• En caso de controversia o inconformidad por falta de pago o cobros excesivos, no procederá suspensión de servicios

30-12-2017 El diputado Ricardo García Portilla (PRI) presentó iniciativa para modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de establecer que cuando un proveedor preste servicios de agua potable, alumbrado y alcantarillado, deberá proporcionarlos de manera regular y continua, sin interrumpir el suministro.

Además, cuando se trate de servicios públicos básicos, en caso de controversia o inconformidad por problemas en su calidad, falta de pago, cobro excesivo o algún perjuicio sufrido por el cliente, por ningún motivo se procederá a suspenderlos, hasta la resolución de la controversia y conciliación con el consumidor.

En su documento, turnado a la Comisión de Economía, el legislador indicó que los servicios públicos básicos son componentes esenciales para el desarrollo humano, por los cual se debe garantizar su acceso.

Refirió que negar a cualquier persona la oportunidad de tener esos servicios, representaría violar sus derechos humanos, ya que son parte fundamental en la erradicación efectiva de la pobreza.

El integrante de la Comisión de Economía explicó que, si bien no se plantea otorgar servicios de manera gratuita, sí se propone que las empresas o instancias que los ofrezcan, consideren factores como la imposibilidad de pagar y la afectación que se puede provocar en sectores vulnerables.

García Portilla estimó que los gobiernos y las autoridades competentes son responsables, en último término, de garantizar el acceso universal a los servicios básicos de todas las personas, a través de marcos normativos que prevean que bajo ninguna circunstancia se pueda privar de este derecho.

Aún con nuevos marcos de competencia y privatización en el sector de los servicios, tienen que existir las condiciones para que ningún hogar o familia del país sea privado de servicios básicos, comentó.

Con la reforma al artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, subrayó, se pretende que los prestadores de este tipo de servicios construyan espacios de resolución de controversias sin imponer al consumidor un alto costo económico o violentar sus derechos humanos.

Es una medida necesaria, más aún en el contexto actual, en el que millones de mexicanos continúan viviendo en pobreza, situación que se agudiza ante el alza de precios de servicios o en muchos casos por abuso en el cobro de tarifas, concluyó.

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