23-11-2016.- Ante diputados de las comisiones de Desarrollo Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, señaló que uno de los retos más importantes de la dependencia es la pobreza alimentaria, en la cual se encuentran siete millones de personas, ya que es “la que más duele, la que más lastima, la que más genera una problemática social y una falta de cohesión en el país”.

Sin embargo, agregó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) “no nos dice exactamente dónde están”, pero “hemos identificado a casi cinco millones de personas”. Informó que en los 150 municipios más pobres del país, la leche de Liconsa se vende a 1.50 pesos el litro.

Al iniciar su comparecencia como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, y luego de rendir protesta, el funcionario señaló que de acuerdo con el Coneval existen 55.3 millones pobres y 11.4 millones son pobres extremos, quienes no llegan a la línea de bienestar urbana que es 2 mil 718 pesos al mes y rural mil 758 pesos.

Subrayó que los estados que tienen mayor pobreza son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y no muy lejos están Michoacán, Veracruz, Tabasco y parte Tlaxcala.

Sostuvo que la canasta alimentaria disminuyó en relación con el ingreso nacional per cápita en este cuarto semestre y el porcentaje de personas que no pueden adquirirla con el ingreso de su trabajo, disminuyó 6.8 por ciento, es decir, 2 millones 400 mil personas desde 2014.

Existen, dijo, cinco mil 162 comedores comunitarios que sirven un millón de raciones al día y 27 mil tiendas Liconsa, con un ahorro aproximadamente del 22 por ciento entre los productos que se venden en la canasta básica. Consideró fundamental que la leche se distribuya en más lugares y a menor precio.

Resaltó que Oaxaca no tiene comedores comunitarios en pleno, ya que las circunstancias sociales no permitieron instalarlos; sin embargo, en las próximas dos semanas ya habrá y “tenemos que generar una estrategia muy agresiva para el estado”.

Respecto a la cobertura de personas que tienen derecho a la salud, indicó que en este año hay 10.3 millones de personas con afiliaciones y reafiliaciones al Seguro Popular; y en el Seguro Social, existen 6 millones 600 mil personas, dijo.

La seguridad social se ha acrecentado, en el 2016, a dos millones 500 mil empleos en cuatro años, “que no se habían tenido en todo el siglo XX ni en del 2002 al 2004 donde crecimos 40 mil empleos”. La ampliación de adultos mayores también creció de 3 millones a 5.5 millones, indicó.

Puntualizó que se han repartido nueve millones de cartillas a las personas que reciben apoyo de los diversos programas sociales del gobierno federal, local y municipal.

Durante la primera de tres rondas de preguntas, la diputada María Bárbara Botello Santibáñez (PRI) comentó que casi 49 millones de mexicanos viven con ingresos menores a los de la Línea de Bienestar y muchos están desempleados, por lo que consideró que el ingreso debe ser el primer asunto a atender y al que es importante se enfoque la Secretaría, porque con ello se puede abandonar el asistencialismo y fomentar la autosuficiencia. Pidió informar qué se hace para fomentar la inclusión laboral y productiva.

La diputada panista Gabriela Ramírez Ramos apuntó que la actual política social es “una serie de cambios cosméticos y políticos”, y sostuvo que la Cruzada Nacional contra el Hambre es un fracaso, pese a la gran cantidad de recursos públicos aplicados, no se aprecian resultados concretos. “¿Qué nuevos elementos contiene la Estrategia Nacional de Inclusión Social para que no sea una estrategia fallida más para atender a los más pobres del país? ¿Cómo van a cumplir con las metas de afiliación con este recorte presupuestal?”, planteó.

A nombre del PRD, la legisladora Karina Barón Ortiz afirmó que se requiere un viraje en la política de la Sedesol para lograr eficacia en el combate a la pobreza y se derrote la burocracia en la estrategia social, que privilegie a la gente y no a los intereses de partido o de gobernadores en los estados. ¿Cuáles fueron los programas de desarrollo social beneficiados con las ampliaciones de recursos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2015? ¿Qué áreas de la economía social lograron reactivar la economía en los estados más pobres del país?, cuestionó.

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (PVEM) preguntó sobre la factibilidad de que, en 2017, Liconsa compre la producción lechera a pequeños y medianos ganaderos nacionales, a fin de darles certeza. Pidió sensibilidad para apoyarlos ante los retos que impone la volatilidad de los precios en el mercado internacional. Reconoció el acuerdo para la compra adicional de 150 millones de litros del lácteo más al cierre de 2016, garantizando su permanencia en la cadena productiva y la comercialización del básico.

Por Morena, la diputada Araceli Damián González inquirió sobre las modificaciones que deben hacerse al Prospera, porque programas focalizados de transferencias condicionadas no sirven para reducir la pobreza. Le solicitó no hacer propaganda partidista con los recursos públicos del Prospera con la entrega de tarjetas y despensas en estados que tendrán elecciones en 2017 como los de México, Coahuila y Nayarit; ni tampoco realizar giras proselitistas, tal vez pensando que puede ser candidato presidencial en 2018. “Si quiere estar en precampaña, mejor renuncie”, le dijo.

