30- 08- 2017.- El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Francisco Martínez Neri (PRD), sostuvo que “la Cámara de Diputados tiene la obligación moral, no es obsequio de nadie, de aprobar la Ley General de Desaparición Forzada y lo vamos a cumplir con decencia”.

Durante el Foro “Mírame y dime que te importa”, llevado a cabo en el marco del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, detalló que uno de los resolutivos de la plenaria de su fracción política es impulsar que esta ley sea aprobada de inmediato.

Apuntó que son muchos los sentimientos que acompañan a una reunión como ésta con los familiares de los desaparecidos: “el enojo, la insatisfacción, pero también aparecen la dignidad y la esperanza, esto jamás lo podemos abandonar”.

Resaltó que tendrá como tarea denunciar, si es que no se logra aprobar la ley inmediatamente. “Lo primero que haré es preguntar a la Mesa Directiva si está turnado el asunto para su aprobación”.

Por su parte, la integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Maricela Contreras Julián (PRD), afirmó que la desaparición de personas es un tema muy doloroso; por ello, el Congreso está haciendo un esfuerzo para tener una ley en la materia.

Reconoció el trabajo de los familiares de los desaparecidos, quienes han trabajado para conseguir la elaboración de la ley; hizo un llamado para que no se condicione la aprobación de la ley y se trabaje por un presupuesto que permita la aplicación de este ordenamiento.

Por su parte, la diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD), resaltó la disposición de las diferentes fracciones parlamentarias por la aprobación del ordenamiento como una obligación y una deuda que debe ser saldada con las víctimas y los familiares.

“Vamos por la aprobación a hacer posible que la verdad y la justicia lleguen y que no exista un desaparecido más”.

La diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena) aseguró que la ley tendrá que ser aprobada; “no hay ninguna otra opción, es necesario e impostergable”.

En tanto, el senador Armando Ríos Piter señaló que Guerrero encabeza la lista de mayor número de personas desaparecidas, seguido por Veracruz y Tamaulipas.

Agregó que la ley en materia de desaparición forzada, sin duda tiene instrumentos, pero necesita de uno que involucre a las organizaciones internacionales para supervisar los acontecimientos en México, “inmerso ya en una condición de crisis humanitaria”.

“Las autoridades no están haciendo nada, son las madres de familia quienes realizan las investigaciones y buscan en las fosas clandestinas; por ello, es fundamental una ley que garantice que los funcionarios estén involucrados y comprometidos en aplicar la ley”.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se sumó a la convocatoria dirigida a los diputados para la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada, que “podría ser la herencia legislativa más importante por la defensa de los derechos humanos de la actual Legislatura para romper la impunidad y revictimización de las familias”.

Esta ley es fruto del terrible dolor y trabajo colectivo e incluyente de las familias de las víctimas. “Es una legislación que, de aprobarse, colocaría a los diputados del lado correcto de la historia”.

Además, instó al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados “a garantizar la partida presupuestal necesaria para la efectiva implementación de la ley, porque la voluntad del Estado mexicano para enfrentar este flagelo sí puede cuantificarse en el próximo Presupuesto federal, aunque el dolor de las víctimas y sus familias es incuantificable”.

Apuntó que el gobierno de México debe reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias individuales. Derivado de ello, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, iniciará la campaña para “pedir al Estado mexicano ese reconocimiento, con el objetivo de fortalecer el régimen de protección internacional de los derechos de las víctimas de desaparición”.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, llamó a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley de Desaparición Forzada, convirtiéndola en el “brazo de acción” para atender este delito cruel y perverso, obligando a enfrentar serios desafíos en las estructuras estatales, en la normativa penal, en su manejo y comprensión.

Convocó a reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias individuales, a fin de darle voz a los ciudadanos, por tener México y los países de Latinoamérica una deuda pendiente en esta materia, apuntó.

Destacó la existencia de retos para atender de forma coherente e integral la desaparición forzada. “En la prevención no debe haber ninguna persona desaparecida, tampoco en la investigación, sanción y en la reparación de estos actos de crueldad humana”.

Reconoció las acciones de los familiares y amigos de los desaparecidos porque han asumido con fortaleza y sentido de justicia el rol que cumplen cada día para buscar a sus seres queridos sin claudicar, aún enfrentando grandes desafíos, a fin de alcanzar la verdad y la reparación del daño, como una respuesta de amor y de dignidad humana.

Juan Pedro Schaerer, Jefe de Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México, América Central y Cuba, señaló que en la actualidad cientos de miles de personas están desaparecidas en el mundo, a raíz de conflictos armados, situaciones de violencia, desastres naturales o migración.

Dijo que conforme a cifras oficiales, actualmente más de 30 mil personas se encuentran desaparecidas en el país. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre enero de 2007 y septiembre de 2016, fueron halladas en México 855 fosas clandestinas, de las que se exhumaron mil 548 personas fallecidas y apenas se han identificado 796.

Las desapariciones, expuso, pueden afectar a la sociedad en su conjunto y este impacto podría extenderse durante décadas. Por ello, planteó aprobar la Ley General sobre Desaparición de Personas y su implementación deberá garantizar la búsqueda inmediata y efectiva de las personas; investigaciones imparciales y diligentes que permiten identificar a los perpetradores de delitos y sancionarlos; incidir en la práctica de los servicios forenses del país; establecer planes de búsqueda en vida, de exhumación e identificación.

