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| Boletín N°. 2353 | Cámara de Diputados aprueba dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos |
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18-10-2016.- Con 371 votos a favor, 41 en contra y 8 abstenciones, la Cámara de Diputados avaló en lo general el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, y lo envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Al documento derivado de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre, se agregó por acuerdo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público el total de iniciativas turnadas a esta instancia legislativa en la materia.
Al argumentar el dictamen la presidenta de la comisión, Gina Cruz Blackledge (PAN), detalló que la reforma modifica cobros por la prestación de servicios que proporcionan distintas dependencias de la administración pública federal en materia consular, migratoria de radio y televisión, cinematografía, financiera, sanidad, agropecuaria, acuícola, telecomunicaciones, educación pública y salud.
En servicios migratorios, la reforma plantea actualizar la cuota de derecho por la obtención de la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, a fin de quedar en 500 pesos. Con ello, la cuota guardará congruencia con el costo que representa para el Estado la prestación de los servicios migratorios.
En la misma materia, se elimina el derecho por la prestación del servicio consistente en la autorización o renovación para ser miembro del Programa Viajero Confiable, ya que permitirá a ciudadanos mexicanos y estadounidenses, miembros del Programa Global Entry, acceder al beneficio de revisiones migratorias de forma rápida y ágil al llegar a aeropuertos internacionales participantes sin el pago de dicha contribución, incentivando con ello el turismo y un flujo migratorio ágil.
Respecto a los servicios en radio y televisión, establece una cuota por cada 15 minutos o fracción de duración de los materiales grabados, tanto en materia de televisión como de radio, tomando en cuenta que el tiempo para realizar la revisión y la clasificación de los materiales grabados depende directamente de su duración.
Lo anterior se traduce en que a mayor duración del material será mayor el uso de recursos por lo que se incrementará el monto del pago por el servicio recibido, existiendo una relación directa entre el derecho y el costo que le representa al Estado la prestación del mismo.
En este sentido, el pago que realizarán los concesionarios será por concepto de trámite, estudio y clasificación y, en su caso, autorización de materiales grabados y no así, por conceptos de trámite y estudio y, en su caso, clasificación y autorización de películas, telenovelas y teleteatros y series filmadas.
En cuanto a servicios consulares, se ajusta el texto de la Ley Federal de Derechos relativo a la emisión de visas ordinarias en pasaportes extranjeros, con la finalidad de especificar que con independencia de que sea autorizada o no la visa al extranjero en las oficinas consulares, se deberán cubrir los derechos correspondientes, a fin de recuperar la erogación con recursos humanos y materiales que realiza la dependencia.
En el mismo rubro, Cruz Blackledge explicó que se incorporará una exención a los connacionales en el extranjero por la solicitud de compulsa de documentos cuando la misma tenga como finalidad la tramitación de la credencial para votar en el extranjero, en congruencia con la reforma constitucional en materia político-electoral, a fin de otorgar un beneficio a los mexicanos en el extranjero que deseen ejercer su derecho al voto.
En relación con los servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con motivo de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de enero de 2014, se modifica la denominación de sociedades de inversión por fondos de inversión, con el propósito de estar en posibilidad de gravar a todos los sujetos que estén en el mismo supuesto jurídico en la Ley de Fondos de Inversión.
Sobre el tema de actividades reguladas en materia energética y en congruencia con el artículo 27 de la Constitución, se derogan los artículos 50 B, 58 A y 58 B de la Ley Federal de Derechos, en virtud de que actualmente los preceptos mencionados otorgan un trato específico a Petróleos Mexicanos como organismo descentralizado.
Sin embargo, continuó, tal naturaleza ha cambiado con motivo de la reforma constitucional en materia energética, así como la expedición de la legislación secundaria y las reformas a diversas leyes para convertirse en una empresa productiva del Estado. Con ello, se coloca a Pemex en un plano de igualdad ante sus competidores.
En lo relativo a servicios de administración tributaria, se incrementa la cuota aplicable a la solicitud de resolución correspondiente a los precios o contraprestaciones entre partes relacionadas, así como a la solicitud de revisión del informe anual sobre la aplicación de las resoluciones mencionadas, dado el perfil especializado de los recursos humanos que el SAT destina a la atención de dichas solicitudes.
