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| Boletín N°. 1552 | Entrega Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a la ASF, recomendaciones al análisis de la Cuenta Pública 2014 |
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18- 05- 2016.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) presidida por Luis Maldonado Venegas (PRD), entregó al titular de este organismo de fiscalización, Juan Manuel Portal Martínez, 13 recomendaciones al análisis de la Cuenta Pública 2014, y propuso la ejecución de 56 auditorías de políticas públicas.
Durante el evento, llevado a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Maldonado Venegas refirió que el propósito general del documento es integrar un resumen de las áreas de oportunidad legislativa para fortalecer el marco jurídico de la fiscalización superior y la calidad del ejercicio del gasto público.
El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, al recibir el documento “Análisis del Informe de Resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014” se comprometió a atender con oportunidad las propuestas de los legisladores, porque alientan y guían una mejora continua, y en las condiciones actuales, podrían ser la base de distintos principios a incluirse en la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Aseveró que en la actual coyuntura de intenso debate por la legislación secundaria que dé operatividad al SNA, “es indispensable superar los disensos políticos y su reflejo mediático, para concentrarnos en los aspectos medulares y obtener los resultados que demanda la sociedad en la búsqueda de una gestión pública honesta”.
Subrayó que el éxito de esa estructura legal no debe reducirse al acuerdo alcanzado o a su promulgación, sino visualizarse en función de su operatividad e implementación. “La popularidad de las ideas no es el mejor parámetro para decidir si son buenas o no; su calificación debe relacionarse con su efecto e impacto en la práctica”, apuntó.
Detenerse en cuestiones incidentales, continuó, no coadyuva a avanzar en materializar, a través de la legislación, un anhelo muy legítimo de la ciudadanía: sentir confianza en las instituciones públicas y en su capacidad de proponer respuestas efectivas a las necesidades de amplios sectores de la población.
El diputado Luis Maldonado Venegas exhortó al Senado de la Republica a emitir los dictámenes correspondientes a las Leyes de Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades antes del 28 mayo, a fin de no violar los transitorios de la reforma constitucional en la materia.
El legislador subrayó que la cámara de origen para la emisión de la Ley de Fiscalización debe ser la Cámara de Diputados y no el Senado de la República, por ser la que tiene la facultad exclusiva en la materia.
Es por ello, explicó, que en la última sesión se emitió un acuerdo para integrar un grupo de trabajo, a fin de lograr los mejores consensos y definiciones para una nueva ley de fiscalización y transparencia.
La ciudadanía y los legisladores de todas fuerzas políticas buscan realizar un esquema de fiscalización sólido que no sólo tenga condiciones de interponerse ante los actos fallidos e irregulares en el uso de los recursos públicos, sino que pueda combatir la impunidad que es quizá lo que más agravia a la sociedad mexicana.
Subrayó que el texto con las recomendaciones considera el trabajo de la comisión durante los meses de marzo y abril, donde se realizaron cuatro mesas de análisis de resultados, con la participación de los integrantes y personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Expuso que las recomendaciones están divididas en dos secciones; la primera, consta de 14 puntos que abordan, entre otros temas, la numeralia de la fiscalización superior de la cuenta pública 2014, los asuntos tratados en las cuatro mesas de análisis, las sugerencias de la ASF al trabajo parlamentario y las áreas de oportunidad legislativa.
En cuanto a la numeralia, dijo que se reporta la realización de mil 659 auditorías practicadas a 610 entidades públicas, que significaron un incremento del 17.4 por ciento respecto a las ejecutadas en el 2013.
Destacó que la ASF definió 11 áreas de riesgo en los programas sociales auditados, como información de los beneficiarios, revelación de pasivos y gastos, participación ciudadana en la gestión de los recursos, adquisiciones o inversiones que no satisficieron las mejores condiciones del Estado.
Asimismo, se analizó la obra pública, participación de intermediarios en la dispersión del gasto público, subejercicios, tecnologías de información, programas públicos duplicados, servicios administrativos particulares, diseño e implementación de la política para atender el problema de carácter público.
La segunda sección contiene 13 recomendaciones en los temas de fiscalizaciones a asociaciones público-privadas, administración de riesgos, solventación de observaciones, recuperación de recursos y reintegros, sistema nacional de anticorrupción y fiscalización.
De igual forma, se propone la transparencia e información en el gasto federalizado, informes sobre acciones de la ASF ante el Tribunal de Justicia administrativa, identificación de las áreas de riesgo, efectividad de los programas sociales, fiscalización ciudadana y participación de la auditoría en el Sistema Nacional de Anticorrupción, a través de la opinión técnica.
El diputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, sostuvo que el 80 por ciento de los problemas de observaciones realizadas por ASF se derivan de la falta de control administrativo.
Afirmó que la ASF tendrá poco impacto, si no se le faculta con criterios punitivos. “Si queremos empezar a cambiar a una cultura sin corrupción se deberá imponer sanciones”, indicó.
Es urgente que el Poder Legislativo, sea ejemplo de transparencia en el manejo de los recursos públicos, y no una caja negra, es decir, una vez que entran los recursos a los grupos parlamentarios no se sabe qué pasa con ellos.
La diputada Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano) consideró que los resultados de la acción fiscalizadora de la ASF contra el combate a la corrupción se quedan cortos, en cuanto a lo que está sucediendo, ya que privilegia más cantidad que calidad.
Está claro que se debe fortalecer la autonomía de los órganos de fiscalización en los congresos locales, ya que algunos son parte de los comités de los gobernantes.
Se necesita generar un mayor impacto en la acción fiscalizadora para que el informe genere elementos que consolide una visión precisa de las fallas más graves en la gestión de los recursos, y con ello, disminuir la incidencia de irregularidades.
