• En lo particular, serán discutidos en el Pleno cameral

17-09-2016 La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó, en lo general, dos dictámenes: los que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. La discusión en lo particular de ambos documentos, será en el Pleno cameral.

La presidenta de la comisión, Gina Cruz Blackledge (PAN), informó que, con fundamento en el artículo 150, numeral 1, fracción XI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los dictámenes y sus expedientes serán enviados a la Mesa Directiva para su programación y desahogo en el Pleno.

Al detallar el dictamen de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, aprobado con 25 votos a favor y tres en contra, la diputada Cruz Blackledge indicó que la reforma propone flexibilizar las reglas a los asignatarios, relativas a la determinación de los límites de deducción para la producción de petróleo y gas asociado, en correspondencia a las características de las áreas de extracción terrestre y marinas con un tirante de agua menor a 500 metros.

Lo anterior, como una condición de certidumbre financiera que permita a las empresas productivas del Estado una operación más eficiente y segura en las áreas de asignación.

Argumentó que derivado de la caída de los precios de los hidrocarburos a nivel internacional, observada a partir de la segunda mitad del año 2014, hubo una reducción en las deducciones permitidas bajo el régimen tributario actual en comparación con el régimen anterior, por lo que el desempeño operativo de los asignatarios que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se ha visto mermado.

Sobre el mecanismo de ajuste, refirió que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos prevé que los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos incluya un mecanismo de ajuste a las contraprestaciones, cuyo objeto es permitir al Estado captar una mayor renta petrolera, en caso de que existan beneficios extraordinarios en los proyectos de exploración y extracción, como resultado de condiciones mejores que las iniciales, relativas a precios, volumen de producción o eficiencia en los costos.

En este sentido, se modifica la definición de mecanismo de ajuste, para determinar condiciones económicas relativas a los términos fiscales que se adecuen mejor a las características de proyectos que, por su envergadura y características, requieran una administración más sencilla, como puede ser el caso de campos terrestres maduros o no convencionales.

Expuso que se propone incluir un esquema flexible que permita diseñar el mecanismo de ajuste, ya sea a través de la modificación de la tasa aplicable sobre el valor de los hidrocarburos o, si es más eficiente, del monto final de la contraprestación que resulte de la aplicación de dicha tasa.

Respecto a la determinación de comprobantes de gastos en consorcios para fines fiscales, señaló que la ley, como se encuentra actualmente, establece que las personas morales o empresas productivas del Estado que se agrupen en consorcios para la suscripción de contratos para exploración y extracción de hidrocarburos deberán celebrar un acuerdo de operación conjunta que determine los porcentajes de la participación que le corresponda a cada integrante del consorcio. La empresa que opere el consorcio deberá expedir los comprobantes fiscales de éste, que amparen los gastos por la ejecución de los contratos en la proporción que corresponda a cada uno.

Esto, continuó, impide que al momento de que el operador emita los comprobantes fiscales, sea posible reconocer las variaciones en la participación de las actividades que asume cada miembro del consorcio, generando distorsiones en la determinación de las obligaciones fiscales de las empresas, ya que los costos no siempre se distribuyen en forma proporcional a la participación.

En tal sentido, se propone otorgar mayor flexibilidad al momento en que el operador expida los comprobantes fiscales a los integrantes del consorcio, para que estos puedan realizar la deducción de los gastos efectuados en el periodo correspondiente, en congruencia con las prácticas comunes de la industria.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó una adenda al dictamen que reforma la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, propuesto por la Junta Directiva de dicha instancia legislativa, a fin de prever que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgue, previa instrucción, apoyo necesario a la SHCP en la administración de la verificación de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos a través de visitas de inspección, ya que actualmente la norma sólo considera la auditoría.

La propuesta agrega un nuevo artículo 63, el cual perfeccionará las facultades para vigilar los contratos de exploración y producción que realice Petróleos Mexicanos, ya que el SAT se encontraba limitado a realizar visitas de inspección, con lo que se favorecerá la fiscalización en dicha empresa.

