05-04-2017 Desde la creación en 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha atraído 48 casos, de los cuales sólo se han logrado tres sentencias, informó Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.

En reunión con la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, la funcionaria sostuvo que la FEADLE ha tenido conocimiento de 114 homicidios de periodistas ocurridos desde el 2000 hasta el pasado mes de febrero integrando 42 expedientes, 32 averiguaciones previas y 10 carpetas de investigación en los que el móvil principal derivó del ejercicio de la actividad periodística de las víctimas.

Ricardo Celso Nájera Herrera, titular de la FEADLE, afirmó que en los casos de los periodistas Miroslava Breach, del periódico “La Jornada”; Ricardo Monlui, director del portal “El Político de Xalapa”, y Cecilio Pineda Birto, director del diario “La Voz de la Tierra Caliente”, se trabaja con el apoyo de todas las instituciones, es decir, servicios periciales, policía de investigación y el personal necesario para multiplicar las capacidades y obtener un resultado en el menor tiempo posible.

La presidenta de la Comisión Especial, Brenda Velázquez Valdez (PAN), mencionó que con cuatro asesinatos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión, tan sólo en el mes de marzo, es claro que las políticas de prevención y de procuración de justicia del gobierno de la República son ineficaces e ineficientes.

La realidad ha superado el marco normativo, por lo que conminó a las comisiones a analizar con prontitud las iniciativas que tienen en sus manos para buscar mejorar el escenario de prevención y protección al periodista.

Ante la situación de violencia contra periodistas y la libertad de expresión, “hago un llamado al secretario de Gobernación para que garantice la seguridad de los comunicadores y a la Procuraduría General de la República para que se castigue a los responsables, indicó.

La diputada Lia Limón García (PVEM) preguntó sobre cuántas entidades cuentan con una fiscalía, los casos atraídos por la FEADLE, y qué cantidad han resultado en sanción para los agresores.

Consideró que los casos no debieran ser atraídos al ámbito federal, pues a nivel estatal se puede tener mayor información, permitiendo mayor avance.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) señaló que “a ningún periodista le sirve apretar un botón de alarma, lo que necesita son medidas de protección para desarrollar su trabajo”.

El diputado Exaltación González Ceceña (PAN) expresó que los periodistas son seres humanos, tiene hijos y padres y la autoridad está obligada a dar protección. “Ustedes nos vienen a dar una serie de explicaciones, pero son sólo de trámites burocráticos y no dan resultados”.

Añadió que para la autoridad, “tres resultados de ciento y tantos casos no es nada”. El problema es la impunidad para encontrar a los autores materiales e intelectuales de las agresiones a periodistas, llámese asesinatos, ataques a la integridad física o materiales, porque también se agreden sus instalaciones y son casos que siguen sin resolverse.

Preguntó a los funcionarios qué le hace falta a la fiscalía para dar verdadera protección a los periodistas.

El priista Cesar Alejandro Domínguez Domínguez propuso presentar un punto de acuerdo que exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar una ampliación presupuestal para el mecanismo de protección y, de esa manera, cumplir con los objetivos establecidos. Asimismo, pidió definir cuál es la línea de investigación sobre el cierre del periódico Norte de Ciudad Juárez, en Chihuahua.

Inseguridad grave para quienes ejercen la libertad de expresión en México

Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, detalló que en los últimos años se ha presentado una situación de inseguridad grave para quienes ejercen la libertad de expresión en México, en especial para los periodistas.

Agregó que de los delitos que conoce la FEADLE desde su creación hasta la fecha, son 368 expedientes por amenaza, 159 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robo, 66 por homicidio, 55 por privación ilegal de libertad y 48 por daño en propiedad ajena.

Respecto a la atracción, a partir de la reforma de 2013, la FEADLE ha ejercido su facultad en 48 casos por delitos de abuso de autoridad, amenazas, homicidio, robo, daño en propiedad ajena, lesiones, privación ilegal de la libertad y tentativa de robo y homicidio.

En cuanto a las medidas dictadas derivadas de denuncias y respectivas indagatorias para proteger la integridad física de los periodistas, en algunos casos a sus familiares, se han promovido 525 solicitudes de medidas ministeriales de protección en favor de 483 personas, 162 víctimas directas y 21 indirectas promovidas ante autoridades de las áreas de seguridad pública en el país, federales y locales, y se aseguró la protección de estas personas beneficiadas.

Explicó que las medidas de protección consisten, principalmente, en la asignación de números telefónicos de contacto de atención del grupo inmediato en seguridad pública, los rondines domiciliarios, asignación de escoltas, entrega de chalecos antibalas, asistencia médica y psicológica y la protección de los inmuebles.