El diputado Carlos Lomelí Bolaños (MC) dijo que uno de los principales desafíos de México es la descomposición del tejido social, que se nota en la violencia en las calles, en la falta de confianza en las instituciones, en la reducida participación e interés en proyectos comunitarios y el bajo porcentaje de la población dedicada a las labores de voluntariado y en las acciones cívicas. Preguntó qué hace la Sedesol para enfrentar ese desafío y fomentar la cohesión social

En tanto, el diputado Ángel García Yáñez (Nueva Alianza) preguntó si aún existe la Cruzada Nacional Contra el Hambre, si la Estrategia Nacional de Inclusión es “una evolución de aquella”, o si existe duplicidad de acción entre ambas. Dijo que hasta 2015 toda la política social parecía ser la Cruzada, y el Cuarto Informe de Gobierno refiere la creación de la estrategia nacional 2016, que refuerza las acciones de la política social y más adelante se habla de una nueva etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) afirmó que México está cansado de que programas sociales sean vistos y ejercidos, no para dar a conocer los derechos de las personas ni los programas sociales del gobierno federal, sino para elevar los votos a un partido político. Preguntó qué medidas ha tomado la dependencia para evitar que los servicios y programas funcionen con tintes electorales.

Al dar respuesta, el funcionario informó que entre enero de 2013 y 2016 el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), apoyó a casi 19 mil proyectos productivos con los cuales benefició organismos de sectores sociales de la economía donde participan más de 108 mil personas, 55 por ciento mujeres. Expresó su deseo por aumentar esta cifra, pero con el “presupuesto para el próximo año va a ser complicado, sin embargo, estamos generando economías fundamentales para que este programa no se reduzca”.

Aseguró que en 2017, Oaxaca será una prioridad de la Sedesol, para resarcir la pobreza, el hambre y marginación, por encima de cualquier estado que esté en elecciones. Anunció que en diciembre se abrirán cinco comedores comunitarios, también en enero y febrero, para reducir el déficit de casi 500 comedores. Además, atender a más de 100 mil personas que requieren tener sus certificados de primaria y secundaria e ingresar a más personas al Seguro Popular, a fin de que reciban atención médica y evitar que mueran en condiciones de verdadera inanición y pobreza.

Destacó que hay gastos irreductibles para Prospera, adultos mayores y estancias infantiles que garantizan el cobro del apoyo. El Programa de Inclusión Social tiene en este año, 1.7 millones de personas más que antes y hay 10.3 millones de afiliados al Seguro Popular. Se comprometió a agilizar los trámites y las reglas de operación de los diversos programas sociales para 2017.

Aseguró que se tiene un acuerdo claro con la Sagarpa para seguir apoyando a esos productores, mediante Liconsa que “permitirá no vender el alimento a un precio mayor y ayudar a las familias con mayor pobreza”. Además, evitará la importación del alimento.

El secretario Miranda Nava sostuvo que la pobreza no se puede observar desde la distancia de la oficina, la curul o la crítica sin conocer lo que padece la gente en las diferentes regiones. Explicó que el Prospera no son transferencias condicionadas y se ha transformado para atender a jefas de familia y sus hijos a través del Seguro Popular y becas en caso de su fallecimiento, además alentar la inclusión económica y social. Aclaró que no tiene intención de ser candidato a la presidencia, y ser operador político no es malo, ya que también los legisladores lo son.

Afirmó que la política social debe dejar el asistencialismo y ser proactiva para producir más, apoyar proyectos productivos. Para ello se cuenta con el Indesol y el Inaes. Uno, constituido por personas que ayudan a su comunidad a través de fundaciones y a quienes es necesario ayudar a crecer. El segundo, significa proyectos productivos y advirtió que este año serán muy selectivos, porque “tenemos pocos recursos y los vamos a utilizar de manera muy eficiente y clara y transparente”.

La Estrategia Nacional de Inclusión, destacó, contempla otros rubros además de ingreso y la Cruzada Nacional contra el Hambre, con sus propios lineamientos es parte de esa estrategia, al igual que lo referente a la salud, con la filiación al Seguro Popular y en materia educativa, con los diferentes programas que tiene la SEP en la materia. “No significa que compitan, porque no hay diferencias entre unos y otros, pero ninguno puede actuar sin los demás”.

El funcionario dijo que la madurez democrática de México impide que los programas sociales se utilicen facciosamente. Destacó la importancia de recorrer los municipios y estados antes de las contiendas electorales para conocer a los beneficiarios, a los trabajadores y voluntarios, y difundir personalmente los programas sociales. Además, refirió que los padrones están a la vista de todos, son públicos, “y no se manejan al arbitrio de una entidad o un estado”.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado Javier Guerrero García (PRI), aseguró que estas comparecencias fortalecen la vida democrática en nuestro país, ya que con este ejercicio la representación social puede enriquecer su información sobre aspectos de la política pública que atañen a los ciudadanos y así cumplir sus funciones constitucionales de conocer y evaluar lo conducente a las diversas políticas públicas que desempeña el Ejecutivo.

Agregó que el intercambio de opiniones y la expresión de posiciones en torno a la política social, sus retos y preocupaciones, se da en el marco de un ejercicio crítico y autocrítico, pero esencialmente propositivo.

Se pronunció porque el resultado de esta comparecencia se distinga en un tono propositivo y la construcción de la unidad en la pluralidad que es “lo que el país y la sociedad mexicana demanda”.

-- ooOoo --