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| Boletín N°. 2543 | Cámara de Diputados aprueba dictamen para mejorar eficiencia en impartición de justicia |
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15-11-2016.- La Cámara de Diputados aprobó por 413 votos un dictamen que reforma la Constitución Política y faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil, con los que hace más accesible y eficiente la impartición de justicia en el país.
Al presentar sus posicionamientos, diputados de diversas fracciones parlamentarias coincidieron en que el dictamen, fundamentado en un conjunto de iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal, permitirá consolidar una justicia eficaz, accesible y de calidad para todas y todos los mexicanos.
El documento turnado al Senado de la República para su análisis, adiciona y reforma los artículos 25 y 73 de la Constitución en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y Registros Civiles.
En su argumentación, el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Braulio Guerra Urbiola (PRI), dijo que uno de los elementos de la reforma tiene que ver con la mejora regulatoria, a fin de homologar criterios que permitan unificar a estados y ayuntamientos en un solo lenguaje en la materia, y tener mayor transparencia en el proceso regulatorio de las entidades públicas.
Se faculta al Congreso a legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias para asimilar con mayor profundidad el Sistema Nacional de Justicia en México, ya que “a la fecha no existe unidad de criterios ni estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y requisitos de certificación entre mediadores y conciliadores”.
Comentó que actualmente 23 estados ya cuentan con leyes que regulan los mecanismos alternativos de solución de controversias; sin embargo, para que dichas leyes tengan un ejercicio eficaz se requieren criterios de homologación.
En materia de justicia cívica e itinerante, el dictamen dota de facultades al Congreso de la Unión para emitir una ley general que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia para poder acercar la justicia a la vida diaria de los ciudadanos.
Respecto al registro civil, la reforma permitirá homologar y equilibrar un lenguaje para todos en este tema. La legislación que se expida deberá prever la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción, estandarización de actas de nacimiento a nivel nacional, medidas de seguridad física y electrónica, posibilidad de realizar trámites con firmas digitales y realizar consultas y emisiones vía remota.
En conjunto, agregó, el dictamen permitirá mejorar la justicia en nuestro país, hacerla más eficiente, darle condiciones a las y los mexicanos para que se sientan más seguros y encuentren solución a sus conflictos en materia penal y civil, por medio de los tribunales y el Poder Judicial.
La diputada Cynthia García Soberanes (PES), señaló que el dictamen parte del estudio de múltiples fenómenos que aquejan “gravemente” a nuestro país, por lo que propone facultar al Congreso para expedir cuatro leyes generales, a efecto de establecer principios y bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia de penal, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.
Precisó que las medidas propuestas conllevan a que a través de dichas leyes generales, se establezcan plataformas homogéneas y armónicas para los tres niveles de gobierno; en tanto que, en el ámbito local, permitirá que los Congreso se nutran de la normatividad estatal, atendiendo circunstancias particulares de acuerdo a su entorno geográfico.
De Nueva Alianza, Mirna Saldívar Paz comentó que una de las mayores demandas de la población es la necesidad de una “verdadera y eficaz impartición de justicia, principalmente cuando nos referimos a temas no penales, razón por la que el Ejecutivo federal presentó diversas iniciativas en la materia”.
Ante estas inquietudes, era necesario fortalecer y fomentar la justicia alternativa en México, entendida ésta como el conjunto de principios, procesos, disposiciones y medidas que se encaminan a resolver conflictos entre intereses distintos, por medio del arreglo extrajudicial.
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Sánchez Orozco dijo que el acceso a la justicia para la mayoría de la población, es tardada y contiene un alto grado de corrupción. Por ello, la reforma busca ampliar los mecanismos alternativos de solución de controversias, ya que actualmente, estos son sólo regulados en el artículo 17 constitucional, en materia penal.
Mencionó la importancia de que los mecanismos alternativos se regulen a nivel federal, en una ley general, a fin de homologar procedimientos, capacitación en los tres órdenes de gobierno y certificar a mediadores, facilitadores o conciliadores para que los ciudadanos tengan la posibilidad y la facilidad de acudir a un nuevo tipo de justicia que pueda ser rápida y expedita.
Por Morena, Virgilio Caballero Pedraza enfatizó que se dará al Congreso la posibilidad de legislar para armonizar diversos ordenamientos, como es el caso de la legislación en materia de registro civil.
Las disposiciones transitorias nos obligarán a legislar, en un periodo máximo de 180 días para emitir las leyes que establezcan los mecanismos de solución de controversias en diversas materias para evitar llegar a los tribunales.
La diputada Lorena Corona Valdés (PVEM) detalló que, si bien se trata de iniciativas con objetivos diferentes, son una forma de entender al federalismo, ya que constituyen una excepción a la autonomía legislativa de los estados.
Su importancia, consideró, demanda cambios constitucionales, los cuales tienen la finalidad de fortalecer el Estado de derecho, homologar el sistema de justicia, agilizar los procesos judiciales y administrativos, así como ofrecer eficacia a los procesos que realice el ciudadano.
Por el PRD, Omar Ortega Álvarez coincidió en que el dictamen resolverá el “enorme rezago que padecen nuestras instituciones de justicia en lo general”. Pretende resolver de manera particular, lo que atañe a diversos aspectos de la justicia cotidiana y a los vicios e inercias negativas que se reproducen sistemáticamente en los primeros espacios de contacto entre la autoridad y los ciudadanos, principalmente a nivel local.
Estas instancias de gobierno, acotó, lejos de resolver con prontitud las demandas y solicitudes ciudadanas, practican una verdadera tortura burocrática que favorece la corrupción y la ineficacia administrativa y hacen equívocos los derechos ciudadanos, desalientan la inversión pública y privada e inhiben el desarrollo individual y colectivo.
El legislador del PAN, Luis Fernando Antero Valle, expresó que existe en los tres órdenes de gobierno dispersión normativa; es necesario hacer frente a esta problemática en favor del ciudadano. Con este dictamen, se establece por mandato constitucional exigir a todos los órdenes de gobierno implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de trámites, servicios y marco normativo.
Con esta atribución, el Congreso General podrá establecer la Ley General en materia de mejora regulatoria, a fin de robustecer las instituciones, el Estado de derecho y, sobre todo, promoverá seguridad jurídica al gobernado al generar leyes y trámites simples, claros y de fácil cumplimiento.
Edgar Castillo Martínez (PRI), detalló que el dictamen se apega a los argumentos presentados por el Ejecutivo federal en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual contempla una estrategia para hacer de México una sociedad de derechos, donde los ciudadanos tengan acceso efectivo a todas las prerrogativas que reconoce la Constitución, a través de instituciones sólidas e incluyentes que aseguren el respeto y garantía de los derechos humanos.
Comentó que para lograr el dictamen, se tomó en cuenta al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como la opinión vertida en la instrumentación de los denominados: Diálogos por la justicia cotidiana, con la participación de más de 140 juristas, académicos y representantes de la sociedad civil.
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