“Nosotros somos conscientes de que el ejercicio de la libertad de expresión es fundamental en una sociedad democrática; el intercambio de ideas y la difusión de información son de interés público, y contribuyen a la rendición de cuentas y a la participación informada de la sociedad”.

Aseguró que están atendiendo en sus términos la recomendación 24 de la CNDH para asegurar que los agentes del Ministerio Público integren debidamente las indagatorias, realicen todas las diligencias necesarias y agoten todas las líneas de investigación para sustentar sólidamente todas las determinaciones que dicten en su momento.

También se busca la coordinación con las procuradurías y fiscalías de las entidades, y revisar con ellas aquellos expedientes iniciados con motivo de los probables agravios a periodistas, para que pueda ejercerse la libertad de expresión. “Estamos intensificando la relación con los fiscales y procuradores”, afirmó.

En tanto, el titular de la FEADLE, mencionó que este órgano tiene acercamiento con 28 entidades, para brindarles cursos a periodistas y servidores públicos sobre derechos humanos, libertad de expresión y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Se ha logrado impartir más de cinco mil cursos, y con ello, “hemos observado que en estas entidades se han reducido las agresiones a los periodistas”, sostuvo Nájera Herrera, y afirmó: “Estamos tratando de que cuando un periodista reciba una agresión menor, sea atendido por la delegación federal cuando ellos manifiesten tener desconfianza de las autoridades estatales”.

Expuso que en las dos agresiones a periodistas en el estado de Veracruz se tiene una carpeta de investigación abierta y comunicación con el fiscal; en el caso de Cecilio Pineda, comunicador de Guerrero, desde el momento en que sucedieron los hechos, cooperó este organismo con el gobierno estatal y se integraron las carpetas paralelas para ver quién puede judicializar el tema.

Indicó que se tuvo cercanía con el periodista, ahora fallecido, para que, en su momento, presentara una denuncia; sin embargo, no quiso acercarse a la autoridad, “siempre dijo que lo haría, pero no lo hizo”.

Sostuvo que se está trabajando duro y se tienen varias líneas de investigación sobre este homicidio. “No hemos cerrado ninguna, para obtener un resultado en el menor tiempo posible”.

Respecto al asesinato de la periodista Miroslava Breach, informó que entabló conversaciones con el fiscal de Chihuahua desde el primer momento, para implementar el manejo de los datos.

“Ella era una persona importante en su estado, con gran penetración por sus notas; por ello, no hemos descartado ninguna línea de investigación hasta no tener la certeza de que alguna ya se puede comprobar y encontrar a los responsables”.

Finalmente, apuntó que en el caso de Armando Arrieta, se le brindaron las medidas de protección; sin embargo, reiteró que es necesario reforzar la seguridad pública, mejorar la impartición de justicia, lo cual, dijo, no puede esperar mucho tiempo, porque es una problemática que afecta a toda la sociedad.

Veracruz está en una situación de alarma

Ana Laura Pérez Mendoza, fiscal de la Comisión para la Atención y Protección a los Periodistas de Veracruz, dijo que esta entidad se encuentra en una situación de alarma, por lo que la FEADLE atrajo siete casos; no obstante, no hay resultados y se deben a las fiscalías locales. “Lo que queremos es justicia y que se venza la impunidad, que haya detenidos y, además, con todas las garantías de que es una investigación profesional”, resaltó.

Manifestó que “mientras no se venza la impunidad, el mensaje es que al Estado no le importa que cualquiera puede agredir a un periodista y no le va a pasar nada”.

Refirió que en tanto no se contenga la impunidad y el Estado no ponga toda su fuerza en detener a los responsables de las agresiones, no se logrará combatir la vulnerabilidad.

David Augusto Sotelo Rosas, subsecretario para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de Guerrero, comentó que el gobernador ha remitido al Congreso local una iniciativa de ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, a fin reglamentar las obligaciones institucionales y la creación de un mecanismo de protección.

Resaltó que la entidad trabaja en este mecanismo, el cual ya tiene a una serie de periodistas que han solicitado este protocolo de seguridad.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) resaltó su preocupación por la vida de los periodistas, debido a que no se ha valorado lo suficiente su trabajo que está en riesgo, frente a lo cual los gobiernos estatales, federal e instancias como la fiscalía, tienen la obligación de ver por ellos.

Propuso convocar a los periodistas para definir lo que se puede hacer en la ley, así como en el Poder Ejecutivo y el Judicial, debido a inseguridad creciente en el país.

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