26-09-2016.- La Comisión de Agua Potable y Saneamiento se reunió con especialistas en organismos operadores de agua de Michoacán, Jalisco, Colima y Aguascalientes, quienes se pronunciaron por una administración más eficiente del vital líquido, despolitizar el tema y crear un ente regulador que vigile las tarifas.

En el marco del análisis de la Ley General de Agua, el presidente de la instancia legislativa, diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), estimó importante conocer a detalle logros y deficiencias de los organismos operadores, así como en qué aspectos podría aportar esta Cámara en un marco normativo más amplio que permita que este ejercicio sea puntual, transparente y de alta participación ciudadana.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena) destacó la importancia de conocer las distintas perspectivas con respecto a la administración del agua.

Cuestionó cómo hacer una campaña de concientización respecto al incremento de las tarifas del agua y cuánto deben aumentarse, y sobre la restricción para personas que no pueden pagar el servicio.

En tanto, el diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez (PAN) pidió la opinión de los especialistas referente a contar con una tarifa subsidiaria estilo CFE y respecto a un incremento escalonado.

El ingeniero Humberto Blancarte Alvarado, gerente regional de Desarrollo de Negocios CAASA, Aguascalientes, estimó que deben existir reglas claras con un marco contractual y regulación generalizada en la prestación del servicio de agua y alcantarillado.

Un plan de apoyos financieros en función de diagnósticos actualizados y profesionalización y certificación de los prestadores del servicio. Además, definición de indicadores para la evaluación del servicio; subsidio del Estado hacia servicios municipales, agilidad en la asignación de los recursos federales y certidumbre jurídica en la participación privada en proyectos de agua.

Por su parte, el ingeniero Jorge Rubio Olivares, director general del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Piedad, Michoacán, planteó profesionalizar la dirección de los organismos operadores con experiencia en sector; regular la certificación del personal, tarifas subsidiadas de energía eléctrica para equipos de bombeo, fuentes de abastecimiento de agua potable y plantas de tratamiento.

También despolitizar la autorización de las tarifas, establecer criterios claros para la restricción y suspensión del servicio y otorgar mayores recursos a los organismos operadores; un programa que regule fuentes de abastecimiento, y crear un ente regulador a nivel nacional para las tarifas que vigile y exija el cumplimiento de las eficiencias físicas y comerciales.

Estimó que de no fortalecer la condición actual institucional legal, técnica, económica, financiera y comercial, el deterioro de los organismos operadores aumentará y se tendrán mayores problemas y deficiencias en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.

En su turno, el director general de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima, Óscar Valencia Montes, propuso un periodo para aplicar medidas de apremio uniformes en el país, es decir, no dejar solo a un organismo que trata de ser eficiente.

Estimó que las tarifas deben crecer de acuerdo a un esquema que se mantenga rentable, porque si no se corre el riesgo de perder el equilibrio que se tardó años en conseguirse. Si no crece “te vuelves incompetente”.

El director general del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, César Abarca Gutiérrez, propuso incentivos a los buenos organismos de acuerdo con los indicadores que presenta la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Consideró que se debe blindar la política del agua con algunas acciones que den solvencia al vital líquido, pero, sobre todo, al servicio que se tiene que garantizar a la ciudadanía. Destacó que no se debe temer al asunto tarifario, ya que es importante atenderlo como otros servicios. También planteó incentivar a organismos eficientes con base en indicadores y garantizar el servicio que merece la población.

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