• Aprueban diputados cambios a la Ley de la Economía Social y Solidaria

27-09-2016.- Con 442 votos a favor, el Pleno avaló el dictamen que establece como un fin del sector social de la economía, el promover los valores de los derechos humanos, de la inclusión social y, en general, del desarrollo integral del ser humano.

El dictamen, que modifica diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que la intención primordial es promover los derechos humanos, objetivo que está entre las acciones que puede llevar a cabo la población en el ejercicio de su autonomía.

Argumenta que la inclusión de conceptos como “promoción de derechos humanos” e “inclusión social”, son medidas con las que el Poder Legislativo coadyuva para lograr el desarrollo integral de las personas que componen los organismos que dan vida al sector social de la economía.

Tales conceptos abonarán a crear nuevas perspectivas en los propios integrantes del sector y su relación con las obligaciones del Estado en materia de salvaguardar los derechos humanos; asimismo, contribuirá a generar mecanismos para el respeto a las diferencias, tolerancia y trabajo en conjunto, explica.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputada Norma Xochitl Hernández Colín (Morena), señaló que hoy se incorporan los preceptos de promoción de derechos humanos e inclusión social a los fines perseguidos por ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas y todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Con esos términos, se coadyuvará a ampliar las formas de defensa de los derechos humanos de los integrantes del sector con respecto a la interacción con la administración pública del Estado, y generar mecanismos que fomenten el respeto de las diferencias, la tolerancia y el trabajo en conjunto, generando mejoras en las relaciones dentro de cada organización social.

El dictamen, expuso, está estrechamente vinculado y armonizado con la reforma constitucional de junio de 2011, por medio de la cual se amplía el reconocimiento y protección de los derechos humanos en el país. “Las modificaciones se erigen como una base sólida que genera armonía a pesar de las diferencias que motive el respeto y la sana convivencia entre las personas”.

En los posicionamientos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Encuentro Social) resaltó que la noción del respeto y de la vigencia a los derechos humanos, así como el compromiso con la inclusión social, son temas “por los que trabajamos y sabremos colaborar, sin regateos ni mezquindad, con otras fuerzas políticas”.

Indicó que con la transversalidad de estos valores se beneficiará a ejidos, comunidades, organizaciones, sociedades cooperativas y empresas con participación de trabajadores; se fomentan nuevas perspectivas y se coadyuva para que el respeto, la tolerancia y el trabajo en el equipo se incorporen a su estilo de vida, contribuyendo a la promoción de los derechos humanos.

Carmen Victoria Campa Almaral, legisladora de Nueva Alianza, puntualizó que promover el valor de los derechos humanos en este sector, ayudará a crear una sociedad en crecimiento, pero sobre todo respetuosa de las garantías fundamentales de la colectividad, y contribuirá con mecanismos que propicien el respeto a las diferencias, a la tolerancia y al trabajo en conjunto.

De acuerdo con la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), en los últimos 10 años México se ha posicionado entre las naciones más desiguales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos después de Chile.

Por Movimiento Ciudadano, la legisladora Rosa Alba Ramírez Nachis argumentó que México necesita mejorar su productividad e inclusión social. La prioridad es acabar con la pobreza, definir mayores programas que ayuden a prevenir la desigualdad social, así como promover los derechos humanos en la inclusión social para que se desarrolle una mejor calidad de vida.

Calificó como un acierto incluir dichas modificaciones y dar certeza y seguridad a la responsabilidad social, mejorando la economía local, regional y complementando un mayor crecimiento para México.

El diputado Renato Josafat Molina Arias (Morena) indicó que las cooperativas se han basado en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y se han ampliado los de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación; por los demás, y con el dictamen, se incorpora la promoción de los valores de los derechos humanos y la inclusión social a los fines y valores del sector social de la economía nacional.

Relató que la presencia del movimiento cooperativista en el país ha sido fuerte y de avanzada, y en algunos momentos ha sido apoyado por el Estado. Estas organizaciones crean empleos productivos, ofrecen productos y servicios a la sociedad. Protegen a sus socios y favorecen la inclusión social, y el dictamen “refuerza el sentido de inclusión y de respeto a los derechos humanos que existen en el sector social de la economía”.

Virgilio Mendoza Amezcua, diputado del PVEM, expresó que la creación y fomento de empresas cooperativas autogestionarias se han constituido como excelente opción para generar empleos y bienestar a la sociedad, no solo en tiempos difíciles sino también en momentos de estabilidad económica, pues se ha demostrado que este tipo de entidades poseen una mayor capacidad de respuesta ante los problemas contemporáneos de la economía.

Se manifestó a favor del dictamen por su contenido, nobleza y oportunidad, pues se trata de legislar en beneficio de las clases sociales más desprotegidas y con mayor urgencia económica del país, especialmente en un contexto de dificultad financiera como el que hoy se enfrenta.

Del PRD, el diputado Héctor Javier García Chávez, precisó que una economía basada en la inclusión social supone no dejar fuera a nadie y asentada en los derechos humanos pone de relieve que la actividad económica no puede realizarse a ultranza.

Es una reforma sencilla que modifica la visión que se tiene de la economía. La inclusión social es una noción que reclama el compromiso de una sociedad, de su gobierno y de sus agentes económicos, y los derechos humanos nos sitúan en una reflexión más profunda.

Luis Fernando Antero Valle, de Acción Nacional, consideró que la economía social se funda en el principio de cooperación humana; por ello, se coincide con la propuesta de fortalecer el enfoque de inclusión y de respeto a los derechos humanos en la economía social y solidaria del país.

Se genera una nueva cultura de participación y corresponsabilidad, imprescindible para el crecimiento compartido. Se fortalecen las relaciones de confianza entre las personas y se fomenta el espíritu emprendedor activando las capacidades personales. “Estamos seguros de que en el sector social de la economía habrá un nuevo impulso que contribuirá a combatir en mucho la pobreza y la marginación”.

El diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (PRI) expuso que el dictamen expresa la preocupación sobre el reconocimiento de los derechos humanos dentro del sector de la economía social, que han sido suscritos en instrumentos internacionales de los que forma parte nuestro país.

Se impulsa el reconocimiento de la inclusión social como una de las medidas en donde el Poder Legislativo coadyuva para poder lograr el desarrollo integral de las relaciones entre productores y autoridades que dan cabida a la participación, al reconocimiento y al respeto de las oportunidades de los productores por parte de organismos que le dan vida al sector social en la economía.

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