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| Boletín N°. 3066 | Diputados reciben de la ASF el informe de la Cuenta Pública 2015 |
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15-02-2017.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recibió del titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IRFSCP) 2015, donde se resalta que en las últimas siete Cuentas el número de auditorías ha crecido 74 por ciento, al pasar de 945 en 2009 a mil 643 en 2015.
Portal Martínez detalló que del total de informes de 2015, 992 corresponden a auditorías de desempeño, 527 financieras y de cumplimiento, 149 de desempeño, 138 de inversiones físicas, 23 estudios y evaluaciones de políticas públicas y 14 forenses, así como un Informe General que busca ofrecer un panorama objetivo de la situación del sector público a la luz de los resultados de las tareas de fiscalización.
La mayor parte, es decir, mil 59, se realizaron a entidades federativas y municipios, 599 al Poder Ejecutivo, 18 a órganos constitucionalmente autónomos, cuatro al Poder Judicial y tres al Poder Legislativo, arrojando un total de 603 diferentes entes auditados.
Explicó que de esa cifra, mil 184 auditorías fueron realizadas al renglón de gasto federalizado, 187 a funciones de desarrollo económico, 138 de desarrollo social y 134 a operaciones de gobierno.
La ASF determinó, como resultado de su fiscalización, 9 mil 524 acciones integradas por: 3 mil 956 recomendaciones, cuyo propósito es mejorar el desempeño, los procesos administrativos y sistemas de control de las entidades auditadas; 392 solicitudes de aclaración, en las que se requiere documentación adicional para soportar las operaciones y los montos observados no justificados o no comprobados durante la revisión.
Ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó, se están promoviendo 73 acciones sobre el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, y ante las secretarías de las contralorías estatales y órganos internos de control de la Administración Pública Federal y otras entidades, se establecieron 2 mil 405 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. Además, se anuncian 2 mil 680 pliegos de observaciones y 18 multas.
El titular de la ASF argumentó que se han presentado, ante el Ministerio Público Federal, un total histórico de 741 denuncias de hechos. Explicó que 695 se han presentado a partir de 2011 como parte de las irregularidades detectadas a diversas Cuentas Públicas y “para la correspondiente a 2015, las denuncias se presentarán cuando se cuente con los elementos que establece el Artículo 31 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación”.
Añadió que el total de recuperaciones operadas de las Cuentas Públicas 2001 a 2014, se obtiene 108 mil 886 millones de pesos (mdp), cifra que representa alrededor de 47 veces el presupuesto que se le asigna a la ASF. En lo concerniente a las auditorías practicadas sobre la Cuenta Pública 2015, las recuperaciones ascienden a 2 mil 871 mdp, “cantidad que se incrementará conforme transcurra el plazo de atención a las observaciones efectuadas”.
Para esta Cuenta Pública, dijo, los riesgos identificados fueron: afectaciones al erario público, inconsistencia entre resultados esperados y obtenidos, discrecionalidad en la toma de decisiones, archivos públicos deficientes, información financiera inadecuada y vulnerabilidad en las finanzas públicas.
Las áreas clave de la Administración Pública que fueron identificadas con mayor susceptibilidad de verse afectadas por estos riesgos son: el gasto en infraestructura y obras públicas, debido a que ha generado, de manera recurrente, una serie de observaciones en la revisión de las últimas Cuentas Públicas, a la par que su importancia relativa en términos presupuestales. Se incorpora un balance y perspectivas de la fiscalización del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
También, las contrataciones entre dependencias y entidades del sector público al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones; dado que las irregularidades identificadas se han reiterado en distintos ejercicios fiscales y la problemática alcanza niveles importantes de recursos públicos; al sumar los montos observados en las Cuentas Públicas 2012 a 2015 por este tipo de prácticas se obtiene una cifra de 3 mil 175 mdp.
De igual modo, los padrones de beneficiarios, a causa al impacto que tiene este elemento para la eficacia de las políticas de desarrollo social, enfocada a los sectores más vulnerables de la sociedad, y el Sistema de Evaluación del Desempeño, por su importancia para medir los resultados de las políticas públicas, así como servir de guía para orientar la asignación de recursos presupuestales con base en los logros obtenidos.