Aunado a ello, expuso, se necesitan presupuestos para la implantación de la ley. “Se necesita un compromiso político acompañado del fortalecimiento de las instituciones existente, pues sólo así se estará en vías de atender un problema que genera un enorme sufrimiento para miles de personas y a la sociedad en su conjunto”.

El primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, expresó que cada caso de desaparición forzada representa un reto ineludible para cualquier Estado; su maquinaria de justicia y de investigación se pone a prueba. “La existencia de un solo caso es inaceptable y debe movernos como autoridades y sociedad para llegar a la verdad y propiciar que esta práctica se elimine por completo”.

Reconoció que en el país no se tienen las condiciones adecuadas para determinar cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas. “México no ha sido capaz de generar las condiciones adecuadas para dar la debida atención a la problemática, lo que refleja en los hechos falta de interés y voluntad de las autoridades de los distintos poderes y órdenes de gobierno para atender los reclamos de las víctimas y sociedad”.

“Por su naturaleza e implicaciones, las desapariciones son un crimen que demanda atención prioritaria por parte del Estado. Además, la vigencia del derecho a la verdad y a la debida atención a las víctimas, requiere de manera prioritaria la localización de quienes fueron desaparecidos y, por lo tanto, conocer su paradero”.

En ese sentido, se sumó al reclamo de la sociedad civil para expedir al iniciar el periodo de sesiones ordinarias una Ley General en materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, además de canalizar recursos económicos, pero sobre todo, se requiere voluntad política de las distintas autoridades en todos los niveles de gobierno. “Debemos actuar para saldar la deuda que como país tenemos con las víctimas de desapariciones”.

Por Amnistía Internacional, Chasel Colorado se sumó a la exigencia de que se apruebe de inmediato el proyecto de ley y se tenga en cuenta la asignación presupuestaria, ya que se requieren recursos humanos y económicos suficientes para llevar a cabo una ejecución exitosa. Estimó que la norma es un primer paso para solucionar esta problemática, pero “va a ser todo un reto y desafío llevar su implementación de manera exitosa a todos los estados”.

Yolanda Morán, integrante del Movimiento por nuestros desaparecidos en México (movNDmx), que articula a más de 49 colectivos de familiares de personas desaparecidas, exigió que se apruebe sin cambios la Ley de Desaparición Forzada en el próximo periodo ordinario de sesiones, ya que ha sido discutida, negociada y consensada desde hace dos años y medio por las familias de víctimas, el Senado de la República y el gobierno federal.

La principal característica es la instalación de una Comisión Nacional de Búsqueda, porque una investigación real no se ha realizado, “todo ha sido simulación y papeleo; nuestros hijos desaparecidos no son papel, son seres humanos que no tienen tiempo”. Cada día crece la desaparición, sumando alrededor de 26 mil 121 casos.

Pidió a los diputados apoyo, sensibilidad y solidaridad, con el propósito de asegurar la designación de un “presupuesto robusto y suficiente para operar cuando entre en vigor, no queremos una ley muerta desde un principio. Demorarla los convierte en cómplices de desaparición, sobre todo porque desde 2015 el Estado mexicano hizo el compromiso con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para aprobarla”.

“Sería una legislación que de implementarse correctamente podría romper el círculo histórico de dolor, impunidad, revictimización y miedo para abrir una rendija de luz, satisfacción mínima en comparación al dolor de perder a un ser querido, y herramienta necesaria para no perder la esperanza de tener justicia y reparación del daño”, precisó.

Solicitó también que México ratifique la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias individuales, a fin de hacer valer los derechos fundamentales.

May-ek Querales Mendoza, representante del Grupo de Investigación de Antropología Social y Forense, urgió a diseñar un registro confiable y depurado de desaparecidos que permita reconocer la dimensión real del problema, así como revelar los intereses que se ciernen tras su ejecución y castigar a los responsables.

“La ley en la materia debe garantizar la formación de grupos especiales de búsqueda orientados a encontrar con vida a las personas desaparecidas, y responder con calidad científica al reto de la identificación de los retos humanos, ya que la complejidad de este crimen es profunda y requiere respuestas inteligentes”, sostuvo.

Gloria Ramírez, coordinadora de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, convocó a las universidades a sumarse a las acciones en contra de la desaparición y desenmascarar los intereses que prevalecen, a fin de empoderar a los ciudadanos para lograr la verdad, justicia, reparación y aprobación de la ley en la materia. Pidió a los diputados voluntad y sensibilidad ante este fenómeno para garantizar el estado de Derecho.

Fernando Ríos, representante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, afirmó que se ha avanzado poco, a más de dos años de espera de una ley de desaparición. Se pronunció por la creación de un Comité Nacional de Búsqueda efectivo que no se preste a la simulación, así como por una investigación integral de nuevos casos y, que los anteriores, se analicen con nuevos estándares de derechos humanos para no repetir el delito y romper la impunidad.

Por su parte, Pablo Reyna, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, coincidió en la exigencia por la aprobación “inmediata e impostergable de esta ley y también de la dotación de los recursos necesarios”; pero, sobre todo, “la voluntad política para que sirva como motor de búsqueda y ampliación del marco de los derechos humanos en el sentido del derecho a ser buscado”.

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