• El propósito es velar por la protección de los derechos humanos de las personas: diputada Karina Padilla

• La calificación nacional en Ceresos en 2015 apenas alcanzó 6.21

22-11-2016.- El Pleno cameral aprobó con la mayoría calificada de 422 votos, el dictamen que faculta al Congreso de la Unión a expedir la ley general que establezca las bases y principios generales en materia de administración de centros penitenciarios, así como la distribución de competencias entre Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la materia.

El dictamen que adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, reconoce la importancia de dotar de equilibrio a la seguridad y la protección de los derechos humanos de las personas en reclusión, dentro del sistema penitenciario, garantizando su integridad física y mental.

México, expone, ha suscrito diversos ordenamientos internacionales, los cuales están obligados a observarse en materia de reinserción social como fin del sistema penitenciario, garantizando los derechos humanos y libertades fundamentales de los internos.

Se trata de un tema de relevancia para el Estado Mexicano, que debe contar con una legislación que permita eliminar asimetrías que existentes en las entidades federativas dentro de su regulación legal, estableciendo principios y facultades para cada orden de gobierno, que garantice a todas y cada una de las personas privadas de su libertad, el pleno respeto a sus derechos humanos.

Al fundamentar el dictamen, la proponente de la reforma, diputada Karina Padilla Ávila (PAN), expresó que el sistema penitenciario mexicano por mucho tiempo ha sido criticado e incluso señalado por sus graves deficiencias y, lo que menos cumple, es una real reinserción social.

El sistema por sí mismo deja muchos aspectos discrecionales o a libre interpretación al aplicar las normas internas, lo cual genera desconfianza en la población interna, riesgo de vulnerabilidad en el respeto a los derechos humanos, e inconformidades que derivan en recurrente violencia interna.

De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la calificación nacional de los Ceresos en 2015 apenas alcanzó 6.21.

Si bien existe normatividad estatal en los centros de reclusión, en la mayoría de ellas se omiten parámetros que garanticen la dignidad de la persona como sujeto de garantías, violentando con ello normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. “No existe regulación estandarizada en materia de administración penitenciaria, lo cual dificulta el bienestar integral de las personas en reclusión”.

Padilla Ávila indicó que para lograr resultados tangibles y exitosos en este ámbito, es imprescindible la coordinación de trabajos entre la Federación, estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias articulen bajo un instrumento legal, la homologación de criterios en acciones que permitan enfrentar y resolver esta crisis penitenciaria.

Se busca legislar en materia penitenciaria, es decir, tener un modelo distinto al de ejecución de penas, pues se dirigirá a la figura de administración y gobierno interno de los centros de reclusión mediante la concurrencia de competencia a través de una ley general.

El propósito, añadió, es velar por la protección de los derechos humanos de las personas. “No debemos minimizar los beneficios que esta reforma traerá al país, pues abonará en el acceso a la justicia, al respeto a los derechos humanos, a la seguridad interna y a garantizar una real y efectiva reinserción social”.

En los posicionamientos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Encuentro Social) mencionó que la falta de una política integral a nivel nacional en materia penitenciaria favoreció durante décadas la corrupción de las autoridades carcelarias; el autogobierno en las prisiones, y la gran cantidad de los actos delictivos al interior de éstas.

Con esta reforma, se busca la efectiva readaptación social de la población carcelaria del país, así como el respeto irrestricto de sus derechos humanos. “Tan noble reglamentación deberá sentar las bases, para regular la administración y gobierno interno, de todas las cárceles mexicanas con la finalidad de eliminar las asimetrías entre las diferentes legislaciones estatales en esta materia”.

De Nueva Alianza, el diputado Francisco Javier Pinto Torres precisó que es fundamental establecer la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno que permita coordinar, bajo un mismo parámetro, las responsabilidades que cada orden debe asumir pues “desafortunadamente nuestro sistema penitenciario se maneja de una manera muy desarticulada”.