Juan Manuel Portal expuso que mención aparte merece el tema de gasto federalizado, que continúa mostrando deficiencias que requieren ser urgentemente atendidas.
En cuanto, a las transferencias condicionadas o gasto federalizado programable, para el ejercicio fiscal 2015, ascendió a poco más de un billón de pesos, y la muestra auditada alcanzó 683 mil mdp, (63 por ciento del universo de referencia).
Por su parte, el monto observado fue de 65 mil 194 mdp, lo que equivale al 10 por ciento de la muestra antes referida; si bien es un monto considerable para un solo ejercicio, se debe mencionar que refleja una disminución respecto a 2013 y 2014, toda vez que esta cifra representó, respectivamente, el 13 y 15 por ciento del total en esos años. Dicha reducción responde, principalmente, a la centralización del pago de la nómina educativa en las entidades federativas a través del FONE, que sustituyó al FAEB y el mejor manejo en algunos gobiernos locales.
El auditor puntualizó que para 2015, el monto observado se integra por 33 mil 449 mdp, derivados de subejercicios y 31 mil 745 mdp, que se refieren a violaciones normativas en las que se presume un daño al erario público federal.
En el agregado histórico derivado de la fiscalización del gasto federalizado, de 175 mil mdp registrados como montos pendientes de aclarar de las Cuentas Públicas 2011 a 2014, se han logrado solventar más de 29 mil mdp, que implica un remanente de 146 mil 265 mdp, cifra que debe ser adicionada con el monto de lo observado en la Cuenta Pública 2015, por 64 mil 716 mdp más lo correspondiente a los procesos resarcitorios por 5 mil 475 mdp que dan un total de 216 mil 456 mdp pendientes de solventar, equivalente al monto asignado en un año a la mitad de las entidades federativas, o al 20 por ciento del total de los fondos y programas del gasto federalizado 2015.
El presidente de la instancia legislativa, diputado Luis Maldonado Venegas (PRD), expresó que este año se tiene el enorme reto de analizar el resultado de diversas cuentas públicas. “Estudiaremos y deliberaremos sobre la gestión del gobierno y verificaremos el cumplimiento de objetivos y metas de los programas sustanciales”.
Indicó que el trabajo parlamentario contribuye a mejorar la gestión pública de los entes fiscalizados e identificar los principales de la Administración Pública Federal que se den a través de los elementos que nos allegue la ASF y los mecanismos de reacción oportunos por parte de los legisladores.
Es imperativo, promover una cultura ética que oriente la conducta de los servidores públicos, en sintonía con los principios de eficiencia y unidad de la organización, y en cumplimiento de las responsabilidades fiduciarias ante la sociedad.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), resaltó: el informe es de gran importancia para que la nación conozca la imperiosa necesidad de eficientar el gasto público y cumplir con los aspectos de transparencia y rendición de cuentas al que están obligados todos los entes públicos.
Mencionó que el Poder Legislativo modificó la Constitución Política para dar pasos firmes en el cumplimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. “Tenemos claro que su implementación es uno de los compromisos más importantes de quienes integramos los Poderes de la Unión”.
Como legisladores, “somos sujetos obligados a rendirle cuentas a la sociedad y debemos ser transparentes en nuestra actuación”. Calificó como de alta responsabilidad, analizar esta Cuenta Pública y reconoció al titular de la ASF, por su labor que enfrenta grandes retos y responsabilidades.
Al iniciar los posicionamientos, el diputado Independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, alertó que existe un gasto público desenfrenado, un alto déficit presupuestal que se justifica al incentivar una política contracíclica que lleva más de ocho años y que se financia con el incremento sustancial de la deuda. Además, cuestionó como ser vigilante “si nosotros no cumplimos ni siquiera el presupuesto como Cámara de Diputados”.
La ASF tiene un papel preponderante en el combate frontal y decidido a la corrupción, pero también lo tiene esta Cámara de Diputados. El combate de la corrupción en México, “es una demanda del pueblo y tenemos que atenderlo seriamente y sin simulación”.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) subrayó que la corrupción e impunidad deben acabarse y “creo que tenemos al órgano correcto y le hemos dado mayores atribuciones para investigar y sancionar”. Enfatizó que “es el momento de que todos los actores políticos nos dediquemos no a la simulación sino hacer justicia y meter a la cárcel a los corruptos”.