Al fijar su posicionamiento, el diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) aseguró que este dictamen básicamente le permitirá una mayor deducción a las compañías privadas encargadas de producción petrolera y otros energéticos, no sólo como un porcentaje del valor del mismo, sino como un monto absoluto, lo que, advirtió, por consecuencia restaría ingresos al Estado.

Enfatizó que bajo el régimen fiscal actual, Petróleos Mexicanos sólo puede deducir por barril el 12 por ciento del costo del crudo, mientras que los privados un 60 por ciento, es decir 4.5 dólares contra 24 dólares, respectivamente. “Es clara la intención de que Pemex no sea ya una empresa rentable que pueda competir”.

Ley Federal de Derechos

Al explicar el dictamen de la Ley Federal de Derechos, avalado con 25 votos a favor y 3 en contra, la diputada Cruz Blackledge dijo que en servicios migratorios, se plantea actualizar la cuota de derecho por la obtención de la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, con la intención de que sea congruente con el costo de los servicios migratorios.

Se propone la eliminación del derecho por la autorización o renovación para ser miembro del Programa Viajero Confiable, lo que les permitirá acceder al beneficio de revisiones migratorias expeditas al llegar a aeropuertos internacionales participantes sin el pago de una contribución, incentivando con ello el turismo y un flujo migratorio ágil.

Respecto a los servicios en materia de radio y televisión, dijo, se actualizan los conceptos de la Ley Federal de Derechos en congruencia con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En este sentido, el pago que realizarán los concesionarios será por concepto de trámite, estudio y clasificación, y en su caso, autorización de materiales grabados y no así, por los conceptos de trámite y estudio y en su caso clasificación y autorización de películas, telenovelas y teleteatros y series filmadas.

Con ello el pago estará determinado en función de la duración del material grabado que se presenta para su estudio, clasificación y autorización por parte de las autoridades mediante una cuota por cada 15 minutos o fracción de duración de los materiales grabados.

En materia de servicios consulares, se plantea efectuar un ajuste a la emisión de visas ordinarias en pasaportes extranjeros, con la finalidad de especificar que con independencia de que sea autorizada o no la visa al extranjero en las oficinas consulares, se deberán cubrir los derechos correspondientes, a fin de recuperar la erogación con recursos humanos y materiales que realiza la dependencia.

La diputada explicó que se plantea incorporar una exención a los connacionales en el extranjero por la solicitud de compulsa de documentos cuando la misma tenga como finalidad la tramitación de la credencial para votar en el extranjero, en congruencia con la reforma constitucional en materia político-electoral, a fin de otorgar un beneficio a los mexicanos en el extranjero que deseen ejercer su derecho al voto.

Sobre los servicios de administración tributaria, afirmó que se incrementa la cuota aplicable a la solicitud de resolución correspondiente a los precios o contraprestaciones entre partes relacionadas, así como a la solicitud de revisión del informe anual sobre la aplicación de las resoluciones mencionadas, dado el perfil especializado de los recursos humanos que el SAT destina a la atención de dichas solicitudes.

En actividades reguladas en materia energética, con motivo de la Reforma en ese sector y el cambio de la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos, los conceptos que le otorgan un trato específico a esta empresa han quedado obsoletos, por lo que se considera derogarlos para darle a Pemex un plano de igualdad ante los competidores.

Respecto a la sanidad zoosanitaria, fitozoosanitaria y acuícola, precisó, se propone contemplar la expedición del certificado de sanidad acuícola y trasladar el derecho por concepto de expedición del certificado de sanidad acuícola de importación que actualmente se encuentra en los servicios a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en virtud de que dicho certificado los expide el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Cruz Blackledge puntualizó que en materia de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, con objeto de evitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cubra los derechos por los servicios que ella misma presta, se propone ampliar la exención prevista a la expedición de los certificados de capacidad, licencias o permisos, cuando sean solicitados por personal de vuelo y tierra que guarde un vínculo laboral con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En cuanto a los servicios en el área de telecomunicaciones, se plantean diversas adecuaciones con la finalidad de ser congruentes con las disposiciones sectoriales que regulan los servicios que presta el Instituto Federal de Telecomunicaciones y dar seguimiento a las tareas de actualización y mejoramiento del esquema de derechos por los servicios que proporciona el citado Instituto, como consecuencia de la implementación de la reforma en materia de telecomunicaciones.