Respecto a la sanidad zoosanitaria, fitozoosanitaria y acuícola, precisó que la reforma contempla la expedición del certificado de sanidad acuícola y traslada el derecho por concepto de expedición del certificado de sanidad acuícola de importación que actualmente se encuentra en los servicios a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en virtud de que dicho certificado los expide el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
En materia de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, con objeto de evitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cubra los derechos por los servicios que ella misma presta, se amplía la exención prevista a la expedición de los certificados de capacidad, licencias o permisos, cuando sean solicitados por personal de vuelo y tierra que guarde un vínculo laboral con dicha dependencia.
Sobre servicios en materia de educación pública, se modifica la forma de cobro relativo a la impartición de cursos de capacitación para el trabajo industrial que actualmente realiza la secretaria de Educación Pública, a fin de que los estudiantes que toman algún tipo de capacitación se beneficien pagando lo justo por cada hora efectiva de formación para el trabajo industrial.
En cuanto a servicios en el área de telecomunicaciones, se plantean diversas adecuaciones con la finalidad de ser congruentes con las disposiciones sectoriales que regulan los servicios que presta el Instituto Federal de Telecomunicaciones y dar seguimiento a las tareas de actualización y mejoramiento del esquema de derechos por los servicios que proporciona el citado Instituto, como consecuencia de la implementación de la reforma en materia de telecomunicaciones.
Para servicios sanitarios, se propone dar congruencia a las disposiciones sectoriales que regulan los servicios que presta la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios e identificar correctamente los que proporciona dicha Comisión.
En uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, armonizará el cobro de derechos con las disposiciones sectoriales que rigen los servicios que brindan las dependencias de la Administración Pública Federal, mediante la actualización y el mejoramiento de la Ley Federal de Derechos en congruencia con las reformas y actualizaciones sectoriales para aclarar las facultades de cobro de derecho de las dependencias y entidades, así como de las empresas productivas del Estado.
En materia de minería, se asignará un 2.5 por ciento de la recaudación total que se obtenga de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre este sector a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con la finalidad de que esta cuente con los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la correcta operación y administración del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros.
Igualmente, garantizar una efectiva aplicación de los recursos del mismo en Zonas de Atención Prioritaria, coadyuvando a reducir la marginación, exclusión y en general el rezago social, beneficiando a cerca de 10 millones de habitantes del país que se ubican en regiones mineras.
Al fijar su posicionamiento, la diputada Noemí Guzmán Lagunes (PRI) señaló que el dictamen propone adecuar las tarifas por la prestación de los servicios que presta la administración pública federal en materia consular y migratoria, de radio, televisión y cinematografía, financiera, de sanidad, agropecuaria y acuícola, telecomunicaciones y salud, entre otros.
Expresó su apoyo por considerar que las adecuaciones y actualizaciones significarán mejoras regulatorias y una justa captación de recursos por los servicios y derechos que presta el gobierno federal. Además, porque establece medidas claras para otorgar certeza jurídica en el pago de diversos derechos y ajusta los montos, a fin de equilibrar los costos de los servicios.
El diputado José Antonio Salas Valencia (PAN) manifestó su voto a favor, porque el dictamen se construyó a fin de que el cobro de derechos sea justo, ágil y rápido para quien los paga, pero, además, acorde con las necesidades de ingresos del Estado.
Comentó que se proponen adecuaciones a los cobros por los servicios de radio, televisión cinematografía, servicios consulares, telecomunicaciones, educación y salud, los cuales permitirán que ingresen al gobierno recursos adicionales en una época presupuestal donde existe la necesidad de más recursos.
En tanto, el diputado Waldo Fernández González (PRD) se pronunció a favor del dictamen, al señalar que los cambios en la normatividad administrativa hacen necesaria la permanente actualización de las contribuciones establecidas en la Ley Federal de Derechos y apoyó las adecuaciones a los diversos cobros en diferentes materias.
