Boletín N°. 2510 | Comité de Víctimas por la Verdad y la Justicia de Nochixtlán solicita castigo a los culpables |
08-11-2016 La Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, de 2016 se reunió con el Comité de Víctimas por la Verdad y la Justicia de esa región, quienes solicitaron castigo a los culpables y perdón público de parte de los diversos órdenes de gobierno a esta región por perpetrar estos sucesos, así como la reparación integral del daño a las víctimas.
Los representantes y víctimas pidieron también a los legisladores gestionar ante el gobierno federal atención médica psicológica a los afectados y a la población en general, ya que las autoridades no han cumplido este compromiso.
El presidente de este órgano legislativo, Omar Ortega Álvarez (PRD), señaló que la única dependencia responsable de representar a los ciudadanos y garantizar de manera clara su interés y la reparación del daño, así como perseguir los delitos, es la Procuraduría General de la República (PGR).
Aclaró a los miembros del comité de víctimas que esta comisión de diputados no es de investigación, sino de seguimiento a los hechos ocurridos, y se comprometió a buscar de manera clara y total el esclarecimiento.
Conminó a la PGR a que independientemente del cambio de titular de la institución no olvide que “se deben al pueblo mexicano”.
El diputado de Morena, Virgilio Caballero Pedraza, manifestó su más profundo sentimiento de solidaridad, pues reconoce en la gente un sufrimiento que ha llegado a herir a generaciones de la comunidad.
Destacó que lo que ocurrió en Nochixtlán fue una grave agresión contra el pueblo que se preparó varias horas antes, pues de acuerdo con datos de investigaciones, “la Policía Federal rondaba las cercanías y se disfrazaron de civiles”.
En representación de Movimiento Ciudadano, Rene Cervera García señaló que los legisladores aún no han encontrado respuesta de por qué la intervención policiaca y la falta de atención médica. “Tal vez será cuestión de encubrir una responsabilidad de alguien o es insensibilidad”, expresó.
Aseguró que hasta el momento la PGR no ha presentado un informe sobre el caso y subrayó que en el documento presentado en la Comisión Permanente siempre faltó una pieza de información: la de las víctimas.
La priista Mariana Benítez Tiburcio dijo que la Comisión Especial busca escuchar todas las voces y que dicho informe no contiene la posición de los legisladores y ninguna conclusión, ya que la única facultada para ello es la PGR en tanto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podrá determinar si hubo violación a las garantías individuales.
Reiteró que lo que sí será tarea de la comisión es dar continuidad a la atención médica y lograr que no queden fuera del fondo de víctimas, así como vigilar que no exista omisión por parte de las autoridades. “Seremos muy puntuales en pedir que este caso se cierre, pero cuando existan las conclusiones debidas y los responsables se encuentren en la cárcel”.
Santiago Ambrosio Hernández, integrante del Comité de Víctimas por la Verdad y la Justicia de Nochixtlán, expuso ante los legisladores que el informe presentado durante la Comisión Permanente es contradictorio respecto a la hora de las detonaciones, además de que se extralimitan en sus recomendaciones.
“Somos víctimas, vivimos el ataque criminal de los policías y probaremos la responsabilidad del Estado y la mentira del informe y cobardía histórica de este gobierno”, sostuvo.
Expuso que una semana antes del 19 junio se lanzó una ofensiva contra el Movimiento Popular de Oaxaca y que en los hechos ocurridos ese día, 856 elementos-entrenados y capacitados para matar se enfrentaron con los habitantes de Nochixtlán.
Apuntó que a casi cinco meses de los acontecimientos, donde hubo 8 ejecuciones, 150 heridos, 27 detenidos arbitrariamente, además de abuso de autoridad violaciones graves en derechos humanos, el gobierno federal ha querido hacerlos responsables.
“La justicia no es pronta ni expedita, ninguna autoridad se encuentra sujeta a proceso penal, a pesar del cúmulo de pruebas que lo señalan como posibles responsables de autores materiales e intelectuales”.
César Hernández Santiago, víctima de estos hechos, relató que durante el enfrentamiento las puertas del hospital tuvieron que ser cerradas con trapos húmedos para evitar que el gas lacrimógeno penetrara y afectara a los niños y mujeres embarazadas.
Denunció que ha recibido hostigamiento por parte de la policía. “Hago responsable al gobierno municipal, estatal y federal que si nos llega a pasar algo es sobre ellos y que la sangre de los caídos no se va a vender por nada”.
Por su parte, la también víctima, Teodoro Medina, aseguró que es mentira que los lesionados hayan tenido atención médica de primer nivel. “Nos traen a la ciudad de México a hospitales públicos, cuando el gobierno dijo que si eran graves nos trasladaría a Estado Unidos”, detalló.
Exigió a los integrantes de la Comisión Especial realizar una investigación apegada a la ley, “si es que en verdad quieren hacer un trabajo digno y con responsabilidad”.
Héctor López Rodríguez, integrante del Comité de Víctimas, subrayó que el informe presentado por los legisladores “da pena” porque se les privilegió la voz a los agresores; o sea, la Policía Federal.
Solicitó a los diputados no defraudar a su pueblo, “tóquense el corazón porque lo que fue hacer la policía “no tuvo nombre, no somos animales y es mentira que los manifestantes tuvieran armas de fuego”.
Roberto Ortíz Cruz relató que la Policía Federal, a pesar de que en 15 minutos tomó control de la vía de comunicación, sus efectivos persiguieron a los manifestantes hasta un kilómetro de distancia. “La fuerza federal entró a la colonia y empezaron a disparar, el sitio se llenó de humo de gas y por las armas de fuego”.
Finalmente, Maurilio Santiago Reyes, defensor de derechos humanos y asesor jurídico de las víctimas, manifestó que el Estado está obligado a respetar el derecho a la vida y la integridad personal; sin embargo, en México se violentan estos derechos.
Solicitó a los legisladores que se haga valer la Ley General de Víctimas, ya que los derechos humanos no se defienden de forma aislada.
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