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| Boletín N°. 2269 | Discapacidad psicosocial debe ser observada como un tema de derechos humanos |
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10-10-2016.- Académicos y especialistas destacaron que para garantizar una adecuada salud mental, debe fortalecerse y mejorar la infraestructura de los servicios médicos y promover una detección oportuna. Además, solicitaron a los diputados que la cobertura para estos padecimientos sea integral en el Seguro Popular.
Durante las mesas de análisis del “Foro: Situación Actual, Retos y Propuestas de los Problemas de Salud Mental en México”, añadieron que la discapacidad psicosocial debe ser observada como un tema de derechos humanos.
El presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM), Enrique Chávez- León, comentó que en México los trastornos mentales afectan al 30 por ciento de la población, uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años han padecido un trastorno en su vida, y sólo uno de cada cinco recibe tratamiento.
Resaltó que son indispensables los profesionales de la salud mental como psiquiatras, psicólogas y trabajadoras sociales, porque sólo 11 por ciento de personas que tienen algún trastorno buscan atención médica, psicológica o psiquiátrica.
Nuestro país necesita aumentar el gasto destinado a salud mental del 2 al 5 por ciento, así como hospitales psiquiátricos, servicios médicos en primer y segundo nivel de atención y centros de atención comunitaria.
Del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, Shoshana Berenzon Gorn, comentó que la salud mental no se ve como un problema prioritario a pesar de que se ha comprobado cuánta carga representa respecto a la discapacidad. “Mientras no sea un programa prioritario, no sólo en el papel sino en la atención, no vamos a poder alcanzar que la salud mental avance”.
Hay pocos recursos mal distribuidos. El 80 por ciento del presupuesto en salud mental se va en mantener hospitales psiquiátricos porque ahí recae la atención. Se deben analizar las estrategias para reducir lo que se gasta en servicios de tercer nivel y ocuparlos en otras áreas.
Estimó que existen muchos retos y los más importantes son aumentar de manera paulatina el gasto en salud mental, utilizarlo de manera eficiente; revisar y actualizar leyes, normas y programas acordes con la Organización Mundial de la Salud; ampliar el tratamiento ambulatorio en las estancias cortas en los hospitales, reforzar el papel de la atención primaria y trabajar en programas para niños y adultos mayores.
El titular de los Servicios de Atención Psiquiátrica, de la Secretaría de Salud, Eduardo Ángel Madrigal de León, señaló que se deben fortalecer y modernizar los hospitales para que sean verdaderos centros de atención del tercer nivel, así como desarrollar un modelo de atención de patología mental en los hospitales generales y vigorizar el primer nivel de atención.
Consideró necesario hacer reformas jurídicas y que la política nacional en salud mental parta de nuevos paradigmas, para lo que es necesario una mejor coordinación dentro de las entidades del sector público.
La complejidad del tema y el rezago de su atención oportuna, requiere muchas veces de la elaboración de programas específicos para resolver cada problema o atender a grupos especiales de la población, indicó.
La presidenta de Red Voz Pro Salud Mental, Dunia Pintado Inzundegui, dijo que se necesita un nuevo paradigma debido a que el 85 por ciento de las personas enfermas no recibe atención y los que la toman, tardan entre 7 y 30 años en obtener su tratamiento.
Se busca concientizar e informar a los niveles de primaria, secundaria y preparatoria sobre los trastornos bipolares y esquizofrénicos, a través de apoyos psicológicos y campañas informativas, con el fin de evitar discriminación en la sociedad.
Comentó que en el país el 67 por ciento de los enfermos ingresan bajo la modalidad de internamiento no voluntario, rechazando el derecho que tienen.
El analista de la dirección general adjunta de Atención a Discapacitados, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Mauricio Melgar Álvarez, explicó que las personas con discapacidad psicosocial sufren exclusión y ello, se debe evitar a partir de crear políticas públicas y proteger sus derechos humanos.
La CNDH, expuso, ha evidenciado la urgencia de atender y cuidar a las personas con estos padecimientos, y un tema relevante es la situación de los enfermos internados en centros de readaptación del sistema penitenciario. Hasta octubre de 2015, había 4 mil 476 recluidos con enfermedades mentales.
Añadió que un pendiente es la instalación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que la discapacidad psicosocial sea observada como un tema de derechos humanos.
El director general del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, Carlos Castañeda González, manifestó que la misión del sanatorio es brindar atención integral de calidad, seguridad y humanismo a quien requiera servicios de psiquiatría. Además, todos los trabajadores se rigen con ética y profesionalismo, como lo establece la Ley General de Salud.
Expuso que “la estancia de los ingresados ronda en 22 días y el año pasado hubo 5 mil 560 egresos. Hoy ningún paciente se queda de por vida, como sucedía hace más de 25 años”.
Sin embargo, señaló que el hospital trabaja con 60 millones de pesos de presupuesto operativo, “cuando otros institutos se gastan eso en un mes”.
Agregó que el servicio de urgencias está sobre demandado y consideró que todos los nosocomios que tienen servicio de psiquiatría, incluso hospitales generales, deberían prestar ese servicio. “Las atenciones en urgencias ascienden a 2 mil 463 con intento suicida y 4 mil 483 de riesgo suicida”.
El director del Consejo Mexicano de Psiquiatría, Ricardo Fernando Colín Piana, comentó que los médicos psiquiátricos tienen la obligación de presentar un examen una vez egresados de su especialidad para demostrar sus conocimientos y obtener el certificado correspondiente; además, cada cinco años tienen la obligación de refrendar que tienen educación médica continua necesaria para su recertificación.
