04-11-16.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada de 379 votos a favor, 19 abstenciones y dos votos en contra, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Carta Magna, en materia de justicia laboral y elecciones sindicales.

Una vez aprobado el dictamen, en lo general y lo particular, se envió a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.

Al fundamentar, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), expuso que las modificaciones fortalecen la vida democrática de los sindicatos, y eliminan del área de los poderes ejecutivos la justicia laboral, para pasarla a los poderes judiciales del ámbito federal y local. “Una vieja demanda del movimiento democrático”, mencionó.

Destacó que este paso “da independencia a la justicia laboral”, dará certeza y ayudará a una mayor legalidad y aplicación de la justicia.

Explicó que actualmente las Juntas de Conciliación y Arbitraje “están jefaturadas” por los poderes ejecutivos, y en ellas participan dirigentes sindicales y patronales. “Fueron juez y parte quienes entraban en litigio con algunos diferendos o conflictividad en el área laboral, y eso terminará con esta reforma”.

Asimismo, se mantiene un área de conciliación que dependerá de los estados, en la que participarán el Poder Ejecutivo, los sindicatos y los trabajadores para tratar de resolver el mayor número de conflictos posibles, por la vía de conciliación. “Pero si no hay una solución, siempre estará la instancia judicial”, precisó.

Además, con la minuta aprobada se incorpora la obligación de elegir a los dirigentes sindicales mediante el voto directo y secreto, lo cual constituye un avance sustancial.

Aseguró que los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje –que entrarán en un proceso de transición— mantendrán intactos todos sus derechos laborales y, cuando se construyan los nuevos organismos laborales, serán considerados quienes han trabajado y tengan experiencia en esta área. “El dictamen y la exposición de motivos es absolutamente clara en que los derechos de los trabajadores que hoy son parte de las Juntas de Conciliación están plenamente garantizados”, reiteró.

Refirió que al ser aprobada por el Pleno, la reforma se enviará a los estados de la República para su discusión. “Esperamos que muy pronto esté publicada en el Diario Oficial y una vez que haya cumplido todos los trámites constitucionales, podamos avanzar en las tareas que se desprenden”.

En este sentido, advirtió que será necesario modificar varias leyes del Poder Judicial y del ámbito laboral. “Ojalá que esta misma Legislatura termine aprobando todo el marco jurídico integral, para desarrollar en lo futuro una nueva manera de ejercer la vida laboral en México”, expresó.

El diputado Abdies Pineda Morín (PES) manifestó su voto a favor del dictamen porque traerá importantes beneficios para el acceso a una justicia laboral transparente, atractiva para la inversión y expedita por parte de la sociedad.

“Será un ejemplo de trabajo coordinado y corresponsable entre el Ejecutivo, que propuso, y el Legislativo, que dispuso, dejando atrás desencuentros”. Agregó que esta reforma es la mejor y más acabada propuesta que el país necesita con un cambio sustancial en la manera de gestionar y resolver los conflictos laborales.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (NA) afirmó que la reforma es una profunda transformación del sistema de justicia laboral, que implica la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje federal y estatales, para que sus funciones sean asumidas por tribunales laborales de los poderes judiciales respectivos.

Manifestó su preocupación por la situación laboral de los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y solicitó que se garantice el respeto a sus derechos, una vez que los tribunales, juzgados laborales y los órganos de conciliación inicien actividades. Hizo votos por que la Cámara de Diputados sea consciente de la situación y se aboque a atenderla.

Por MC, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco dijo que esta reforma no soluciona los problemas en materia de justicia del trabajo y no plantea respuestas de fondo a los conflictos de trabajadores, patrones y quienes tengan controversias laborales, por lo que adelantó que votaría en abstención.

Precisó que aun cuando se reduce el poder de sindicatos y el corporativismo sindical, se fortalecen derechos de asociación de trabajadores, se privilegia el voto secreto en los sindicatos y quita influencia de los ejecutivos en juntas de conciliación; eso no garantiza que realmente haya una justicia diferente. “El Poder Judicial federal es de lo mejorcito que tenemos en el país, pero los locales siguen siendo un grave problema, pues hay una sumisión ante los ejecutivos locales”, explicó.

Del grupo parlamentario de Morena, el diputado Virgilio Caballero Pedraza manifestó que votaría a favor del dictamen porque recoge las demandas de los trabajadores y es prioritaria para beneficio de estos y los sindicatos independientes.

Recomendó “estar al pendiente de la reglamentación de esta reforma de justicia laboral para hacer de los derechos laborales y sindicales, una realidad de la democracia en el país”. Añadió que es necesario transformar las normas legales manteniendo el carácter protector del derecho del trabajo e impulsar un modelo de desarrollo que atienda las necesidades de la gente.

