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| Boletín N°. 2109 | Se requiere marco jurídico que garantice fiscalización y rendición de cuentas de las Asociaciones Público-Privadas |
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23-09-2016 Ante el aumento de contratos para construir infraestructura en México, a través de las Asociaciones Público-Privadas (APP), es fundamental diseñar nuevos marcos jurídicos que garanticen la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de los recursos que se invierten, además de alentar la participación ciudadana.
Así lo afirmó la diputada Alicia Barrientos Pantoja (Morena) durante la instalación de la Subcomisión de Seguimiento de Proyectos de Asociación Público-Privados, perteneciente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la que será su coordinadora.
Destacó que las APP, como esquemas de contratación, participación o alianzas, sustituyen al Estado en su obligación de ofrecer servicios como salud, educación, seguridad social y pública e infraestructura urbana a la población, dificultando la rendición de cuentas.
Por ello, es imprescindible “vigilar la manera en que los proyectos se licitan, identificar los intereses que verdaderamente hay detrás de éstos, los costos económicos que suponen, el impacto ambiental y social, con tal de reducir los gastos y la distribución de beneficios de los mismos”, aseveró.
Sobre todo por el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 del gobierno federal, dijo, el cual contiene 743 proyectos por un monto total de 7.7 billones de pesos en los sectores de comunicaciones y transportes, energía, obra hidráulica, salud, desarrollo urbano, vivienda y turismo.
Barrientos Pantoja comentó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, se propone la entrega de 11 proyectos a la iniciativa privada hasta por 25 años, que compromete el pago de 18 mil 860 millones de pesos. Por ello, dijo, es de “vital importancia que se vigilen los recursos públicos que se ejercerán”.
Al participar, el diputado Independiente, Manuel Clouthier Carrillo, afirmó que en la figura de las APP, el capital, los riesgos y el beneficio deben compartirse entre la iniciativa privada y el gobierno. Sin embargo, hay muchos casos donde el empresariado “traslada al gobierno los costos, pero no los beneficios. Eso es un acto de corrupción disfrazado de legalidad, que no se puede permitir”, subrayó.
Recordó la facultad que tiene la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto y fiscalizar su debido ejercicio. Urgió a no atentar contra el interés general de la nación, con este tipo de asociaciones.
La diputada de Morena, Araceli Damián González, expresó su preocupación por los proyectos de las APP, porque se vinculan con los derechos fundamentales de los mexicanos, como el acceso a la salud. Por ello, propuso “la revisión del marco jurídico para eliminar los huecos legales” que pueden aprovecharse para no compartir riesgos en igualdad de condiciones.
Urgió a revisar la correcta aplicación de recursos públicos e identificar estrategias, para obligar a esas corporaciones privadas a cumplir sus obligaciones y actuar conforme a la ley en contra de quienes no la cumplan. “Es una tarea titánica que debe lograrse”, dijo.
Refirió que “se ve una serie de irregularidades en la construcción de hospitales, tema relevante porque se compromete ese derecho. Hay nosocomios en Mérida, Yucatán, que debieron haber operado desde el 2015 y la empresa privada no ha cumplido su obligación de entregar la obra”.
Por el contrario, la compañía ha interpuesto una demanda judicial en tribunales internacionales y el gobierno mexicano enfrenta un juicio con la erogación de recursos que pudieron invertirse en otros propósitos.
El diputado Francisco Javier Pinto, de Nueva Alianza, se comprometió a vigilar el uso de recursos públicos por más de 18 mil millones de pesos en las APP para el próximo año. Convocó a estar pendientes de las licitaciones, de los intereses existentes y del impacto económico y ambiental, para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, a fin de dar respuestas a la ciudadanía sobre cómo y en qué se gasta el presupuesto.
Aclaró que nadie en su sano juicio está en contra de la inversión privada, ya que genera el mayor número de empleos en el país, pero “sí debemos estar atentos en la forma en que se gasta el dinero en las Asociaciones Público-Privadas, porque es ahí donde se puede lograr que verdaderamente funcionen estas inversiones en beneficio de los ciudadanos. Deben compartirse los riesgos y no sólo recuperar la inversión y tener una utilidad”.
El priista Javier Guerrero García señaló la importancia que tiene la ASF para fiscalizar el uso del dinero en las APP. Propuso una reunión con autoridades de la Auditoría, con el propósito de conocer el nivel de cumplimiento de los contratos y obligaciones por parte de las empresas privadas que invierten en este esquema.
La idea es identificar las inconsistencias de las auditorias, las observaciones sobre el perfil de los contratos, en particular de la infraestructura hospitalaria, para recuperar la función de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados. “Es estratégico el trabajo que se desarrolle con la ASF para generar una agenda de realización de auditorías”.
Por otra parte, los integrantes de la Subcomisión aprobaron por unanimidad el Plan de Trabajo, el cual prioriza la vigilancia de los proyectos de las APP, en apego al marco jurídico, para asegurar el control, fiscalización y transparencia de los operadores.
Asimismo, acordaron elaborar un estudio y actualización legislativa que fortalezca los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el monitoreo de los distintos proyectos de infraestructura que se plantean realizar en el país, mediante un ejercicio adecuado del gasto público que garantice la existencia de derechos de los ciudadanos, como el acceso a servicios públicos.
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