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| Boletín N°. 2683 | México, quinto lugar mundial donde más peligro hay para ejercer el periodismo |
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30-11-2016.- México, quinto país en el mundo donde resulta más peligroso ejercer el periodismo y el más riesgoso en América Latina, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), indicó la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN).
Durante la instalación de esta instancia legislativa, diputados, funcionarios, representantes de organizaciones civiles y de medios de información, guardaron un minuto de silencio por periodistas asesinados en México, a solicitud del diputado Alberto Martínez Urincho, del PRD.
Velázquez Valdez destacó que en México muere un periodista cada 26 días, según la Organización Civil “Artículo 19”, en tanto, que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR), señala que en los últimos 6 años se han abierto más de 800 averiguaciones por este tipo de daños contra periodistas, donde 99.7 por ciento de estas averiguaciones quedan sin castigo.
Es necesario trabajar en la creación de una plataforma estadística común, debido a la gravedad del tema, a fin de conocer con precisión caso por caso, así como avanzar en un monitoreo certero que permita dar seguimiento a los resultados de mecanismos institucionales. Para esta tarea, comentó que buscarán el aporte de universidades y organizaciones civiles.
“Es mucha la experiencia acumulada en años de trabajo y esfuerzo de parte de organizaciones, avances en mecanismos y legislaciones federales y locales, por lo que la comisión realizará un trabajo de análisis y de síntesis, a fin de cuidar los avances en la materia, retomar aciertos y desechar errores pero, sobre todo, acabar con la simulación, la complicidad o la negligencia”, acotó.
Asumimos este reto, “esta comisión hará cuanto esté a su alcance para construir e impulsar un marco federal que permita, con uniformidad de criterios, enfrentar y proteger el quehacer periodístico en nuestro país”.
“Nos comprometemos a entregar resultados que se traduzcan en acciones concretas para la protección de los agraviados, el señalamiento y castigo de los agresores porque en ningún estado del país un periodista debería, por razones de amenazas y agresiones, tener que optar entre callar que publicar, entre esconderse o huir”, agregó.
Alán García Campos, Oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que México es un país de riesgo para la actividad periodística. Desempeñar esta función, aquí, implica riesgos inadmisibles que deben eliminarse. “Hablamos de un entorno caracterizado por agresiones de todo tipo, amenazas, asesinatos y desapariciones, que son auspiciadas por un clima de impunidad.
“La violencia que afecta al periodismo en México, agregó, afecta a las víctimas, pero también repercute en el gremio, por el efecto paralizante e inhibitorio”. Asimismo, “genera un efecto privativo hacia la sociedad, que se ve lesionada en su derecho a recibir información de interés público”.
García Campos invitó a la Comisión a trabajar con una vocación transformadora a partir de un diagnóstico preciso del problema; a la adopción del concepto: agresión a periodistas, en un sentido amplio; trabajar de manera abierta con los titulares de derechos (periodistas, ONG y organismos internacionales); adoptar los estándares internacionales de derechos humanos y ejercer a plenitud sus facultades como órgano parlamentario para investigar, reformar leyes y defender el presupuesto.
El diputado por Morena, Virgilio Caballero Pedraza, resaltó que de acuerdo a un Informe de la Asociación Civil, “Artículo 19”, el 2015 fue el año más violento al documentar una agresión a periodistas cada 22 horas.
Entre 2009 y 2015, apuntó, se registraron mil 832 agresiones, de las cuales mil 73 fueron durante la actual administración, esto significa que “casi 60 por ciento de los ataques a reporteros se realizaron durante el gobierno actual”.
Por su parte, la legisladora Lia Limón García (PVEM) dijo que hay avances importantes en la atención de agresiones a periodistas, particularmente con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que a partir de esta se creó un mecanismo de resguardo, con un presupuesto anual de poco más de 100 millones de pesos, por lo menos en años pasados.
Sin embargo, afirmó, aún hay retos por cumplir, entre ellos que las entidades federativas generen sus propios mecanismos y esquemas de funcionamiento en la materia, con presupuesto propio que les permita atender las agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos; avanzar en investigaciones y mejorar medidas por parte de los tres órganos de gobierno, además de crear fiscalías de investigación en los estados.
El diputado Alberto Martínez Urincho (PRD) sostuvo que el crimen organizado es “una lacra que lastima a la sociedad, en especial a los periodistas porque los silencian”. Ante ello, sugirió obligar a instituciones del Estado a establecer mecanismos a favor de los periodistas y generar una sinergia con las autoridades, a fin de garantizar su seguridad.
