04-10-2016.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, con 424 votos a favor, el dictamen que reforma la Ley General de Protección Civil en materia de innovación tecnológica, a fin de ampliar el concepto de protección de “infraestructura estratégica”.

La diputada María Elena Orantes López, presidenta de la Comisión de Protección Civil, resaltó que la ampliación de la protección a instalaciones vitales es acorde a los parámetros signados por México a nivel internacional, promovidos por la ONU.

La unidad mínima de dicha infraestructura estratégica, explicó, es la instalación vital, la que por sus características o finalidad en caso de sufrir daño, parcial o total, en su funcionamiento, ocasionaría una afectación a la población, sus bienes o entorno.

Se busca incorporar innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales, en la elaboración y difusión del Programa Interno de Protección Civil y su vinculación con los Atlas de Riesgos Nacional, de los estados y municipios.

Exhortó a los gobernadores y presidentes municipales a implementar un atlas de riesgo. A la fecha, sólo 365 municipios cuentan con este mapa y “la ley manifiesta que si no lo tienen, no podrán entrar en las declaratorias”.

La modificación, indicó, también faculta a la Escuela Nacional de Protección Civil a fijar competencias y conocimientos para la acreditación formal de la protección civil que ofrezcan o comercialicen personas físicas y morales.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (Encuentro Social) consideró que la creación, profesionalización, capacitación, coordinación y modernización de organismos de protección civil, son asignatura pendiente del Estado, por lo que externó su respaldo y reconocimiento a la reforma.

Mencionó que la historia reciente ha demostrado que la falta de una efectiva cultura de protección civil ha provocado que sigamos siendo vulnerables ante el embate de los fenómenos naturales, cada vez mayores en número e intensidad, con las consecuentes pérdidas humanas y materiales.

Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza, dijo que la protección civil se ha convertido en un mecanismo de gran valor para salvar miles de vidas, por lo que es fundamental fortalecer las normas que lo regulan.

En ese sentido, refirió, al hacer uso de las nuevas herramientas de innovación y tecnología, podremos lograr una verdadera gestión integral de riesgos, lo que permitirá reducir los efectos “de los fenómenos perturbadores”, además de fomentar una verdadera cultura de la protección civil.

Jesús Emiliano Álvarez López, diputado de Morena, resaltó la importancia de incorporar las innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales en la elaboración y difusión de los programas internos de protección civil y la vinculación de estos con los Atlas de Riesgo.

“Con las modificaciones a la Ley General de Protección Civil se pretende, desde el ámbito legislativo, fomentar la cultura de la protección civil y que las entidades promuevan que el Atlas Nacional de Riesgo sea de fácil acceso para la población”.

Del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, recordó que en 2015 ocurrieron nueve eventos “de gran impacto social y económico” en el país, provocados por fenómenos naturales y por la acción del hombre, en cuyos casos “lamentablemente hubo la pérdida de vidas humanas e innumerables recursos materiales”.

Quienes laboramos en la Administración Pública, dijo, estamos obligados a revisar los eventos que pudieran afectar a la población y proponer medidas proactivas con las ventajas que nos ofrecen las tecnologías de la información, además de promover que el país cuente con cuerpos de brigadistas capacitados y preparados para responder a las contingencias.

Araceli Madrigal Sánchez, del PRD, destacó que es posible evitar catástrofes con acciones preventivas. Una de estas, señaló, es legislar en materia de coordinación gubernamental y aprovechar los beneficios de los avances tecnológicos, con los cuales se facilita la difusión de medidas tendientes a preservar la integridad de la población.

Mencionó que en el marco de la Estrategia Nacional de Protección Civil, cada dependencia de la administración pública federal deberá contribuir a mejorar la resiliencia de la infraestructura y servicios públicos ante situaciones catastróficas, así como también asumir el compromiso de mejorar los estándares mínimos de seguridad de la infraestructura de su sector.

Héctor Barrera Marmolejo, de Acción Nacional, mencionó que el marco geográfico de México lo sitúa como un país expuesto a fenómenos naturales, por lo que es imperante la prevención. La adición propuesta a la Ley General de Protección Civil, engrosa la cultura de la prevención y promueve la aplicación de canales alternativos para facilitar su homologación.

“Debemos fortalecer los derechos fundamentales, como es la prevención de riesgos y la protección civil. La innovación tecnológica en materia de protección civil, no es un tema menor; estar a la vanguardia representa salvar vidas”, indicó.

El diputado Carlos Sarabia Camacho, del PRI, presentó una propuesta para modificar el dictamen en el artículo 2º, párrafo XXXII para precisar el término de “infraestructura estratégica” y en el artículo 39 párrafo II para asentar que las instituciones o los particulares, de acuerdo a su presupuesto autorizado o posibilidad económica, podrán incorporar las innovaciones tecnológicas digitales o virtuales en la elaboración y difusión del Programa Interno de Protección Civil, así como para su vinculación con los atlas de riesgo, lo que fue aprobado en votación económica.

Más adelante, señaló que México es un país que ha sufrido desastres naturales, pero también es un país que ha aprendido a través de la historia.

El dictamen aprobado se turnó al Senado de la República para su trámite constitucional.

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