• Legisladores externan preocupación por altos salarios para la Secretaría Ejecutiva del SNA

26-10-2016.- Diputados de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobaron la opinión respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, que entregarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde recomiendan asignar recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El presidente de esta instancia, diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), explicó que la opinión contempla todas las propuestas y el análisis que se hizo al presupuesto asignado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tomando en cuenta, en su estructura programática, las reformas realizadas en materia de transparencia y anticorrupción.

Además, informó que se consideró la propuesta del grupo parlamentario del PRI respecto al Programa para el Fortalecimiento de la Transparencia en Entidades Federativas; se incluyeron los planteamientos ciudadanos para proporcionar equipo tecnológico a tres ayuntamientos de Tabasco, y las propuestas de las diputadas María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano), Claudia Edith Anaya Mota (PRI) y Lorena del Carmen Alfaro García (PAN).

Castro Vázquez puntualizó que, como integrante de Morena, coincide en que es un exceso lo que se propone para la Secretaría Ejecutiva del SNA, no sólo por los salarios sino por todo el aparato burocrático”; por ejemplo, dijo, se destina mucho dinero a la ASF, “sabemos de sus nuevas atribuciones, pero hay un exceso en el gasto corriente”, precisó.

“Eso nos preocupa en esta opinión, por eso estaremos –en Morena- en abstención, porque consideramos que no se ha analizado con profundidad, no a expensas de quitarle recursos a salud y educación”, aclaró.

En la reunión, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) planteó revisar el salario que se está asignando al Secretario Ejecutivo del SNA, que son 186 mil pesos en promedio. “A mí me gustaría que hoy discutiéramos esto, porque lo que se está proponiendo es casi el doble. Yo quisiera que se fijara igual lo que tenía el secretario anterior”.

Relató que, en el artículo 75 de la Carta Magna, se precisa que la Cámara de Diputados, al aprobar el PEF, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo establecido en la ley, y en caso de que por cualquier circunstancia se omita se tomará la que se hubiera fijado en el presupuesto anterior.

Lorena del Carmen Alfaro García, diputada de Acción Nacional, argumentó que, en términos generales, son necesarios los recursos en el ramo 1-ASF, 32-Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 44-INAI, donde se hace un esfuerzo para asignar dinero orientado a la implementación del SNA. Sin embargo, apuntó, se observa que la Secretaría de la Función Pública cuenta con mayor responsabilidad y el presupuesto de esta importante dependencia está a la baja, y “no hay una opinión de esta comisión al respecto”.

En el ramo 17, diversas organizaciones consultadas señalan que no se están asignando los recursos necesarios para la creación de la Fiscalía Especializada, como sí se contemplaron para otras instituciones que serán necesarias para la puesta en marcha del SNA, denunció.

Del PRI, la diputada Claudia Edith Anaya Mota consideró vital apoyar esta propuesta y coincidió en que se deben analizar las percepciones salariales, pues el SNA intenta mantener todo en un equilibrio, principalmente los sueldos.

Además, planteó incluir en el artículo 1 sobre el ejercicio, control y evaluación del gasto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que no está considerada. Este ordenamiento, en su artículo 69, prevé que los sujetos obligados del Ejecutivo federal deberán poner a disposición del público y actualizar la información sobre el PEF.

La legisladora propuso que en el ejercicio del gasto, las administraciones de los recursos federales puedan ser suspendidas, previo aviso, a las entidades federativas y, en su caso, a municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, cuando no aporten en los plazos previstos los recursos que le correspondan, en cuentas específicas.

Asimismo, se publicarán 15 días antes de la suspensión, las entidades y municipios que no se encuentren en este estado. Con ello, dijo, “abonamos a la transparencia y damos certeza jurídica y financiera a las entidades y los municipios, a fin de que tengan mayor claridad de qué recursos le va a llegar y cuáles no, y la razón de la negativa”.

Anaya Mota también propuso una aportación al artículo 10, respecto a los recursos federales que se asignan al Fondo Metropolitano. Pidió que no puedan participar en los consejos para la ejecución de los proyectos de los fondos metropolitanos, quienes son propietarios, o sus parientes hasta el primer grado consanguíneo, de las empresas que brindan un servicio al Estado.

Por el PRD, el diputado Agustín Basave Benítez afirmó que “los sueldos son altos, no solamente porque estamos en tiempos difíciles económicamente y se necesita un esfuerzo de austeridad, sino porque si se va a crear nueva casta de burócratas perseguidores de la corrupción, y les vamos a pagar demasiado bien, lo que vamos a hacer es reproducir parte del estatus quo, y no van a tener esa visión ciudadana externa que pretendemos posean”.

Su compañero de bancada, el legislador Rafael Hernández Soriano, expresó que se incluyeron propuestas no sólo del Legislativo, sino de especialistas y organizaciones. “Apoyaremos la propuesta, porque hay un desarrollo de la misma y respaldo a Ochoa Avalos, para revisar el tema de las percepciones salariales”.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (PRI) explicó que su grupo parlamentario propuso recursos para la creación del Programa para el Fortalecimiento de la Transparencia a Entidades Federativas (PROTRANSPARENTE), por un monto de mil 481 millones de pesos.

Afirmó que se requiere dar mayor solidez a este régimen de transparencia y anticorrupción; por ello, calificó como justo el planteamiento presupuestal, ya que permitirá echar a andar al Sistema Nacional Anticorrupción.

Los diputados del PRI, Ricardo Ramírez Nieto, Miguel Ángel Sulub Caamal, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Yulma Rocha Aguilar, Laura Mitzi Barrientos Cano y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, externaron su respaldo a la opinión de la comisión, ya que se requiere dotar de recursos a las entidades federativas para el fortalecimiento de la transparencia y dar mejores herramientas presupuestales al SNA.

El diputado José Hernán Cortés Berumen (PAN) afirmó que se debe dar un apoyo adicional hacia los órganos garantes estatales para que sigan con la misión de transparencia. Comentó que si las personas que integrarán el Comité de Participación Ciudadana del SNA van a percibir cien mil pesos, en ese instante “se debería reflexionar si cambia la condición que tienen y se vuelven servidores públicos”.

De Encuentro Social, el legislador José Alfredo Ferreiro Velazco estimó importante dotar de recursos suficientes al SNA; de otra manera, advirtió, no funcionará, pues en algunos estados sólo se audita el 5 por ciento de la obra federal, ya que no hay la infraestructura para ello. También, externó su preocupación para revisar los sueldos.

-- ooOoo --