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| Boletín N°. 2344 | Tribunal Federal de Justicia Administrativa requiere 386.6 millones de pesos más en el PEF 2017 |
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18-10-2016.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa requiere una ampliación presupuestal de 386.6 millones de pesos (mdp), a fin de implementar cinco Salas de Responsabilidades Administrativas para las nuevas atribuciones que le confiere la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), afirmó el magistrado presidente de ese órgano, Manuel Hallivis Pelayo.
En reunión con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, explicó que esas cinco salas tendrán la atribución de imponer sanciones del SNA, resolverán lo pendiente en cuanto a obra pública y adquisiciones y estarán a cargo de lo concerniente a responsabilidad patrimonial y sanciones no graves.
Detalló que dos de estas salas se establecerán en la Ciudad de México, una en la zona norte del país, en Torreón, Coahuila, y otra en el sur, en Campeche o Tabasco, y una más en la zona centro, cuya sede aún no se define.
El presidente de la instancia legislativa, Luis Maldonado Venegas (PRD), explicó que el objetivo de reunirse con el magistrado Hallivis Pelayo es para sustentar los recursos en el Ejercicio Fiscal 2017, en cuanto a la creación de cinco nuevas salas, producto de las recientes reformas que se aprobaron en el llamado Paquete Anticorrupción y que implicarán nuevas e importantes responsabilidades para el tribunal.
“Bajo profundas restricciones presupuestales, es importante subrayar que la prioridad que representa el Paquete Anticorrupción se vuelve indispensable, prioridad absoluta, la asignación de recursos mínimos para que éste cumpla los objetivos y las expectativas de la sociedad”, reiteró.
Por ello, continuó, “es importante analizar las aportaciones, las reflexiones y el planteamiento del magistrado Hallivis Pelayo, antes de reunirnos con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y presentarle nuestros posicionamientos al respecto”.
El magistrado Hallivis Pelayo señaló que en la Legislatura anterior se logró la reforma constitucional que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción. “Este sistema no se estableció para crear nuevos elefantes blancos, sino para tomar en cuenta los instrumentos que ya tenía el Estado y fortalecerlos”.
Al respecto, declaró que todos los asuntos que lleguen al tribunal, serán sancionados buscando inhibir la deshonestidad, es decir, “que cada sanción genere un efecto ejemplificativo que haga que cada vez sean menos los actos de corrupción”.
Explicó que, derivado de la publicación de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este órgano jurisdiccional requiere una adecuada atención de las nuevas responsabilidades que se le encomiendan, como es la apertura de cinco salas de Responsabilidades Administrativas. Con ello, se daría cumplimiento a lo que mandata la Constitución en su artículo 73.
Asimismo, se requiere incrementar tres magistrados con su ponencia de la Sala Superior (Tercera Sección) y 5 magistrados supernumerarios.
Por lo anterior, detalló, de manera adicional al presupuesto otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el ejercicio fiscal de 2017, que suma un total de 2 mil 554 mdp, el tribunal requiere una ampliación presupuestal de 386.6 mdp, a fin de implementar las nuevas atribuciones que le corresponden dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.
Resaltó que el costo anual estimado para una sala de Responsabilidades Administrativas asciende a 54.62 mdp, misma que se integra por 58 plazas con un valor anual de 42.70 mdp, más los gastos de apoyo inherentes para el desarrollo de sus actividades en 11.92 mdp.
En lo que respecta a la Tercera Sección, explicó que se integra por 78 plazas, más los 5 magistrados supernumerarios; su costo será de 113.51 mdp, lo que corresponde a un importe de 78.64 mdp en servicios personales, y 34.87 en gastos de operación e inversión.
Detalló que como resultado de la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, el tribunal tendrá a su cargo, entre otros temas, el dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares e imponer sanciones a servidores públicos por responsabilidades administrativas graves, así como a particulares que participen en actos vinculados a ellas.
Asimismo, fincar a culpables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias, derivadas por daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos federales. Para ello, agregó, el tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales.
Destacó que los recursos para el tribunal en el 2016 se redujeron en 90 mdp y para el PEF 2017, se reintegró la misma cantidad; sin embargo, “se requiere pagar al personal de esas cinco salas, crear la Tercera Sección y dotar de cámaras a las salas de toda la República”.
La legisladora del PAN, Minerva Hernández Ramos, dijo que los diputados están convencidos de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el marco del SNA, debe desempañarse adecuadamente, sin excesos, pero con lo mínimo indispensable para dar buenos resultados. “Las responsabilidades que asume con esta nueva legislación son, por demás, sustantivas y necesarias”.
La priísta Ruth Tiscareño Agoitia preguntó qué se dejó de atender con los 90 millones de pesos que se redujeron en el PEF 2016. “Podríamos pensar que si no desatendió alguna parte importante, se podrían agregar a los más de 300 millones que pide”.
El diputado independiente, Manuel Clouthier Carrillo, indicó que de cara a las nuevas responsabilidades que realizará el tribunal, es importante que el personal esté debidamente remunerado. “Tengo entendido que los magistrados, en general, ganan bien; sin embargo, la brecha en relación con los sueldos de los secretarios es sustancial, por lo que habría que reconsiderarlos”.
En cuanto a los juicios en línea, afirmó que a la fecha no operan y han quedado como un elefante blanco. “Me preocupa que al asignar mayores recursos terminemos con esos resultados”, agregó.
Del PRD, la diputada Maricela Contreras Julián señaló que la instalación del SNA “llegó en un momento de crisis económica terrible”; sin embargo, es necesario hacer frente a esta petición de transparencia y de combate a la corrupción, por lo que “debemos revisar el papel de las y los funcionarios públicos en el ejercicio de los presupuestos encaminados a satisfacer las necesidades de la población”.
La diputada Claudia Corichi García (MC) coincidió en que los recursos son pocos y, por el contrario, la percepción de la corrupción en el país es grande. Preguntó hasta qué fecha se tiene como límite para poner en función las cinco salas, ya que “la responsabilidad es enorme en términos de rendición de cuentas”.
En respuesta, Hallivis Pelayo señaló que con la reducción de los 90 mdp en el presupuesto de 2016, el Tribunal dejo de atender programas de mejoramiento tecnológico; sin embargo, “invertir en este juzgado implica estar al día y ahora, con el SNA, los recursos son más que necesarios”.
Respecto a los sueldos de los secretarios, argumentó que a partir de enero de 2015 existen ocho niveles en este ramo y se ha buscado capacitarlos, ya que más del 85 por ciento del presupuesto es para sueldos y salarios.
En cuanto a los juicios en línea, aclaró que continúan en función, pero la gente no los conoce bien, por lo que no les tiene confianza. “Tenemos uno de los mejores estándares de productividad, uno de los más altos”, acotó.
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