• Eliminan disposición que excluía a familiares cuando ayudan en la evasión de la justicia

17-11-2016.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que impone de seis meses a tres años de prisión al reo que se fugue; la pena se incrementará en un tercio cuando actúe de concierto con otro u otros individuos privados de su libertad y se escape alguno de ellos o ejercieren violencia en las personas.

El documento, que reforma los artículos 153 y 154 y deroga el 151 del Código Penal Federal, fue avalado por 392 votos, y establece que si un prófugo es recapturado y esa reaprehensión se logra por gestiones del responsable de la evasión, éste podrá cumplir una sanción con trabajo en favor de la comunidad.

Menciona que en caso de que el que propicie la evasión fuera servidor público, no se le aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, sino que se le incrementará la sanción en una tercera parte de las penas, será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a 12 años.

Además, elimina la disposición que señalaba que no se impondrán penas a ascendientes, descendientes, cónyuge o hermanos del prófugo, ni a sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, en el caso de que favorecieren la evasión de algún detenido.

En la fundamentación del documento, canalizado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), expresó que una justicia eficaz que sancione a quienes se conducen fuera del margen de la ley, es una de las demandas más sentidas de los mexicanos.

Indicó que es responsabilidad del Estado mexicano garantizar que los delitos se investiguen y se sancionen con apego al debido proceso. Además, es indispensable que el sistema penitenciario cuente con los instrumentos jurídicos necesarios para cumplir su principal objetivo: reinsertar socialmente a los sentenciados.

Con este dictamen, dijo, se sanciona el hecho de que una persona privada de su libertad, derivado de la imposición de una medida cautelar o por estar compurgando una sentencia, se fugue, agravándose cuando se realice esta acción en concierto con otros o cuando sea mediante el uso de violencia.

Ibarra Hinojosa señaló que se busca imponer de seis meses a tres años de prisión, adicionales a la pena que corresponda, al que evada de la prisión en la que se encuentra. La misma se incrementará un tercio cuando la persona obre con otra u otras personas privadas legalmente de su libertad y se fugue alguna de ellas o ejerciera violencia en las personas.

“Tenemos hoy la oportunidad de ser la Legislatura que haga de la justicia cotidiana una cercana. Votemos a favor de una justicia más eficaz, con la convicción de que lo que hagamos hoy abonará a seguir construyendo el México que todos queremos”, añadió.

En los posicionamientos, la diputada Melissa Torres Sandoval (Encuentro Social) resaltó que el dictamen aumenta las sanciones aplicables al delito de evasión de presos. Es “una oportuna reacción a la reciente preocupación social derivada principalmente de las fugas de un célebre delincuente de prisiones de alta seguridad, las que ocasionaron una crisis institucional en materia de seguridad, producto de la corrupción y la complicidad”.

Mencionó que, de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2015 entre los 34 países que integran la OCDE, México ocupa el último lugar. Se busca inhibir la comisión del delito de evasión de presos, práctica que afrenta y lastima a la sociedad, y que consiste en auxiliar a quien esté privado legalmente de su libertad para que se fugue.

De Nueva Alianza, la diputada Karina Sánchez Ruiz señaló que la fuga de un reo en julio de 2015 evidenció la complicidad de servidores públicos y de diversas instituciones de seguridad y de procuración de justicia, lo que constituyó uno de los más graves asuntos de corrupción dentro del sistema penitenciario del país y dejó profundas deficiencias estructurales y de justicia mexicana.

Indicó que si bien el Código Penal Federal tipifica la evasión de presos como uno de los delitos contra la seguridad pública e impone castigo para quien ayude y favorezca la evasión, excluye de estas sanciones a los familiares que se hayan involucrado en los hechos. Esto aunado a que no contempla ninguna penalización adicional a la persona que se evade de la prisión en caso de que ésta vuelva a ser reaprehendida.

Víctor Manuel Sánchez Orozco, legislador de Movimiento Ciudadano, argumentó que la seguridad de los penales en México ha quedado en evidencia tras la evasión de reos y capos, pues “en los últimos años esas fugas han sido simultáneas y han crecido. La más escandalosa es la de Joaquín El Chapo Guzmán, que ha dejado en evidencia, una vez más, los múltiples agujeros que tiene el sistema penitenciario y que se ha coronado como una de las fugas más escandalosas”.