Relató que se presentan condiciones críticas de sobrepoblación, hacinamiento, sin espacios para educación, deporte, insuficiencias de alimentación, maltratos, agresiones y condiciones que conllevan a que un gran número de violaciones sean constantes en los derechos humanos de los internos.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (Movimiento Ciudadano) argumentó que la reforma tiene como finalidad homologar criterios en la búsqueda de soluciones al grave problema de la crisis penitenciaria que vive el Estado mexicano, sólo en lo que se refiere a su administración, no así a la ejecución de penas.

México tiene 418 centros penitenciarios, 11 son del gobierno federal, 306 estatales, 10 de la Ciudad de México y 91 municipales. Se trata de que el país pueda velar por la protección de los derechos humanos de las personas que derivado de la comisión de un delito, se encuentran legalmente privadas de su libertad y que cumplan con los principios tendentes a lograr el fin de la pena: la reinserción social.

Rodrigo Abdala Dartigues, diputado de Morena, puntualizó que este dictamen faculta al Congreso para legislar en materia de centros penitenciarios deberá permitir y fomentar al interior de los mismos el respeto a los derechos humanos, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte para alcanzar una verdadera reinserción social.

“Debemos estar muy pendientes de que esta ley no sea un pretexto para privatizar las cárceles y que el dinero público destinado a estos centros de reinserción se enfoque plenamente a ese propósito. Hay que entender que quienes están interesados en privatizar el modelo de reclusión han forjado grandes fortunas al amparo de la corrupción y de la violación sistemática a la ley”, abundó.

El diputado Cándido Ochoa Rojas (PVEM) ratificó su compromiso para impulsar leyes y políticas en materia de ejecución penal que permitan recuperar la tranquilidad social, pero fundamentalmente “respeten la dignidad y garanticen la reinserción social de quienes se encuentran privados de su libertad”.

Los problemas más recurrentes en las cárceles son: autogobierno o cogobierno con los grupos delincuenciales; hacinamiento y sobrepoblación; inadecuada separación de reos; falta de infraestructura para el acceso a servicios como salud, alimentación y educación, lo que representa un serio obstáculo no solo para la reinserción social, sino para el respeto y la protección de los derechos humanos de los internos.

Por el PRD, la diputada María Cristina Teresa García Bravo expuso que el número de internos en México ha tenido un crecimiento importante en los últimos 10 años y prácticamente ha rebasado cualquier medida de ampliación y/o modificación carcelaria.

“Crecimiento que se debe a la violencia, inseguridad, delincuencia organizada, falta de empleo y oportunidades, así como a la existencia de un sistema ineficiente de prevención del delito y procuración de justicia”. Se trata de tener un modelo legislativo nacional para la ejecución de penas y la distribución de competencias, aclaró.

El diputado priista, Benjamín Medrano Quezada, destacó que se requiere de un sistema penitenciario que contribuya a la readaptación social del infractor a la par de lograr su reinserción social a la vida productiva; por eso “debemos legislar para que el sistema de readaptación social se base en valores y en hábitos positivos”.

Mencionó que la Asociación Americana de Correccionales acreditó en México 12 centros penitenciarios y reacreditó a otros 5 que han demostrado fielmente el cumplimiento continuo de las normas internacionalmente aceptadas en la gestión carcelaria. “Hoy se dota al sistema penitenciario de mejores condiciones para el procesado o sentenciado, garantizando la protección de sus derechos humanos, generándoles mayor dignidad”.

Al hablar a favor, la diputada Evelyn Parra Álvarez (PRD) resaltó que el sistema penitenciario tiene una serie de anomalías y carencias que no permiten a los internos contar con un proceso de rehabilitación adecuado y les permita incorporarse nuevamente a la sociedad.

“Los centros penitenciarios son escuelas de alto rendimiento del crimen organizado, ya que a través de diversos actos de corrupción, violación a los derechos humanos de los reos y de sus familiares, propician situaciones contrarias a derecho, como autogobiernos. Es indispensable que exista una normatividad general, que delimite y distribuya competencias, acciones o programas tendentes a combatir, de manera solidaria y equitativa, la grave situación a la cual se enfrentan los reos”, agregó.

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