03-11-2016.- La Comisión de Economía, que preside el diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), aprobó su opinión respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para este sector, en la que se propone que se destinen 6 mil 200 millones de pesos para el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

La opinión, avalada en reunión de trabajo, precisa que dicho instituto ejecuta el Fondo Nacional del Emprendedor, en el cual para 2016 se aprobó un presupuesto de 7 mil 200 millones de pesos, y durante el transcurso del año se recortaron mil mdp, por lo cual el presupuesto ejecutable quedó en 6 mil 200 mdp.

En el proyecto de presupuesto federal enviado por el Ejecutivo para 2017, se plantea que se destinen para este fondo 3 mil 760 mdp, lo que significa un recorte considerable y una diferencia real de 3 mil 500 mdp.

La comisión refirió que de acuerdo con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el presupuesto que se destine para apoyar a estas empresas y a los emprendedores, no podrá ser inferior al que destine la Federación en el año anterior. Por ello, se plantea que se apruebe en el PEF un recurso de 6 mil 200 mdp para el Instituto Nacional del Emprendedor.

El presidente de la comisión resaltó que la base de la productividad del país depende de la generación de empleos y el Fondo Nacional del Emprendedor apoya la generación de empleos, sobre todo a la pequeña y mediana empresa que es parte fundamental de la actividad económica de nuestro país.

Reconoció las condiciones que prevalecen en el entorno general de la elaboración del Paquete Económico de 2017 y las limitaciones que existen, así como que se debe construir un presupuesto austero y responsable y que tenga un balance positivo.

Durante la reunión, la comisión aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor informe los resultados de las verificaciones a los establecimientos que expenden combustible al público en general, como estaciones de servicio o gasolineras y plantas almacenadoras y distribuidoras de gas LP.

El documento señala que actualmente operan 10 mil 715 estaciones de servicio de gasolina y diésel, concesionarias de Petróleos Mexicanos, y casi la mitad funciona con irregularidades que termina pagando el consumidor.

Subraya que esta problemática de robo de gasolina y otras anomalías se ve agravada con la presunta colusión entre autoridades y los encargados de las gasolineras. “Estos, junto con los administradores, se enteran, al parecer por los mismos verificadores, de los operativos que la PROFECO realizará, lo que les permite ajustar las maquinas despachadoras y dar litros de a litro, y no como les venden a los usuarios, litros de ochocientos mililitros”.

Otros, añade, verifican una de las bombas que no está alterada, o “peor aún, otros más reportan que realizaron verificación en gasolineras que nunca verificaron porque piden mochada de entre 2 mil a 3 mil pesos”.

Refiere que de acuerdo con las disposiciones previstas en la Constitución Política y en las leyes federales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección al Consumidor, la información en posesión de la Profeco debe divulgarse porque es de interés público y resulta relevante para la sociedad, ya que ayuda al consumidor a evitar abusos en las gasolineras, y a los ciudadanos a tener conocimiento sobre los procedimientos de verificación a las estaciones donde se expende gasolina y diésel y, en su caso, a contar con todos los elementos para denunciar.

También aprobó otro punto de acuerdo para solicitar también a la Profeco informe respecto de las acciones de difusión de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones que actualmente realice. Asimismo, que en su programa de comunicación social considere dichas acciones.

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