Subrayó que esta reforma al Código Penal obedece a que el sistema penitenciario tiene que avanzar. “Es evidente que si no se reforma el Código, habrá más evasiones. Lo que tutela este tipo penal es evitar que haya evasiones; definitivamente, el sistema tiene que evolucionar y cambiar”.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (Morena) expresó que en la actual administración federal, los intentos de fugas exitosas o malogradas se han propagado a por lo menos cinco de los reclusorios considerados como de máxima seguridad. Datos oficiales revelan que entre 2013 y 2015 van cinco intentos de fuga en cinco penales distintos; 12 intentos a darse a la fuga fueron por igual número de internos, de los cuales tres lo lograron.

Argumentó que la legislación actual no sanciona a un reo si intenta fugarse, siempre que esto ocurra sin utilizar la violencia; no castiga a los familiares de los presos que sí participaban o eran cómplices en la ejecución de la misma. “Esto resulta una franca invitación a fugarse, ya fuera del penal o durante los traslados a las audiencias de desahogo de pruebas. Este dictamen viene a llenar un vacío que hasta hoy era inexplicable”.

Sofía González Torres, legisladora del PVEM, puntualizó que este dictamen contiene una serie de propuestas para combatir la evasión de presos, uno de los delitos más lastimosos que pone en riesgo la paz y la tranquilidad de la ciudadanía. “Este hecho representa el resultado de la corrupción y de la complicidad que existe en el interior de los centros de prevención y readaptación social”.

Hoy, dijo, se otorgan las herramientas necesarias para castigar y prevenir este tipo de acciones. Es necesario establecer una sanción para toda persona que ayude al reo a fugarse sin importar si hay o no un lazo consanguíneo con quien se encuentre bajo proceso. “La parte medular radica en el perfeccionamiento del tipo penal de este delito. Cuestión que no castigaba al delincuente que se fugaba si lo realizaba por sí mismo”.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) indicó que los recientes hechos registrados en los penales del país, donde se han fugado peligrosos delincuentes, dejan al descubierto la enorme corrupción y complicidad existente en el sistema penitenciario, así como lo inadecuado del tipo penal de evasión de presos.

A partir de esta reforma, habrá sanción contra los parientes que auxilien al reo en su escape. “Puede justificarse la exclusión de la responsabilidad de un familiar para evitar la presentación, aprehensión o reaprehensión del procesado; pero de ninguna manera puede justificarse la acción orquestada del mismo familiar para que el recluso se fugue”, abundó.

Por Acción Nacional, el diputado José Hernán Cortés Berumen precisó que la reforma es necesaria, ya que manda el mensaje de cero tolerancia a la corrupción “en uno de los tramos más delicados del sistema de justicia penal del país”, pues como está la ley se deja sin sanción precisa la elusión de las personas privadas de la libertad y el auxilio brindado por los familiares más cercanos.

Relató que en meses pasados se han observado actos de enorme gravedad, relativo a las personas privadas de la libertad que se han dado a la fuga, incluso de centros de alta seguridad. “El más relevante es el del Altiplano. En ese episodio hubo sin duda dolo, premeditación, aprovechamiento de la corrupción de esferas altas, y cómplices”.

El diputado Ramón Bañales Arambula (PRI) argumentó que la sociedad exige un sistema penitenciario que contribuya a la readaptación social del infractor y logre la reinserción a la vida productiva nacional. “Por eso legislamos para construir un sistema moderno y eficaz que elimine las formas de autogobierno y reduzca la posibilidad de actos delictivos”.

Destacó la importancia de incrementar el castigo a los servidores públicos que hubieren participado en el delito de evasión de presos, aun cuando los mismos colaboren en la reaprehensión del evadido. “Nos corresponde a nosotros legislar en beneficio de la seguridad y justicia para la paz, porque sólo con justicia plena la democracia en el país también será plena”.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (Morena) señaló que de poco sirven las leyes si se fomenta la corrupción desde los altos funcionarios gubernamentales. “Así están las leyes y así se procede contra los delincuentes de cuello blanco y cómplices de las fugas de los penales de alta seguridad”.

Waldo Fernández González, legislador del PRD, expresó que el sistema penitenciario exige que se observe con mayor responsabilidad la actuación de las autoridades, pero también pide se revise la legislación penal que violenta el Estado de derecho y provoca la irritación social por la facilidad con que los delincuentes se evaden de la acción de la justicia.

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