Tenemos la oportunidad de dar mayor cobertura a la revisión en cualquier momento, a través de una denuncia ciudadana, aviso o investigación para intervenir a través de la Auditoría Superior de la Federación, y evitar casos como el de Veracruz.
Por Nueva Alianza, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, indicó que la revisión de la Cuenta Pública deberá enfocarse no sólo en conocer los resultados, sino también en detectar las lagunas legales que permiten el uso indebido de los recursos y convertir las áreas de opacidad en oportunidad que aseguren que los recursos a programas tengan impacto social, eleven las condiciones de vida y respondan a las necesidades de la población.
“No podemos permitir que la corrupción y la opacidad continúen permeando el quehacer público y que la ilegalidad se convierta en un principio de esta vida social”, sostuvo.
La diputada Claudia Sofía Corichi García (Movimiento Ciudadano) puntualizó que “la gente exige hoy más que nunca que cada peso que se gaste sea sólo en beneficio de ellos y no en el lujo de unos cuantos”. Estimó urgente implementar una disciplina en el gasto público para combatir los desvíos de recursos y contener el sobre ejercicio, particularmente, en los gastos onerosos en construcción de nuevas sedes, organismos autónomos y comunicación social del gobierno federal.
A pesar de haber aprobado las reformas constitucionales que crearon los sistemas nacionales de Transparencia y Anticorrupción, México ocupa el último lugar en los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en materia de corrupción. Consideró que el informe debe servir para romper el ciclo de impunidad que obstaculiza el proceso de fiscalización y ayudar a que las demandas presentadas por la ASF no queden como recomendaciones y se proceda.
Araceli Damián González, diputada de Morena, destacó que es fundamental conocer cómo se han ejercido los recursos, en qué áreas se han detectado irregularidades y de qué modo es posible mejorar la ejecución presupuestaria; es preocupante que en el gobierno de Enrique Peña Nieto la deuda pasó de 33 al 52 por ciento del PIB y que el Ejecutivo utilice sistemáticamente recursos públicos por arriba de lo presupuestado que en promedio representa más de 200 mil millones de pesos al año y que en 2016, fue de casi 700 mil millones.
Lamentó que mientras haya recortes en rubros importantes, desaparezcan cuantiosos recursos de la nación. “Es injustificable, por ejemplo, el aumento del precio de las gasolinas; porque habiendo recursos del pueblo, el gobierno decide afectar la economía, mientras tanto en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y órganos autónomos priva el despilfarro”. Además, consideró inadmisible que la Comisión de Presupuesto sea omisa en dictaminar la Cuenta Pública, con un rezago de 9 años, “¿qué se busca ocultar?”.
El diputado Emilio Enrique Salazar Farías (PVEM) resaltó que la ASF ha generado más de nueve mil observaciones este año y generó más de 700 procesos penales. Pidió al auditor continuar con la presentación de pliegos de responsabilidades o de denuncias penales como se ha venido haciendo. “De hecho a quien se señaló el año anterior, hoy es prófugo de la justicia”, apuntó.
Puntualizó que la corrupción no tiene partido, pues todos han caído en esta acción, más no todas las personas, e hizo votos por que los órganos de fiscalización de los estados tengan más autonomía. “Se requiere de cada uno de los que ejercen recursos públicos, valores, honestidad y responsabilidad”.
Del PRD, la diputada Maricela Contreras Julián señaló que en la Cuenta Pública de 2015 se practicaron mil 660 auditorías a 250 entidades de gobierno, pero los resultados “hablan de las mismas malas prácticas que sean vuelto costumbre”. En 18 años de fiscalización, tan sólo han existido 19 consignaciones de funcionarios, en contraste con las 656 denuncias presentadas.
En México, dijo, el nivel de impunidad es de 99. 7 por ciento de los delitos que se denuncian, incluidos los de corrupción y desvíos de recursos, lo que alienta a un mal manejo del gasto porque no se castiga a los responsables. Se requiere un cambio de fondo, con servidores públicos comprometidos que se alejen de las tentaciones de la corrupción, y estimó que se tiene una oportunidad de implementar un nuevo sistema de fiscalización, pero aclaró que “no como un cheque en blanco, ya que no queremos más instituciones que se conviertan en elefantes blancos y paladines de la impunidad”.
