26-09-2016.- Integrantes de la Comisión de Protección Civil, que preside la diputada María Elena Orantes López (MC), manifestaron su preocupación ante el recorte de 50 por ciento a los recursos presupuestales para 2017, destinados al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN).

Durante una reunión de trabajo, la legisladora apuntó que aun cuando no se puedan incrementar los recursos a estos rubros, por ley tampoco pueden reducirse, y esa disminución, destacó, impedirá atender adecuadamente la prevención de desastres.

Señaló que estarán pendientes del tema y de las leyes de Asentamientos Humanos y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual está muy vinculada a los asuntos en los que debemos colaborar, para alcanzar las metas establecidas en acuerdos internacionales en materia de prevención.

“La única manera de avanzar es cuando las propuestas vienen de todas las áreas que se ocupan y preocupan por lo que vivimos con estos siniestros”, subrayó.

Al participar, la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (PRI), secretaria de esta instancia legislativa, se pronunció por incorporar en la Ley de Obras Públicas la gestión integral de riesgos, para reducir los que hay y prevenir la aparición de nuevos peligros, además de incorporar conceptos como el de resiliencia.

Indicó que la construcción debe regirse por una nueva visión preventiva, a incorporarse en políticas públicas transversales, que permita disminuir los impactos de desastres, en lo económico y en vidas humanas.

“Cada quien construye como se le da a entender, no a través de un mecanismo que contemple las siete etapas de la gestión de riesgo; no hay reglamentos de construcción estatales o uno que involucre a los 32 estados, ni criterios de construcción”, subrayó.

Planteó la necesidad de analizar los Atlas de Riesgos para la toma de decisiones –ya sean comunitarios, municipales, estatales o nacionales, pues son el instrumento de planeación por excelencia— y vincularlos a la legislación.

El diputado del PRI, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, afirmó que “son pocos los recursos y no podemos darnos el lujo de mal dirigirlos o no aprovecharlos en la obra pública”.

El sector de la construcción de infraestructura crea empleo, genera un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto y contempla 66 ramas que mantienen de pie al país, expresó.

Manifestó la importancia de que las empresas contratadas para la construcción de infraestructura puedan ejercer los recursos en tiempo, y que al menos 30 por ciento de la mano de obra que empleen sea de la localidad donde se desarrolla la obra.

Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo Luján manifestó el compromiso de este organismo con la sociedad, integrando factores relevantes de prevención y atención de desastres en torno a la industria de la construcción.

Consideró necesario modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de protección civil, e incluir conceptos que permitan facilitar y fortalecer la adopción de medidas por parte de las constructoras de infraestructura en el país, con enfoque de prevención de desastres.

Expresó su preocupación por la reducción del presupuesto al sector para 2017, e insistió en que los recortes de recursos deben ser en el gasto corriente, no en inversión; se pronunció por buscar mecanismos para alcanzar porcentajes positivos en la industria de la construcción.

Afirmó que ésta es la segunda actividad con mayor capacidad de generación y conservación de empleos, y “quien tenga visión de Estado debe entender que ello es fundamental para evitar consecuencias que tienen que ver con inseguridad, falta de desarrollo o crecimiento”.

Se pronunció por estrechar vínculos con los legisladores para impulsar y fortalecer una nueva cultura de atención de desastres, de acuerdo con las Siete Metas del Marco de Acción para la Reducción de Riesgos de Desastres, definidas en Japón, en 2015.

Además, aumentar estrategias nacionales y locales para reducir los riesgos de desastres, evitar las muertes y minimizar pérdidas económicas. “Nadie puede estar ajeno a este problema común, en el que debemos buscar la solución entre todos”, subrayó.

Durante la reunión, se avaló un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales y municipales a incrementar la coordinación entre sus unidades de protección civil y gestión de riesgo, para llevar a cabo medidas de mitigación de riesgos, resguardo de la integridad física y vida de la población, y disminuir eventos adversos originados por el almacenamiento, uso, comercialización y manejo de juegos pirotécnicos en ferias y festividades tradicionales y patronales.

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