• Comunicadores, el 35 por ciento de 509 personas protegidas, afirma Patricia Colchero, de Segob

24-04-2017.- La diputada Lia Limón García (PVEM), secretaria de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, sostuvo que los retos para atender y resolver la inseguridad que enfrentan los comunicadores, son erradicar la impunidad y fortalecer las fiscalías en las entidades para la investigación de los casos y el compromiso de las mismas para hacerlo.

Durante el foro “La libertad de expresión en México”, organizado por la Comisión Especial, apuntó que “a pesar de avances y esfuerzos que se han hecho, se siguen enfrentando retos, como la impunidad que prevalece. Eso es una realidad, porque hay muchos casos de agresiones a periodistas que no han sido sancionados, y mientras no se reduzca la impunidad va a ser difícil avanzar en abatir ese número”.

Muchas de las agresiones a comunicadores que se registran en los estados, no son debidamente atendidas en la mayoría de las veces, por lo que “hay un reto muy importante y un pendiente”.

Debe “apostársele más al fortalecimiento de las fiscalías estatales”, porque se cuenta con más elementos a nivel local que desde la Procuraduría General de la República (PGR), para investigar y sancionar en tiempo y forma.

Limón García consideró conveniente que solamente se aplique la facultad de atracción por la PGR, particularmente en aquellos casos donde hay sospecha de que quienes pudiesen estar involucrados en una agresión a periodistas sean autoridades de la entidad federativa, donde es entendible y justificable ejercerla.

Patricia Colchero Aragonés, coordinadora ejecutiva nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que entre los principales retos en materia de protección es “pulir las evaluaciones y criterios de riesgos para adecuarla al marco normativo y a la sociedad, mediante la metodología implementada en los últimos dos años”.

Sobre la prevención, “tenemos que llegar a las causas estructurales que propician que periodistas y defensores tengan estos riesgos y agresiones, con todos los sectores: autoridades federales, estatales y sociedad civil, a fin de que sea un modelo que se replique en las entidades”. Se ha creado un plan de contingencia que focaliza dicho origen, y sólo resta aprobarlo, precisó.

Indicó que a la fecha, son 509 personas protegidas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de cuales el 35 por ciento son periodistas.

Destacó la necesidad de diseñar una ley general para trasladar la responsabilidad a los estados, “no queremos más burocracia, sino que los enlaces de las secretarías de Seguridad Pública estatales funcionen perfectamente; es el tema más importante”.

“Es crucial la coordinación con los estados, ya que el Mecanismo no puede hacerlo sólo, porque no tiene la facultad de implementar medidas en ese nivel, donde las secretarías de Seguridad Pública estatales son las que tiene que apoyar, a través del botón de asistencia. La Policía Federal también debe hacerlo, pero tiene limitado su ámbito de acción, sólo interviene en algunos aspectos”.

Se planteará a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) diseñar protocolos específicos, que eviten la rotación de funcionarios, así como una estrategia que los certifique.

Colchero Aragonés adelantó que en el presente año se hará una revisión intensiva de las actividades del Mecanismo, para que “se reasignen recursos que no pueden tardar”.

Además, “se requiere hacer un seguimiento más estrecho de los beneficiarios de la protección. No esperar a que ellos nos llamen y digan lo que no funciona. Estar más cercanos con ellos, aunque no haya incidentes, es importante mantener el diálogo y que sepan que estamos con ellos y que se revisan cómo se implementan las medidas”.

Se realiza una base de datos de todas las incidencias y de las respuestas, las cuales no son fáciles de sistematizar, porque depende de la oportunidad con que las autoridades estatales den la información; su contestación es un gran reto a superar, dijo.

Ricardo Nájera Herrera, fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció que es necesario abatir los niveles de impunidad, y dijo que esta instancia, desde su creación, ha recibido 946 investigaciones, de las cuales 798 son averiguaciones previas y 148 son carpetas de investigación.

La PGR ha logrado tres sentencias, una de ellas fue en la pasada administración y dos más en la actual; la primera fue en el Estado de México, y las otras en Chihuahua y Veracruz.

Señaló que cuando un delito es grave en contra de los periodistas, “se mueve toda la maquinaria para poder estar presentes, desde lo más temprano posible, en las investigaciones para esclarecer los hechos. Esta ha sido una exigencia del procurador, contar con resultados lo antes posible”.

Indicó que las entidades que ya cuentan con una fiscalía son Coahuila, Chiapas, Hidalgo y Veracruz, es decir, que el resto de las entidades no cuentan con una instancia para la protección de periodistas.

Aseguró que todo el personal de las fiscalías ha sido capacitado para que sean defensores de los derechos humanos por la simple naturaleza del trabajo que están realizando.

Finalmente, sostuvo que también han capacitado a 8 mil 466 personas, entre ellas 4 mil 531 servidores públicos en 28 entidades; además, 3 mil 935 periodistas. Los cursos para esa tarea han sido organizados por la PGR.

“Tenemos tres órganos para la atención a periodistas, la quinta visitaduría de la CNDH, Feadle y el mecanismo para la Atención de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación”, concluyó.

El oficial del Programa de Protección y Seguridad de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, afirmó que los ataques a la prensa se encuentran en un punto crítico, y aunque 2016 fue el año más letal para esta actividad, 2017 marca una tendencia que puede superar al año pasado, ya con 4 asesinatos.

Indicó que el año anterior hubo 72 agresiones y han aumentado exponencialmente. De 2013 –primer año de la actual administración—a la fecha, el incremento fue de 29 por ciento, y de 163 por ciento respecto al cuarto año del sexenio anterior.

