28-09-2016 Al instalar la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, su presidente, diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), sostuvo que esta instancia trabajará para que los empresarios, prestadores de servicios, usuarios y población que depende económicamente de la operación del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez tengan la certeza de que la inversión y sus patrimonios no serán afectados.

El legislador dijo que la construcción de la terminal aérea es una obra necesaria y benéfica para el país; por lo mismo, enfatizó, “tiene que ser cuidada por todos los involucrados para evitar opacidad y decisiones unilaterales, corrupción, tráfico de influencias o el intento de dejar sellos partidistas con recursos públicos y, con ello, daños a las instituciones”.

Agregó que “es momento de demostrar que se puede dar certeza a la población de que los funcionarios públicos sí cumplimos con la ley, que podemos garantizar a la ciudadanía que las grandes obras se realizan pensando en el bienestar general y no en los negocios de algún grupo en el poder”.

Reiteró que no es una obra aislada, sino un trabajo que impactará a toda la megalópolis y si se cuida bien, también al país; por ello, apuntó, es necesario dar certeza de su viabilidad, ya que se espera que el nuevo aeropuerto tenga una vida útil de 50 años.

Detalló que se intercambiará información con instancias del gobierno federal como las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Comunicaciones y Transportes, y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, así como las dependencias locales de la Ciudad de México, las de Desarrollo Económico, Finanzas y Obras.

Mencionó que los espacios de planeación estratégica para equilibrar el desarrollo de la Ciudad de México y la megalópolis, son en materia de infraestructura, empleo, educación y servicios, con la entrada en operación del nuevo aeropuerto.

Destacó que se han realizado 42 asambleas para informar de la obra y hacer partícipe a la ciudadanía, ya que, de acuerdo con estudios, el actual aeropuerto cuenta con 2 mil 700 unidades económicas, más de 60 mil empleos permanentes y una derrama económica que beneficia a 431 mil familias que habitan la Ciudad de México.

El diputado dijo que entre los objetivos de la comisión especial esta buscar un catalizador de desarrollo económico para quienes habitan el actual aeropuerto; además, les interesa que la obra pública sea un ejercicio tangible de transparencia y que todo contrato y decisión de interés público se dé bajo el más estricto apego a las buenas prácticas en esta materia.

Apuntó que el escenario del alza del precio del dólar ha obligado a elevar la perspectiva de aumento de los costos de construcción, pasando de 169 mil millones de pesos iniciales el 3 de septiembre 2014, a más de 185 mil millones.

Enfatizó que otra de las metas de la comisión especial es que el usuario tenga la garantía del costo final del aeropuerto y que las condiciones contractuales de los fideicomisos y líneas de crédito no incluyan aumentos futuros y, de existir, se informe con anticipación. “No podemos permitir que continúe la violación de los derechos de los usuarios alrededor de la fuente del financiamiento de la obra”.

La diputada María Guadalupe Alcántara Rojas (PRI) mencionó que esta instancia tiene la responsabilidad de vigilar el desarrollo que tendrá el país y la ciudadanía en diversos ámbitos.

“No será una construcción fácil, ya que es una época difícil en la economía del país, pero estamos seguros que para conseguir el desarrollo de México se debe fomentar la movilidad. Hoy tenemos un aeropuerto saturado, lo cual no permite impulsar el turismo y acelerar el crecimiento económico”, explicó.

La diputada María De La Paz Quiñones Cornejo (PRI) resaltó que es necesario dar seguimiento a la transparencia y garantizar la sustentabilidad del proyecto, pues esta obra permitirá un mayor desarrollo para los habitantes.

Llamó a trabajar en conjunto y buscar que esta ciudad brinde a todos los viajeros la mejor de las opciones en materia aérea.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (Morena) apuntó que su grupo parlamentario está en desacuerdo. No es el momentos adecuado para realizar un gasto de más de 169 mil millones pesos; por ello, se presentó una propuesta realizada por especialistas para potencializar lo que ya se tiene.

Sin embargó, refrendó su compromiso para estar pendiente de las obras y licitaciones de los contratos, ya que “nos preocupa que se desvíen los recursos y dar certeza a quienes laboran en el aeropuerto”.

Finalmente, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Zamora Zamora, indicó que la instalación de la comisión es una gran oportunidad para que nuestro país demuestre que tiene instituciones serias y sólidas.

Además, agregó, representa desarrollo para la ciudad y la construcción de un nuevo aeropuerto permitirá sustituir el funcionamiento del actual, que está colapsado.

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