El diputado Cándido Ochoa Rojas (PVEM) afirmó que las reformas “de gran calado” aprobadas por esta Legislatura cambiarán en el mediano y largo plazo el rostro político y social de México.

Planteó que se debe preservar el propósito de garantizar bajo cualquier circunstancia el acceso de los trabajadores, en lo individual y en lo colectivo, a la justicia con base en los derechos que les confiere la Ley Suprema.

El diputado Ángel II Alanís Pedraza (PRD) estimó que la reforma contiene elementos de la mayor trascendencia que dan un paso firme en la construcción de una democracia sindical que no ha existido hasta ahora. Consideró que se debe detonar un consenso que trascienda al desarrollo de reformas a leyes secundarias. “Si no sucede, se actuará con gran irresponsabilidad”.

Anunció que dará la lucha por la libertad y la democracia sindical, que los derechos se hagan una realidad cotidiana en el mundo laboral y que la clase trabajadora cuente con instrumentos justiciables que equilibren los factores de producción en un entorno de transparencia, equidad y justicia social.

En su oportunidad, el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez (PAN) consideró que el dictamen a discusión trata de generar y expresar las condiciones necesarias para que las leyes sirvan a su propósito y la justicia a la población donde quiera que ésta se encuentre.

Refirió que los beneficios de la reforma imponen a esta soberanía la responsabilidad de hacer leyes para fortalecer el Estado de derecho.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (PRI), presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, subrayó que esta reforma es “de igual o inclusive mayor trascendencia que la reforma laboral aprobada en 2012”; fortalece los derechos laborales, transforma y moderniza el sistema de justicia laboral. Aseguró que los derechos de los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje estarán plenamente tutelados.

Comentó que el reto es acelerar la transición para tener un sistema de justicia moderno, a la altura de las demandas de los mexicanos.

En la discusión en lo general, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues (Morena) señaló que la razón para impulsar estos cambios se encuentra en el Tratado de Asociación Transpacífico, con el fin de que no acusen a México de “dumping laboral” y no se utilicen normas del trabajo con fines proteccionistas para empresarios.

Para hablar a favor del dictamen, el diputado Erik Juárez Blanquet (PRD) puntualizó que la minuta abona a la nueva cultura laboral y se está en la posibilidad de acercarse a estándares internacionales en materia de justicia laboral. “Ojalá dé paso a una reforma de gran calado, que restituya los derechos laborales, que se han conculcado por el neoliberalismo”.

El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) habló a favor del dictamen, ya que se crea la garantía del voto libre y secreto, y se garantiza que los trabajadores puedan asociarse libremente ante quien mejor los represente. “Con eso se eliminan prácticas de sindicatos charros, que solo benefician económicamente a algunos mafiosos”, afirmó.

De la bancada de Morena, se manifestó a favor el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, pues aseguró que es fundamental modificar las normas legales manteniendo carácter protector del derecho del trabajo y contar con un sistema de justicia eficiente, apoyado en jueces imparciales que den confianza a la ciudadanía. Señaló que la propuesta recoge planteamientos de especialistas y de fuerzas progresistas que la comunidad internacional reclama, para transitar a un verdadero Estado de derecho.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (MC) habló en contra y se preguntó “por qué se debe ir a la carrera, en un fast track, en donde todos tengamos que corretear, ¿porque así nos lo exigen los tiempos internacionales y nacionales?”. Preguntó si llevar asuntos laborales al Poder Judicial, “donde tenemos un presidente de dudosa integridad moral, y se habla de serios problemas de corrupción”, cambiará las oportunidades de impartición de justicia.

La diputada Araceli Damián González (Morena), se manifestó en contra porque no es muestra de pluralidad y apertura del gobierno federal. “Es una reforma a la que se vio forzado el Ejecutivo al haber firmado en lo oscurito el Tratado Transpacífico, que si bien obliga a democratizar las negociaciones laborales, dará mayores beneficios a empresas transnacionales en ámbitos claves del desarrollo y permitirá una mayor apropiación de la riqueza nacional por los extranjeros”.

Posteriormente, se reservaron para su votación en lo particular los artículos 123, fracción XX; 123, fracción XXII Bis; el quinto transitorio; 123, fracción XXI; 123, fracción XXII Bis; 123, fracción XXXI; el cuarto transitorio; y el quinto transitorio, los cuales fueron aprobados en términos del dictamen con una mayoría calificada de 335 votos a favor y 45 en contra.

Las modificaciones a esos artículos fueron presentadas por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis (MC), Juan Romero Tenorio (Morena) y Blanca Margarita Cuata Domínguez (Morena).

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