial.
El documento señala que este derecho humano comprenderá solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información y determina que no podrá clasificarse como reservada si está relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y corrupción. Además, establece que ninguna persona deberá restringir el derecho al acceso de información por vías indirectas o directas.
La minuta amplía las obligaciones de los sujetos obligados en el ámbito federal, disposiciones que abarcan a todos los servidores públicos, desde el Ejecutivo hasta los organismos autónomos institucionales.
Teresa Cuenca Ayala, secretaría de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, manifestó que resulta relevante reconocer que la redacción del artículo 1 de la minuta garantiza que el concepto de sujetos obligados es enunciativo, toda vez que se usan términos generales que abarcan los que no son mencionados expresamente como quienes lo están en materia energética o personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad.
Destacó que es importante aclarar que con esta minuta van a ser casi 900 sujetos obligados, muchísimos más de los que están en la ley vigente, los cuales son 245.
De igual manera, se indica que la generación, publicación y entrega de la información, deberá ser accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atender las necesidades del derecho humano ya referido. Además los sujetos tendrán la obligación de que la información tenga un lenguaje sencillo y procurarán su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.
El ordenamiento determina la integración, funcionamiento, facultades, atribuciones y obligaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
También estipula que los sujetos obligados deben conformar una unidad de transparencia o comité y define los mecanismos para verificar las obligaciones de transparencia, a cargo del Inai, en el proceso de denuncia del incumplimiento de las mismas.
Precisa los criterios para definir la información clasificada, en el análisis y la aplicación de la prueba de daño, y determina que la información reservada se mantendrá con este carácter hasta por cinco años, con posibilidad de ampliarse por el mismo periodo si se demuestra que existen las causas que motivaron dicha clasificación.
Determina que las unidades de trasparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas de accesibilidad para que una persona pueda ejercer su derecho a la información.
Se fijan las cuotas para la obtención de dicha información, regula los recursos de revisión ante el Inai y se indican los tipos de sanciones que serán aplicables en la materia.
Al dar su posicionamiento, la diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena), indicó que la ley que se discute garantiza el derecho humano a la información e intenta poner al día los derechos civiles, políticos y sociales, actúa en contra de la opacidad y combate y erradica la impunidad y la corrupción.
El acceso a la información da nuevo impulso y legitimidad a las políticas públicas y genera gobiernos responsables, es decir, crean una ciudanía robusta; además tiene un impacto positivo en la economía, la política y la administración pública.
Anunció su voto a favor, pero pidió integrar a la ley transparentar los proyectos de asociaciones público-privadas, pues a su juicio se escapa en este ordenamiento.
El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), señaló que la aprobación de este ordenamiento ayudará a atacar los flagelos de la impunidad y opacidad. Nos brinda la oportunidad de salir como Congreso, a dar la cara a los ciudadanos y “decirles aquí está la posibilidad para que tengas acceso a la información”.
Resaltó que era necesario estipular que los fideicomisos transparenten sus recursos, ya que operan con fondos públicos.
Pedro Luis Noble Monterrubio, diputado del PRI, expresó que la minuta garantiza el derecho a acceder a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, organismos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que ejerza o reciba recursos públicos.
Recordó que esta ley fue aprobada en el Senado de la República el 23 de noviembre de 2015, y para ello, esta Cámara de Diputados a través de la Comisión de Transparencia organizó un foro, con la finalidad de abonar a la discusión de la minuta. Aunado a ello, la Junta de Coordinación Política creó un grupo de trabajo, para coadyuvar en la construcción de acuerdos para este fin.
La legisladora del PVEM, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, destacó que para lograr una aplicación armónica de esta ley, es necesario cumplir con lo establecido en la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y consolida el derecho humano en esta materia.
Los propósitos de este instrumento serán: proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información, mediante procedimientos más sencillos, expeditos, transparentes y más económicos. Con la ley, expuso, se pasa de 245 a más de 850 sujetos obligados.
Por Acción Nacional, diputada Emma Margarita Alemán Olvera, sostuvo que todo lo relacionado con el Sistema Nacional Anticorrupción debe avanzar paso a paso con las 23 leyes que van a tener efecto.
“Estamos congratulados con esta minuta que si bien es perfectible, porque falta mucho, es un primer paso. Nos pronunciamos a favor porque contiene temas que en Acción Nacional se habían impulsado como los sujetos obligados, que los ciudadanos forman parte de las discusiones importantes”, agregó.
En lo particular, los diputados avalaron con 18 votos a favor y 3 en contra, en términos del dictamen, los artículos 1, 4, 8, 11, 21, 23, 46 Bis, 70, 73, 110, 153, 154 y 163 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reservados por legisladores de Morena.
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