• Se requiere establecer alertas sobre estos delitos, sin menoscabo de la libertad de información y privacidad de usuarios: Martínez Guzmán

• También, trabajar unidos diputados, policía cibernética y empresas de redes sociales

10-04-2017.- La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES), presidenta de la Comisión Especial de prevención y erradicación de la pornografía y abuso sexual infantil, informó que en coordinación con otras comisiones ordinarias elaborarán una iniciativa para regular los servicios que se prestan a través de la Internet y facilitar la identificación de posibles delincuentes en las redes sociales que promuevan estos delitos.

Esta normativa se impulsará “sin menoscabo de la libertad de información, y cuidando la privacidad de los usuarios”. El propósito, enfatizó, es que “no sea letra muerta y que cuando se aplique otorgue un verdadero apoyo para erradicar de México estos delitos”, aseveró.

Estimó esencial trabajar de forma unida diputados, grandes corporativos internacionales que han desarrollado nuevas tecnologías y policía científica, con el propósito de prevenir y erradicar estos dos ilícitos que exigen atención integral.

A través del nuevo marco jurídico, se busca que las redes sociales establezcan programas que alerten sobre pornografía y abuso sexual infantil, para que se conecten con la policía cibernética, explicó.

En reunión de trabajo, la legisladora por Jalisco aclaró que esta alerta deberá diseñarse muy bien, porque se busca detectar un eventual delito contra los menores, “sin vigilar los contenidos ni mucho menos lo que se hace en la red, respetando la privacidad, pero si con la posibilidad de estar atentos de la incidencia delictiva, desde las plataformas gratuitas que hoy existen, para favorecer el trabajo que la policía cibernética realiza para identificar a los delincuentes”, precisó.

Resaltó que la policía cibernética persigue los delitos de la pornografía y abuso sexual de la niñez con antelación, pero podría involucrarse en la prevención, lo cual ayudará “a cerrar la pinza”.

Comentó que esta corporación de seguridad tiene una plantilla reducida de personal, por lo que deberá revisarse su situación presupuestaria, para dotarla de más recursos y pueda mantener la calidad profesional con la que investiga. “Se necesita generar estrategias para apoyarla y lograr desmantelar grupos delincuenciales”.

Martínez Guzmán informó que la policía cibernética ofrecerá un taller a los diputados para que conozcan a detalle la forma en que detectan y atienden estos delitos, así como las plataformas tecnológicas que utilizan. Aseguró que en reuniones con esa corporación policial, los funcionarios muestran amplia disposición para combatir esos ilícitos que lesionan a los menores.

Informó que en próximos encuentros con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los diputados plantearán la necesidad de que esa dependencia, a través de los protocolos que maneja, defina una estrategia a nivel nacional para prevenir el abuso en redes sociales, a través de las escuelas e involucrar a la familia.

Recientemente, la SEP concluyó un Protocolo de Atención en las Escuelas, pero sólo para la Ciudad de México, y el objetivo es hacerlo extensivo a toda la República.

El diputado Jesús Valencia Guzmán (PRD) destacó la relevancia de que integrantes de la Comisión Especial se hayan reunido con diversas empresas dedicadas al desarrollo de nuevas tecnologías en Internet, especialmente con Google, Facebook, Twitter, Youtube y Microsoff, las cuales expresaron su disposición a contribuir en prevenir y combatir la pornografía y abuso infantil.

“Debe alertarnos el hecho de que un niño, al ingresar a Google, en tres pasos tiene el riesgo de interactuar con un adulto, quien se puede hace pasar por alguien de su edad, ganar su confianza y abusar de la circunstancia”.

Señaló que las empresas propusieron incluir en sus servicios una serie de alertas para los niños, a fin de que no ingresen a ciertos espacios de riesgo. “Es un tema en el que se puede colaborar y aportar ideas y estrategias, porque en el impacto de las nuevas tecnologías estamos todavía muy limitados, sobre todo en la normatividad y en la prevención, que los gobiernos no hacen en ninguno de sus tres niveles”.

En particular, urgió a las administraciones estatales y municipales a sumarse decididamente a combatir estos ilícitos, y no dejen toda la responsabilidad del gobierno federal, sobre todo cuando los niños acceden a más temprana edad a las redes sociales y las manejan mucho mejor que los adultos, ya que “ubican funciones que los padres, aunque manejen una tableta o computadora, no tienen la pericia de ingresar tan profundamente como lo hacen los menores”.

Por Morena, la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal enfatizó que los niños de la calle son prostituidos por sus mismos padres a cambio de que les ofrezcan dinero o comida, por lo que llamó a atender esta situación con las autoridades y frenar los abusos sexuales de que son víctimas.

Consideró que este sector es el más vulnerable, porque los menores fuera del hogar no tienen ninguna protección. Resaltó que el Internet es otra ventana que alienta hechos delictivos en contra de los infantes.

De Movimiento Ciudadano, la legisladora Marbella Toledo Ibarra comentó que en pornografía y abuso sexual infantil el campo es muy amplio; refirió el trabajo en hospitales de pediatría en Acapulco, Guerrero, donde se observan muchos casos tristes de menores que son otorgados en adopción irregular.

Por ello, propuso que las actividades de los legisladores se vinculen con el DIF a nivel estatal y municipal, a fin de verificar que se cumplan los protocolos de adopción estrictamente y evitar que los niños en esta condición corran más riesgos de ser abusados o explotados por la pornografía.

Resaltó que la sociedad en su conjunto debe cooperar para proteger a los niños y alejarlos del impacto de delitos que los lastima de por vida, en caso de ser víctimas de ellos.

Por otra parte, los diputados de la Comisión Especial aprobaron el Plan de Trabajo anual, que tiene como prioridad revisar la legislación vigente; impulsar que los congresos locales legislen en la materia, y generar alianzas con instituciones públicas de los tres niveles de gobierno para prevenir y erradicar estos delitos.

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