Refirió que en un contexto donde hay mecanismos de protección, una Fiscalía de libertad de expresión, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) muy comprometida e instancias especializadas y mecanismos locales, “la violencia contra la prensa no cesa”.

La protección a periodistas se encuentra en una crisis económica, por lo que la tarea legislativa es fundamental y que los órganos corresponsables del presupuesto reasignen recursos para el Fondo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. “De seguir así, no van a terminar el año, no va a haber medidas de protección y esto generará una crisis todavía mayor a la que ya estamos viviendo”.

Propuso analizar la regulación de la pauta en publicidad oficial, “pues si no es con la censura sutil e indirecta de la publicidad oficial –que se asigna de manera discrecional, opaca, sin criterios objetivos, de manera poco equitativa— es con el plomo, y esa es la disyuntiva que enfrentan los periodistas”.

Edgar Corso Sosa, Quinto Visitador de la CNDH, señaló que existe un diagnóstico desolador, aterrador y de alto riesgo que representa desempeñar la labor de periodista; por lo tanto, es necesario generar políticas públicas que permitan la protección.

Subrayó que, de acuerdo con las estadísticas, de los casos presentados en el 2016 se tuvieron 27 medidas cautelares de protección a periodistas en situación de riesgo, y en algunos casos se brindó atención a los familiares de los comunicadores fallecidos. Además, resaltó que en lo que va del año se han presentado 21 situaciones reportadas por este gremio.

Los periodistas tienen temor a que las instancias federales no realicen su labor adecuadamente y sobresalga la impunidad; lo que buscan es que se realice un protocolo de investigación y, con ello, tener resultados lo más pronto posible, en caso de ser víctimas de violación a su derecho de expresión.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) sólo cuenta con ocho fiscalías en el país; por ello, dijo, es importante generar acciones preventivas para crear un entorno seguro, donde el periodista pueda realizar su labor sin ningún temor de ser agredido o le priven de la vida.

En este sentido, propuso elaborar campañas para explicar la labor de los periodistas, pero que estas no se queden en un manual de autocuidado, sino que se tomen medidas que aseguren su protección.

Jorge Fernando Negrete, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), subrayó que México, después de casi cuatro años de la implementación de la Reforma de Telecomunicaciones, tiene el ancho de banda más rápido de América Latina; la segunda red LTE-4G con mayor cobertura de la región; posee las tarifas más bajas fijas y móviles de Internet, y cuenta con un promedio de 90 dispositivos móviles por cada cien habitantes, aunque “no todos están conectados”.

Hablar de derechos digitales, indicó, implica llevar la garantía de la información al mundo de la red. Reconoció que la gente que no está conectada no puede ejercer su derecho al acceso a la información pública. “Es preocupante, porque 50 millones de mexicanos no tienen acceso a Internet o no pueden acceder a un financiamiento digital, aunado a los problemas de robo de identidad y de información”.

Fernando Negrete precisó que México “todavía está en pañales. La gente tiene derecho a que los servicios públicos estén en la red; hoy en día la estrategia digital del gobierno mexicano todavía no nos da avances concretos ni específicos secretaría por secretaría, ya sea de sus agendas digitales sectoriales y por área. Hay algunos esfuerzos, pero los grandes temas del derecho digital o de la información apenas están por verse”.

La secretaria general del Club de Periodistas, Celeste Sáenz de Miera, dijo que las agresiones a comunicadores se han convertido en un “rosario interminable de denuncias”, las cuales se incrementan y abultan expedientes, muchos de ellos sin respuestas ante juzgados tanto civiles como penales. Refirió que desde hace ya más de un lustro, las escalofriantes cifras señalan una constante de 10 y 15 asesinatos de periodistas por año, una veintena de comunicadores desaparecidos y casi 500 agresiones en sus variantes tipos.

Señaló que existen profundas lagunas en la actual legislación que impiden el libre ejercicio de la profesión y “esa falta de cobertura legal, de amparo contra la impunidad, tiene mucho que ver con la falta de ética y actuar de los funcionarios, quienes desconociendo las normas y leyes del bien ser, son cómplices del maltrato a la prensa”.

Enfatizó que “no existe reparación del daño ante la debacle de la vida de un periodista asesinado” y no hay bienes materiales que cubran las profundas grietas abiertas por la represión, por la agresión infligida por las balas y la impunidad”. Se pronunció por enfocar el tema de otra manera: pasar del frio análisis de las cifras de agresiones a periodistas, a fortalecer nuevas políticas preventivas e incentivar el desempeño de nuestra profesión.

Estimó que se deben elaborar más políticas públicas que provean a las leyes y normas; reforzar las alertas y llamados urgentes a respetar el libre ejercicio del periodismo, y que exista una corresponsabilidad entre la autoridad y los dueños de los medios, así como programas de ayuda en educación y sustento a los hijos y esposas de periodistas desplazados por razones de seguridad.

La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez (PAN), dijo que se contó con la intervención de más de 25 participantes, se escucharon propuestas y debatió sobre temas como diagnóstico de la situación de agresiones a periodistas en México; marco normativo de protección a periodistas; evolución de la legislación mexicana en materia de libertad de expresión; derechos de los periodistas; libertad de expresión y derechos digitales, y acceso a la justicia en el ejercicio de la profesión.

La legisladora indicó que se escucharon diferentes puntos de vista desde la perspectiva académica, política, de la administración pública, sociedad civil organizada y de quienes ejercen el periodismo todos los días. Informó que la Cámara de Diputados hará una publicación con las memorias y conclusiones del primer foro a fin de aportar al debate nacional sobre este tema.

-- ooOoo --