Mencionó que su bancada logró que los recursos del Fondo Minero mejoraran en su destino, como se establece en el artículo 271, y aclaró que el PRD “no está en contra de todo ni de todos, ni pretende promover la parálisis parlamentaria. Tiene la voluntad de corregir el proyecto del Ejecutivo y eso demanda que nos mantengamos en la lucha y que no cedamos la trinchera en el debate”.
Por el PVEM, la diputada Adriana Sarur Torre dijo que el dictamen se caracteriza por el liderazgo, compromiso y responsabilidad para modernizar sectores como el turismo, la minería, la acuicultura y las telecomunicaciones, que contribuyen de forma importante a la generación del Producto Interno Bruto.
Subrayó que el dictamen pone en el camino de un sistema tributario más moderno, justo y competitivo. Consideró que en un momento crucial para México, donde se exige un mayor compromiso frente el interés público, la justicia fiscal y la equidad tributaria se convierten en premisas imperantes del desarrollo equilibrado del país.
Por Morena, el diputado Juan Romero Tenorio sostuvo que esta reforma de derechos “no busca otro paliativo que la de evadir la responsabilidad de particulares, preferentemente en materia de hidrocarburos”. Por ello, dijo, elimina varias disposiciones de la Ley de Derechos que establecen el pago por el uso de bienes de la nación en el transporte y almacenamiento de hidrocarburos.
Enfatizó que su grupo parlamentario se manifiesta en contra de “esta farsa legislativa, esta simulación que permite una ley a modo para beneficiar a los grandes inversionistas en energía y en hidrocarburos”.
Por MC, la diputada María Elena Orantes López expresó que la propuesta del dictamen es débil, ya que no contiene un sustento que realmente justifique los cambios en algunos montos y la derogación de artículos.
Desde nuestra perspectiva, afirmó, algunos de artículos reformados no cuentan con suficiente sustento que justifique la derogación o variación de sus montos. En consecuencia, “el documento no permite decidir, con bases suficientes, sobre el destino de las propuestas, pues no contiene información que permita considerar una aproximación real al impacto presupuestal que tendrán dichos cambios.
Por NA, su coordinador parlamentario, Luis Alfredo Valles Mendoza, dijo que el dictamen tiene como objetivo actualizar el catálogo de costos administrativos que han caído en desuso, así como eliminar aquellos que por eficiencia fiscal ya no sean aplicables, a través de las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Derechos.
Derivado de lo anterior, “hoy damos nuestro voto a favor del dictamen con la consigna de que Nueva Alianza seguirá proponiendo las adecuaciones que sean necesarias para mejorar las finanzas públicas del país y facilitar el sistema tributario y administrativo del mismo”, acotó.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Encuentro Social) comentó que actualmente nuestro país recauda más dinero y estimó que se tiene que afianzar nuestro sistema impositivo, porque es “lo único que en el futuro nos va a poder sacar adelante”.
Sin embargo, dijo que a pesar de los grandes avances en la recaudación, desafortunadamente no se han logrado los niveles que nuestra economía necesita; por ello, dijo, su compromiso es apoyar las medidas que permitan ingresar mayores recursos.
Durante la discusión, la diputada Ariadna Montiel Reyes (Morena) señaló que el dictamen pretende incrementar el cobro de diversas contribuciones en una proporción desmedida y sin justificación, así como la modificación de criterios para hacerlo sin una base que lo sustente.
El diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya (PAN) aplaudió la eliminación del derecho por autorización o en caso de renovación, por ser miembro del programa Viajero Confiable, lo cual mejorará los servicios en materia migratoria y se fortalecerá y agilizará el flujo de turistas. Se pronunció a favor del dictamen, ya que permite facilitar y mejorar los servicios migratorios de los turistas que se internan en el país.
Reservas
Con 283 votos a favor y 99 en contra se aprobaron en lo particular los artículos 8, 12, 18 A, 22, 27, 28, 29 E, 50 B, 53 G, 53 H, 58 A, 58 B, 186, 232, 239, 268, 275, 288 y Segundo Transitorio.
Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo jueves 20 de octubre, a las 11:00 horas.
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