07-02-2017 La Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos" prevé reunirse con los estudiantes sobrevivientes de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade.

Durante su sesión de trabajo, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los legisladores acordaron solicitar dichas entrevistas con los funcionarios, a fin de conocer los avances de la investigación.

La Comisión Especial que preside el diputado Cándido Ochoa Rojas (PVEM), también buscará conocer por parte de los afectados de qué manera han sido atendidos y, de ser necesario, implementar mecanismos que garanticen la normatividad para la atención de las víctimas.

En este sentido, la diputada perredista, Cristina Gaytán Hernández, señaló que la salud de los afectados ha quedado en tercero o cuarto plano, a pesar de ser un derecho que ellos tienen y que el Estado debe cumplir.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Sánchez Orozco, reiteró que es fundamental dar seguimiento a los trabajos de la PGR y garantizar la atención a las víctimas.

Otro de los acuerdos fue solicitar una reunión con José Trinidad Larrieta Carrasco, visitador general especial para la investigación del caso Iguala, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además, invitarán al subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR y al titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, el propósito, a fin de conocer los avances de las indagatorias a su cargo.

Se pedirá a la PGR especificar el cumplimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), toda vez que la información entregada a la Comisión Especial del caso Ayotzinapa no detalla adecuadamente el avance de las mismas.

De igual manera, se solicitará a la PGR una copia del reciente informe del gobierno mexicano entregado a la CIDH.

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