Respecto a los servicios sanitarios, se propone dar congruencia a las disposiciones sectoriales que regulan los servicios que presta la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y poder identificar correctamente los servicios que proporciona dicha Comisión.

En uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, se plantea armonizar el cobro de derechos con las disposiciones sectoriales que rigen los servicios que brindan las dependencias de la Administración Pública Federal, mediante la actualización y el mejoramiento de la Ley Federal de Derechos en congruencia con las reformas y actualizaciones sectoriales para aclarar las facultades de cobro de derecho de las dependencias y entidades, así como de las empresas productivas del Estado.

Sobre minería, indicó que se propone asignar un 2.5 por ciento de la recaudación total que se obtenga de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre la minería a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con la finalidad de que esta cuente con los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la correcta operación y administración del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros, así como garantizar una efectiva aplicación de los recursos del mismo en Zonas de Atención Prioritaria, coadyuvando a reducir la marginación, exclusión y en general el rezago social, beneficiando a cerca de 10 millones de habitantes del país que se ubican en zonas mineras.

El diputado Jorge Estefan Chidiac (PRI), secretario de la comisión, explicó que la adenda que se incorpora al dictamen, consiste en tres cambios. Uno reforma el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos respecto a la utilización de los recursos para el Fondo Minero, cuyos dineros tienen un destino específico y están etiquetados para proyectos de desarrollo regional sustentable en estados y municipios.

Explicó que derivado de los daños ecológicos y ambientales al medio ambiente en las regiones donde se encuentran las minas, ha habido una demanda social importante para invertir en el rescate de estas zonas que quedan totalmente pobres y sin ningún ingreso cuando cierran las minas; por ello, se hizo una redacción que permite dar mayor claridad al destino de este recurso.

El segundo cambio, dijo, es al artículo 232, en donde el Ejecutivo proponía eliminar los derechos que se cobran por el uso o goce de postes, torres, ductos o algunos otros bienes similares propiedades de organismos públicos descentralizados. Se decidió no eliminar este derecho y no derogar este artículo para continuar cobrando estos derechos.

Explicó que el tercero, plantea ajustar la cuota del derecho de no inmigrante, es decir, el pago que realizan los turistas que ingresan a territorio nacional como derecho de no inmigrante (DNI) se aumentó de 415 a 500 pesos para visitantes sin permiso que realizan actividades remuneradas.

Mencionó que el 80 por ciento de este recurso se distribuye a actividades de promoción turística y el otro 20 se va al Instituto Nacional de Migración, con lo cual se fortalece el presupuesto de ambas dependencias.

Al hacer su posicionamiento de Morena, Juan Romero Tenorio sostuvo que el voto sería en sentido negativo, toda vez que este dictamen posee diversas omisiones al no integrar dentro del documento las propuestas de las 18 iniciativas presentadas por los diputados y senadores respecto a la Ley de Derechos, los cuales no se dictaminan ni uno sólo de ellos.

Por otra parte, destacó que tampoco fueron integradas las propuestas de la sociedad civil, a través de sus cámaras empresariales y académicos, a las cuales esta comisión recibió en audiencia para escuchar sus opiniones. “Se sigue la misma inercia del Ejecutivo de no modificar leyes que abonen a una mejor integración de recursos a la federación”

En tanto, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes (PES) manifestó su apoyo a este dictamen; sin embargo, señaló que se realizará una reserva para adicionar el inciso D del artículo 22 de la Ley de Derechos con la finalidad de que las copias certificadas de las actas de nacimiento, sean exentas de este pago cuando sean requeridas para hacer el trámite de la credencial de votar en el extranjero.

El legislador subrayó que esta modificación busca incentivar el voto de los mexicanos que se encuentran en el extranjero en las próximas elecciones presidenciales.

Posteriormente, la presidenta de la comisión declaró un receso y citó a la próxima reunión, el miércoles 19 de octubre, para tratar el tema de Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017.

-- ooOoo --