27-10-2016.- La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), aprobó un dictamen que reforma los artículos 25 y 73 de la Carta Magna, a fin de facultar al Congreso de la Unión a expedir cuatro leyes generales en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, de Mejora Regulatoria, de Justicia Cívica e Itinerante y de Registro Civil.

El dictamen, aprobado por unanimidad, se deriva de diversas iniciativas del Ejecutivo federal, envidas a esta Cámara de Diputados el pasado 28 de abril, así como de una propuesta del legislador Luis Fernando Antero Valle (PAN).

El documento refiere que la legislación en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia (MASC), tendría el fin de hacer más accesible y más eficiente la impartición de justicia en México.

Resalta que en nuestro país, el uso de los MASC es completamente heterogéneo en todas sus manifestaciones y, por lo tanto, resulta imperioso homogeneizar dicha figura.

Respecto a la Ley General de Mejora Regulatoria, el dictamen subraya que se pretende desarrollar una profunda política nacional en la materia y generar un mejor ambiente económico que propicie la competitividad nacional, así como la plena satisfacción de los principios de transparencia, participación ciudadana, la responsabilidad pública, rendición de cuentas, y eficiencia de la acción gubernamental.

Además, garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo e instrumentar un modelo de mejora regulatoria integral que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas.

En cuanto a la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, se pretende que esta norma establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, a fin de acercar la justicia a la gente.

Con la Ley General de Registro Civil, se busca establecer que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, debiendo el Estado garantizar el cumplimiento de estos derechos y la autoridad competente otorgar, de manera gratuita, la primer copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En los artículos transitorios se precisa que esta ley deberá prever la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción; la estandarización de actas a nivel nacional; medidas de seguridad física y electrónica; trámites con firmas digitales; consultas y emisiones vía remota y el diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación de especial vulnerabilidad y marginación.

El dictamen refiere que se propone que sean leyes generales, porque éstas distribuyen competencias entre los distintos órdenes de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación y pueden incidir válidamente en todos los órdenes de gobierno que integran el Estado mexicano, en virtud de que el Constituyente ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones.

Además, una ley general debe tener su origen en una cláusula constitucional que faculte al Congreso de la Unión a dictarla, de tal manera que, una vez aprobada, promulgada y publicada, deberá ser aplicada por las autoridades federales, locales y municipales.

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