26-04-2017 La presidenta de la Comisión Especial de la Trata de Personas, Julieta Fernández Márquez (PRI), aseguró que urge desarrollar una estrategia nacional para detener dicha problemática, junto con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, representantes de la ONU, fiscales y especialistas que enfrentan todos los días la trata.

“Sabemos que la trata aumenta, cada año se multiplica, ahora, la carne de cañón son los niños, no sólo en la trata sexual, también la delincuencia organizada los está utilizando”, aseveró.

Consideró como un paso importante para prevenir la trata de personas incautar los bienes de las organizaciones delictivas, ya que es un asunto de justicia social. “Creo que una víctima que escucha que se incautaron los bienes de los tratantes, sentirá alivio y que hay justicia”.

En Estados Unidos, Francia e Italia la Ley decomisa los bienes de dichas organizaciones y los regresa a las víctimas, justo lo que se tiene que hacer aquí.

La diputada se reunió con el consultor de la Organización de las Naciones Unidas en el tema de lucha contra la delincuencia y la corrupción, César Prieto Palma, y la Fiscal Especializada de Trata de Personas del Estado de México, Guillermina Cabrera Figueroa, con quienes platicó sobre las investigaciones financieras y patrimoniales de organizaciones de trata de personas.

César Prieto Palma puntualizó que para cortar las alas a la delincuencia organizada es preciso que, de manera inmediata, se incauten sus bienes y las cuentas bancarias.

“Con pocos indicios, tan solo con la declaración de una de las víctimas, debería ser suficiente para asegurar los bienes, cuentas bancarias, e inmuebles de las células criminales”, agregó.

Mencionó que la extinción de dominio es un elemento fundamental pero insuficiente, tiene muchas trabas, es lento y no se entiende.

Consideró que para quitar poder a los criminales es fundamental atacar su estructura económica, pues mientras no se les confisque el dinero los tratantes de personas seguirán tomando fuerza. “No se pueden atacar de manera frontal solo los lugares que se utilizan para prostituir a menores, mujeres u hombres, sin atacar su situación financiera”, afirmó.

Además del presupuesto destinado a la lucha contra la trata de personas, se pueden obtener más recursos del dinero que se incaute a los delincuentes.

“De qué sirve cerrar un prostíbulo, si el día de mañana, con los recursos que generaron abren otro más moderno e, inclusive, con mayores servicios, y uno de los problemas a los que nos enfrentamos es atacar las estructuras financieras en materia de trata de personas”.

Existen organizaciones internacionales que trabajan con las mexicanas para traer a mujeres y niños de diferentes partes del mundo, que son millonarios, tienen estructuras financieras ordenadas y además son perfectamente localizables.

Otro problema es que autoridades estatales, gubernamentales y los particulares no tienen la obligación clara de dar de manera rápida y eficiente la información en investigación de delincuencia organizada y trata de personas, como sucede en materia de secuestros, donde la Ley General obliga a las autoridades y particulares (caso de empresas de telefonía celular), a proporcionar, de inmediato, toda la información requerida.

La fiscal Guillermina Cabrera Figueroa mencionó la importancia de que las autoridades de la Fiscalía General y las estatales se coordinen en las investigaciones financieras y patrimoniales de las organizaciones de tratantes.

Comentó que no existe una ley que obligue a las instituciones relacionadas con el tema a contar con personal especializado para combatir a las organizaciones delictivas.

“Para investigar a las organizaciones en cuanto a su estructura, tenemos que tener un personal especializado capacitado, tendría que existir una ley que obligue a la institución a tener gente con perfil de compromiso y permanencia”, consideró.

Aceptó que se enfrentan a muchos problemas al investigar las finanzas de las organizaciones criminales, ya que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pide “muchos requisitos complicados” para tener acceso al Sistema de Atención a Requerimientos de Autoridad (SIARA).

“La Fiscalía estatal no tiene acceso directo al SIARA para conocer de inmediato las cuentas de los propietarios de inmuebles”, señaló y consideró que las procuradurías estatales y fiscalías generales deben implementar dicho sistema.

Sobre la extinción de dominio, Cabrera Figueroa, consideró que se debe obligar a los empresarios y/o dueños del inmueble como bares, hoteles, a proporcionar a la Fiscalía toda la información requerida de los giros de las empresas, porque en ocasiones se complica obtener la información.

“Propongo que haya obligatoriedad de las instituciones para que den los datos de los propietarios de negocios a la Fiscalía de Trata de cada estado y no pongan obstáculos”.

También, capacitar a la policía y ministerios públicos en la investigación de este tipo de delitos. “Por ejemplo los ministerios públicos no saben qué hacer con la información que obtienen de las investigaciones que se realizan”, aseguró.

Finalmente, la fiscal mencionó que el narcotráfico “está permeando en las escuelas secundarias, enganchando a menores para vender droga. Hemos tenido casos en el Estado de México que utilizan a los menores de edad como halcones”.

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