15-11-2016 Las comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego y la de Reforma Agraria, en coordinación con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), inauguraron el XVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y III Internacional, con el propósito de analizar la problemática del campo y la normatividad jurídica en la materia.

Al instalar los trabajos del Congreso, en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, los ponentes de la primera sesión “Una Nueva Visión del Derecho Agrario en México” resaltaron que el campo requiere un ordenamiento jurídico que garantice la protección efectiva de los derechos sociales, fomente el mercado de tierras y facilite el acceso a créditos.

Rubén Gallardo Zuñiga, presidente del comité organizador del Congreso, explicó que las mesas de análisis fueron integradas en conjunto con el Senado de la República, las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Registro Agrario Nacional (RAN) y las universidades Autónoma Metropolitana (UAM Azcapotzalco) y Panamericana Campus Guadalajara.

Añadió que se busca vincular experiencia y conocimiento de servidores públicos, con la comunidad universitaria y los principales actores sociales del campo mexicano.

Al inaugurar el Congreso, José Alejandro Salcedo Aquino, director de la FES Acatlán, destacó que el campo mexicano requiere de instituciones eficientes y comprometidas con su desarrollo, por lo que trabajos como estos permitirán vincular a académicos y legisladores, a fin de diseñar un artículo que fomente el crecimiento de este sector en el país.

El Congreso estará conformado por cinco sesiones. Las dos primeras serán llevadas a cabo en las instalaciones de la FES Acatlán, y el resto tendrá como sede la Cámara de Diputados.

Las mesas de análisis tendrán como temáticas la procuración y administración de justicia agraria, impactos de la Reforma Energética en el sector, la Constitución de 1917 y su importancia en el surgimiento del derecho agrario.

En la quinta sesión, se realizará la ceremonia de entrega del reconocimiento del “Agrarismo Mexicano. Andrés Molina Enríquez”, que enaltece a quienes han dedicado gran parte de su vida en favor de la clase campesina.

Durante la primera sesión, Rafael Minor Molina, director general de Asuntos Jurídicos del RAN, mencionó que 51 por ciento del territorio mexicano está conformado por propiedad social, es decir, 32 mil 72 núcleos agrarios, que representan cerca de cien millones de hectáreas ejidales.

Refirió que la nueva visión del derecho agrario en México ya no sólo se debe encargar de los conflictos sobre la tenencia de la tierra, sino de un organismo que sea eficiente y ordenado en cuanto a la optimización de los recursos de cara a estos recortes presupuestales.

Añadió que el RAN logró diseñar una estrategia que permite la eficiencia institucional y califica de manera transparente los actos jurídicos que se someten a este registro; lo que busca es que los trámites no tarden más de 60 días, ya que anteriormente se aplazaban varios años, con costo para el Estado.

En 2015 se actualizó el marco normativo, a fin de atender 152 mil 390 asuntos concentrados en 16 servicios, lo cual no sólo ha permitido terminar con el gran rezago de atención, sino evitó dar lugar a la corrupción.

José Alfredo Gutiérrez Mata, director general adjunto de Administración del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), urgió al gobierno federal a implementar políticas públicas que eviten la desaparición de las tierras y garanticen la protección efectiva de los derechos sociales.

Destacó que las zonas rurales enfrentan un mercado incipiente de tierras debido a la falta de titulación de derecho de posesión, toda vez que la legislación vigente prevé limitaciones en la materia, originando estancamiento e índices a la baja en el crédito rural y, por ende, poco avance en el desarrollo del campo.

En el sector rural no existe un mecanismo que apoye a los campesinos, poniéndolos a merced de los créditos hipotecarios; es necesario una reforma a la Ley Agraria que fomente el mercado de tierras y el acceso a créditos.

Por su parte, Marcela Suárez Escobar, investigadora de la UAM-Azcapotzalco, dijo que la migración rural femenina ha ido en aumento y, con ello, se han presentado más casos de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existían 3 millones 292 mil 310 mexicanas en proceso de migración, siendo los principales estados expulsores Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Señaló que las mujeres indígenas migrantes son violentadas en sus derechos humanos elementales y de acuerdo con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe, México es un país de origen, destino y trata que ocupa el tercer lugar en este ámbito.

El investigador de la UAM-Azcapotzalco, Armando Sánchez Albarrán, reiteró que la migración afecta a todas las familias, los jóvenes no tienen oportunidades y esto los obliga a irse de su región. “La única forma de sobrevivir es emigrar”.

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