Esto garantiza que médicos psiquiátricos o especialistas tengan conocimientos y actualización médica suficiente para atender a los pacientes. Precisó que a septiembre de 2016, había alrededor de mil 880 especialistas con certificación vigente de los cuatro mil 500 psiquiatras que existen, ya que el resto trabaja en sus consultorios particulares y no se les pide estar certificados.
Estimó que México necesita invertir, “no puede ser que el dos por ciento del presupuesto de salud esté dedicado a la salud mental, no puede ser que haya sólo 8 o 9 centros formadores de psiquiatras en el país; mientras eso persista, cualquier mejora en el tema es utópico”.
En su turno, el director de Gestión de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Gabriel Sotelo Monroy, subrayó que México cuenta con una legislación mental de tipo dispersa, es decir, “hay una ley general de salud a diferencia de que en otros países como Argentina e Italia hay una ley especial”.
Afirmó que la salud mental es considerada una prioridad y las personas con este problema como un grupo vulnerable, lo define la ley; no obstante, “la brecha de atención es evidente”. Resaltó que este tema no es sólo un asunto medico sino requiere la intervención de otros sectores como educación, vivienda y empleo, por lo que estimó que “no están suficientemente armonizadas las disposiciones sanitarias con las civiles y penales”.
Recomendó determinar el tipo de legislación en salud mental, dispersa o consolidada que requiere el país, e incluir en ella todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos y salud mental; contar con programas, servicios y recursos suficientes acordes a la salud mental comunitaria, y a la vinculación con otros sectores. Actualizar y armonizar los distintos instrumentos legales aplicables con un enfoque de derechos humanos.
La presidenta de “Abriendo Camino un Centro para el Desarrollo Familiar y personal”, A, C, Leticia Sánchez Fabela, refirió que actualmente no existe en el país ninguna ley específica para atender o tratar la salud mental; no obstante, los trastornos aumentan porque no se brinda la atención requerida.
Indicó que estos padecimientos se deben tratar desde tres puntos: social, clínico y político, ya que “los derechos humanos de estas personas no son respetados, hay poca capacitación a personal médico y existen casos donde los enfermos son esposados o encadenados y aislados sin medicación”.
María del Carmen Juárez Toledo, directora de Desarrollo Sustentable de INMUJERES, mencionó que los trastornos mentales como la depresión, Alzheimer y psicosis no se presentan de igual manera entre hombres y mujeres.
Los trastornos alimenticios son casi exclusivamente de las mujeres quienes padecen anorexia y bulimia, pues diez de cada nueve la padecen.
Destacó que las líneas de acción para garantizar la adecuada salud mental requieren fortalecer y mejorar la infraestructura de los servicios médicos, orientar y promover la integración de la igualdad de género en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas para la reducción de brechas de desigualdad en la materia.
Marcela Alejandra Tiburcio Sáenz, jefa del departamento de Ciencias Sociales en Salud del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, detalló que las adicciones del alcohol y las sustancias psicotrópicas son un elemento que puede alterar la adecuada salud mental de quien la padece y sus familiares.
La investigadora propuso implementar estrategias que permitan escuchar y explorar la problemática, proporcionar información sobre el consumo y sus efectos de estas sustancias y canalizarlos a fuentes de ayuda.
Silvia Ortiz León, jefa del departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, resaltó que por cada dólar gastado en la salud mental y tratamiento de adicciones se ahorran siete dólares en costos de salud y 30 más en pérdida de productividad.
Se requiere de una detección oportuna sobre los retrasos en el desarrollo durante la primera infancia, ya que sólo así es posible evitar que padecimientos mentales se desarrollen y en su caso se puedan atender de manera oportuna.
Enfermedades como ansiedad, depresión y uso de sustancias son muy comunes en adolescentes, por ello es vital su pronto diagnóstico. Además pidió a los legisladores que la cobertura de salud sea integral en el Seguro Popular, es decir, que incluya programas preventivos de salud mental.
La directora de Rehabilitación del DIF Nacional, Virginia Rico Martínez, comentó que los centros de recuperación de esta institución están repartidos en todo el país, y atienden a pacientes con discapacidad motora, visual, de audición y lenguaje. A su vez, afectaciones de salud mental como alteraciones cognitivas, afectivas y conductuales.
El grueso de los pacientes atendidos, precisó, sufren discapacidades transitorias, es decir parálisis facial o secuelas de traumatismos y fracturas, pero que sea su problema primario no evita que se presenten con depresión o trastornos de ansiedad.
El DIF, sostuvo, tiene un amplio esquema de recuperación “es pionero en la atención a personas con discapacidad”. Es una institución con gran cobertura; existen 127 centros de rehabilitación y mil 518 unidades básicas de recuperación con personal especializado”.
Resaltó que presta servicios a personas de cualquier grupo de edad, y los costos se basan en un estudio socioeconómico. Actualmente, refirió, brinda atención principalmente a adultos mayores con Parkinson.
El profesor titular del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, Benjamín García Huerta, consideró muy importante abolir el estigma alrededor de las enfermedades mentales, ya que a veces ni siquiera existe una comprensión clara de lo que es un padecimiento de esta naturaleza.
“La familia se resiste mucho a atender al afectado; deben verlo desde la perspectiva de que está enfermo y requiere atención médica”.
Se debe tratar e involucrar al familiar como miembro activo del tratamiento. No sólo con una plática, sino con terapia, y colocar a la familia como parte de problema, pero sin asumir que son culpables de él.
En un tratamiento clínico híbrido, mencionó, se demostró que cuando las familias y amistades se involucran en los tratamientos hay menor reincidencia del enfermo de salud mental.
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