De Morena, Araceli Damián González mencionó que dentro de las recomendaciones entregadas a la ASF se solicita auditar los contratos de las asociaciones público-privadas, al detectarse irregularidades en la aplicación de recursos, cumplimiento de contratos, y un posible conflicto de intereses de empresas vinculadas al Grupo Higa.
Asimismo, se pide investigar desvíos de recursos dirigidos a programas sociales con fines electorales o la aplicación de los mismos con objetivos clientelares.
Resaltó que fiscalizar en tiempo real sin castigo no sirve de nada. Se tiene que avanzar en leyes que permitan llevar a los responsables del desvió y mal manejo de los recursos públicos, ante la justicia y terminar con la impunidad y la corrupción.
El diputado Emilio Enrique Salazar Farías (PVEM) señaló que nadie puede estar a favor de la impunidad y corrupción; el trabajo de las auditorías sirve de mucho para corregir las políticas públicas en el futuro.
Reconoció la labor de la ASF y se comprometió a trabajar en el diseño de mecanismos que permitan dar mayores facultades para que sea más punitivo y tenga apoyo presupuestal.
A nombre del PAN, la diputada Minerva Hernández Ramos resaltó que uno de los mayores desafíos legislativos en la operatividad plena del SNA, es la presentación de la ASF del informe de denuncias de carácter ciudadano, sustentado en evidencias que presuman manejos irregulares o desvío de recursos públicos.
Además, que la ASF envíe a la Cámara de Diputados un informe anual sobre los procesos que se sigan a las faltas administrativas observadas, y las consideradas como graves, se detalle el curso legal en tribunales.
Sobre todo, porque casi el 84 por ciento de recursos fiscalizados en la Cuenta Pública 2014 se relaciona con seis áreas de riesgo, presentes en más del 70 por ciento de las auditorías hechas al gasto federalizado; tan sólo tres se asocian con más del 52 por ciento de auditorías al rubro de desarrollo social y en más del 55 por ciento a funciones de desarrollo económico. Se deben vincular las auditorias con estas áreas de riesgo y definir una estrategia de control.
En estos sectores “se deben concentrar los esfuerzos para frenar los actuales dispendios del gasto público”, por lo que llamó a sus homólogos, y al Senado de la República, a convocar un periodo extraordinario de sesiones y se apruebe la legislación secundaria que ponga en marcha el SNA, porque “para algunos sólo existe en el discurso y no hay voluntad política”.
Por el PRI, el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda expresó su compromiso para unir esfuerzos y voluntades para fortalecer el estado de derecho y generar la confianza que exigen los ciudadanos mediante el nuevo andamiaje legal del SNA. El reto es de todos, por encima de los colores partidarios, es vital fortalecer la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados.
Paralelamente, que las capacidades técnicas, institucionales y legales de la ASF, para que cumpla sus tareas, vayan más allá de sólo detectar irregularidades administrativas y emitir recomendaciones al desempeño de actividades públicas. Se busca consolidar a la ASF como elemento clave de la fiscalización en el país.
A nombre de su fracción parlamentaria, ratificó la prioridad por complementar el SNA sin perder de vista su integralidad, e hizo votos por avanzar en el diseño de una política de Estado en donde todos los sectores aporten responsabilidad y compromiso para transformar y mejorar el sistema jurídico.
Analizar la fiscalización de la Cuenta Pública 2014 elaborada por la ASF es un insumo para alentar la transparencia, rendición de cuentas y combatir la corrupción, temas prioritarios en la agenda legislativa, indicó.
Es tiempo de que ASF tenga un papel rector en la fiscalización
Portal Martínez comentó que la auditoría gubernamental, en su forma actual, es factor vital para establecer una efectiva rendición de cuentas, a través del impulso al Sistema Nacional de Fiscalización.
Refirió que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que uno de los factores que definirá el éxito de la fiscalización superior en el futuro, en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, lo constituirá la relación de trabajo que exista entre la ASF y el Congreso.
Garantizó que el máximo órgano fiscalizador irá al fondo en la investigación y sustanciación de las diversas auditorías que realice en el marco de la reforma constitucional aprobada el año anterior. “La única promesa que mantendremos siempre es que cuidaremos no afectar las actuales funciones y atribuciones, con la labor adicional”.
“Este órgano técnico acatará irrestrictamente las consecuencias derivadas de una modificación en su marco legal. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la actual estructura técnica y administrativa de la institución resulta insuficiente para las tareas de investigación que se contemplan”, destacó.
Es tiempo de considerar un modelo de fiscalización nacional, donde la ASF tenga un papel rector que contribuya a avanzar de manera más rápida y articulada en la implementación del Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). “Leyes nuevas ejecutadas por estructuras viejas no auguran un buen resultado”, afirmó.
Adicionalmente, a nivel estatal se tiene que replicar el establecimiento de las nuevas atribuciones. La pregunta, dijo, es si la madurez y las capacidades de las entidades de fiscalización superior locales son suficientes para adoptar un modelo de esta naturaleza.
En este caso, los recursos presupuestales adicionales que deberán suministrarse para cumplir con las nuevas tareas, representan una condición necesaria, pero no suficiente. “¿Cómo se podría evitar que estas actividades de investigación se vean influenciadas por los ejecutivos estatales? Esta no es una pregunta menor”, por lo que sugirió que “se la planteen quienes diseñen el nuevo marco legal de la fiscalización de nuestro país”.
Como ejemplo, dijo que diversas instancias estatales han empezado a integrar sistemas estatales anticorrupción, aún antes de la emisión de la Ley General del SNA. Este tipo de distorsiones ilustran la necesidad de que haya una coordinación centralizada, precisó.
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