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| Boletín N°. 2544 | Desastres naturales cuestan al país 2 mil 942 millones de dólares anuales en promedio |
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15-11-2016 El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 404 votos, reformar la fracción II del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático, a fin de establecer centros de población o asentamientos humanos bajo criterios de resiliencia, lo que reducirá las pérdidas en futuros embates de la naturaleza.
El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca reducir la vulnerabilidad de las comunidades expuestas a los riesgos por fenómenos meteorológicos y adaptarse a las consecuencias del cambio climático.
La resiliencia alude a la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible. Este concepto no sólo contempla la reducción de riesgos y daños de catástrofes (como pérdidas humanas y bienes materiales), sino la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior.
El documento sostiene que México contribuye con 1.4 por ciento de las emisiones globales de CO2 y es el duodécimo país con mayores emisiones. Además, señala que la ocurrencia de desastres naturales le cuesta al país 2 mil 942 millones de dólares anuales en promedio, de acuerdo con el Informe Evaluación Global de Reducción de Riesgos por Desastres 2015 de la ONU.
Asimismo, detalla que los desastres naturales han causado en México la muerte de 4 mil 968 personas, la destrucción de 2.54 millones de viviendas y daños adicionales a 191 mil casas. Estas catástrofes han afectado a 87.62 millones de mexicanos. Las cifras seguirán en aumento, debido a la creciente urbanización, por lo cual, señala, es necesario transformar las comunidades y ciudades mexicanas a unas más resilientes y sostenibles.
Al fundamentar el dictamen, la diputada panista María de los Ángeles Rodríguez Aguirre refirió que al incorporar el criterio de resiliencia en este ordenamiento jurídico se logrará proteger de mejor manera a la población, sus vidas, sus bienes y la infraestructura de servicios y de atención. “Es una reforma pequeña, pero creemos que su repercusión no lo es, si no se convierte en letra muerta”.
Añadió que los cambios de los patrones climáticos pueden desencadenar catástrofes que afectarían a poblaciones humanas; por ello, los gobiernos de los tres órdenes deben tomar medidas necesarias de adaptación que coadyuven a reducir esta vulnerabilidad e incrementar la resistencia a esas catástrofes, así como mejorar la capacidad de recuperación del Estado, indicó.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (PES) se pronunció a favor de la reforma, toda vez que el cambio climático no es una moda, ni discurso, es un hecho, y si no hace algo pronto generará pérdidas de vidas humanas.
Hizo un llamado a trabajar sobre el ordenamiento territorial de del país, para que en verdad México pueda hacer frente a los embates de los fenómenos meteorológicos.
En representación de Nueva Alianza, el diputado Luis Manuel Hernández León manifestó su voto a favor, pues incorporar la obligación de que los centros de población y asentamientos humanos antepongan estos criterios, haría posible que frente a las crisis no solo se puedan reducir los riesgos y daños ocasionados, sino también tener la capacidad de recuperación de cualquier peligro.
Apuntó que entre más grandes son las ciudades, la demanda de superficie territorial para cubrir sus requerimientos tiende a ser mayor, lo que aumenta la degradación ecológica y el calentamiento global; es preocupante el surgimiento y el crecimiento desordenado sin una adecuada planificación de estos espacios, acotó.
Mirza Flores Gómez (Movimiento Ciudadano) se congratuló de que la Cámara de Diputados apruebe leyes que minimicen los riesgos de desastres ocasionados por el cambio climático y por la mano del hombre.
Agregó que el tema de resiliencia atiende a beneficios como la regulación de la temperatura y de la humedad a nivel regional y conservación de los suelos, a recargas de mantos acuíferos y a la implementación de mejores modelos de asentamientos humanos.
María Chávez García (Morena) consideró que incorporar los criterios de resiliencia a los centros de población contribuirá a aminorar los impactos que sufren las poblaciones más pobres y vulnerables por el calentamiento global, las cuales no ocurren por accidente, sino por la falla de políticas públicas para cerrar las brechas de desarrollo.
“Las mejores políticas de adaptación para aminorar estos riesgos son aquellas que fortalecen la capacidad de la gente para protegerse y adaptarse a los riesgos climáticos, ahora y en el mediano plazo”, subrayó.
Por el PVEM, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas indicó que su voto sería a favor del dictamen, ya que contribuye a combatir los efectos del cambio climático. De acuerdo con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 20 millones de mexicanos habitan en áreas que pueden sufrir fuertes impactos de huracanes y tormentas, mencionó.
“Es el momento de dar paso hacia la resiliencia y hacer nuestras ciudades más seguras, más habitables y, por supuesto, con mayor calidad de vida para sus habitantes”.
La perredista Cecilia Soto González dijo que esta reforma permitirá fomentar la resiliencia al cambio climático; sin embargo, sostuvo que es necesario atender los factores socioeconómicos y políticos que perpetúan la desigualdad.
Enfatizó que es urgente impulsar una agenda transformadora que fomente la adopción de un proyecto estratégico de desarrollo a largo plazo, abordar las relaciones en materia económica, social y ambiental, y formulación de políticas inclusivas.
Por su parte, el panista Sergio Emilio Gómez Olivier aseguró que la modificación de la ley es muestra de que se están tomando medidas preventivas respecto al cambio climático.
“Es urgente contribuir un poco a mitigar el calentamiento global, el cual nos va a seguir azotando en una forma impresionante, y afecta no sólo a una región, sino a la población entera”.
Finalmente, el priista Tomás Roberto Montoya Díaz recomendó considerar políticas públicas para evitar que los ecosistemas del país y la población, se encuentren vulnerables ante el impacto del cambio climático.
“Hoy el debate ambiental no se centra en si son reales o no sus afectaciones, sino en establecer las estrategias más eficaces para disminuir el aumento de nuestra temperatura global y con esto reducir los riesgos hacia los ecosistemas de nuestro planeta”, concluyó el legislador.
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