Asimismo, realizar investigaciones imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra reporteros y trabajadores de los medios de comunicación, además de juzgar, por parte de tribunales imparciales e independientes, a los responsables de agresiones.
El priísta Cesar Domínguez Domínguez comentó que su bancada está en la mejor disposición para crear una agenda de trabajo “oportuna y coordinada entre los grupos parlamentarios y organizaciones de periodistas, a fin de generar un trabajo ordenado con resultados que permitan propiciar que las investigaciones sean eficaces y sancionar a responsables.
Señaló que no todas las agresiones a periodistas son por parte de algún orden de gobierno, “hay agresiones que provienen de organizaciones delincuenciales, quienes pretenden cooptar a los medios de comunicación para que se conviertan en sus voceros; los amenazan y amedrentan”.
La diputada del PAN, Eloísa Talavera Hernández, coincidió en que hay tareas pendientes para complementar el marco jurídico en la materia, a fin de que sea una profesión que se desarrolle con toda libertad y seguridad, entre ellas, “exhortar a 21 entidades federativas a que deroguen el delito de halconeo, que es cuando criminalizan la búsqueda de información por parte de un periodista”.
También, regular la publicidad gubernamental por parte del Ejecutivo y de los titulares de los gobiernos locales para que se realice con transparencia y sin arbitrariedad.
Joaquín Díaz Mena (PAN) destacó que la comisión debe estar consciente de que el periodismo es una profesión para valientes y quien persiste en ésta es por vocación. Llamó a los diputados sean valientes y levanten la voz para señalar a aquellos gobernantes que ofrecen a los periodistas “plata o plomo”.
De la misma bancada, Ricardo del Rivero Martínez, expresó que “casi el 100 por ciento de los delitos contra periodistas no se ha resuelto. La impunidad, incluso no sólo para este delito, es lo que abunda y es lo que permite que un delito se siga cometiendo”.
El titular de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, indicó que en este año se presentaron 12 homicidios y 88 agresiones a periodistas que van desde físicas, verbales, amenazas para impedir su labor e intimidación.
“Una serie de actos que hacen que la labor del periodista y de los medios de comunicación no sea una tarea fácil, es un ambiente de alto riesgo, por lo que debemos estar a la altura de lo que se requiere para protegerlos”, apuntó.
La Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Balbina Flores Martínez, comentó que la desaparición y desplazamiento de periodistas es una situación que preocupa, ya que en México se reportan 20 periodistas desaparecidos. Aunado a ello, enfatizó, de acuerdo con investigaciones en los periodos preelectorales y electorales, las agresiones a periodistas aumentan, por lo que “la comisión tendrá que estar alerta a esta situación.
En su intervención, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera Herrera, expresó que “no hay fiscalías en los estados que atiendan esta problemática, cuando normalmente es en las entidades donde comienzan las agresiones; sin embargo, se ha logrado sujetar a procesos a diversas personas, donde ya se condenó por abuso de autoridad a un ex presidente municipal de Veracruz y otro de Yucatán.
La secretaria general del Club de Periodistas de México, Celeste Sáenz de Miera, solicitó reformar el artículo 73 de la Constitución para que la facultad de atracción sea obligatoria para la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Dicha reforma impedirá que esta autoridad ejerza de manera caprichosa y arbitraria dicha facultad de atracción, como fue en el caso del periodista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo.
La cofundadora de la Academia de Periodistas de Radio y Televisión, Judith Sánchez Reyes, resaltó que es lamentable que cada 26 horas sea agredido un periodista en México, ya sea por tocar intereses económicos, políticos o de alguna otra índole. Por ello, se congratuló por la instalación de la Comisión Especial.
De la Asociación Civil, “Periodismo Nación MX”, Luis Velázquez, mencionó que el marco legal actual es “difuso y ambiguo”. Tiene varias debilidades, por lo que es una oportunidad para enderezar los errores que se cometieron de origen y acompañar lo que resulte del Constituyente de la Ciudad de México.
David Aponte, subdirector general del periódico El Universal, se refirió a la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, de El Imparcial, ocurrido en abril del 2005, el cual, dijo, ha sido un caso emblemático porque a partir de ese momento empezó una etapa de violencia en contra de los comunicadores. Citó las principales fuentes de agresión: “crimen organizado, poder político y, ahora también, organizaciones sociales”.
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