Minerva Hernández Ramos, diputada del PAN, aseguró que la corrupción es una actividad nociva que debe ser penalizada y combatida por sus efectos internos, su asociación con otros delitos, sus consecuencias trasnacionales y por desintegrar el tejido social, e indicó que el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional, revela que México bajó 28 posiciones en el ranking internacional, cayendo al sitio 123 de 176.
Afirmó que en esta Comisión de Vigilancia hará las observaciones pertinentes y cumplirá con su facultad de control legislativo del gasto, por ser la encomienda que corresponde a este Congreso para cerrar espacio al mal uso de recursos públicos y a la corrupción. Los resultados de la Auditoría, abundó, serán de utilidad, pues con el nuevo esquema se tendrán dos informes adicionales en los meses de junio y octubre, que abonarán a la discusión del presupuesto para el año 2018.
El diputado priista, Fidel Almanza Monroy, hizo votos por que el análisis de la fiscalización abone en fortalecer instrumentos parlamentarios y en la toma de decisiones, en el control y análisis presupuestal, en donde los resultados deben ser relevantes en el impacto de las políticas públicas.
Mencionó que con el Sistema Nacional Anticorrupción “seguro estamos de que disminuirá y se abatirá la impunidad; en consecuencia, tendremos un país más democrático, participativo y competitivo en materia social y política”. Por ello, pidió a los partidos políticos comprometerse operar este sistema lo más pronto posible.
En su intervención, el auditor Portal Martínez precisó que este informe incluye una lista con 149 propuestas de modificación normativa que mejorarían las condiciones en las que se desenvuelve la gestión gubernamental.
Consideró que la Cámara de Diputados y la ASF “debemos abrir un espacio común de trabajo para dar seguimiento a estas recomendaciones y coadyuvar al desarrollo de una agenda legislativa que se sustente en las sugerencias que han sido determinadas con base en los resultados de las revisiones de su órgano fiscalizador”.
Relató que en el Informe destaca el caso de los subejercicios, que representa una observación recurrente en la fiscalización del gasto federalizado. Por ejemplo, el subejercicio identificado en la totalidad de las revisiones practicadas a entidades federativas y municipios asciende a 33 mil 449 mdp.
La reestructuración normativa y jurídica que se ha realizado debe contribuir al mejor control y eficiencia del gasto. Las nuevas facultades de la ASF deberán construir un entorno que favorezca una efectiva rendición de cuentas. Calificó como un cambio relevante, la posibilidad de revisar las participaciones fiscales, realizar auditorías sobre el ejercicio fiscal en curso y auditar la deuda pública subnacional.
Portal Martínez resaltó que la ASF tiene en proceso una reestructuración interna que incluye un mayor uso de las tecnologías de información, el monitoreo de reportes financieros trimestrales, la supervisión de las auditorías superiores estatales, una efectiva participación ciudadana en inspección de escuelas y una comunicación permanente con los titulares de los entes auditados.
Indicó que la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción, implicará la creación de una nueva cultura administrativa, además de la puesta en práctica de un conjunto de políticas que requieren una participación activa de quienes colaboran en todos los niveles de la gestión gubernamental.
Expuso que se tienen que vislumbrar metas concretas que deberían empezar a materializarse en la Cuenta Pública 2017; en específico, apuntó, el nivel de subejercicios debería reducirse y, por lo tanto, minimizarse la afectación a los programas de salud, educación, seguridad e infraestructura en las entidades federativas y municipios.
El desvío de recursos deberá ser advertido oportunamente y se podrá contar con información suficiente respecto a la operación y resultados de las entidades públicas. Los problemas estructurales, una vez identificados, podrían ser atendidos de manera inmediata a través de una mejor coordinación de las acciones anticorrupción, planteó.
Mencionó que la ASF ha considerado imperativo someterse, de manera periódica, a la revisión de instancias que puedan evaluar su labor, así como escuchar la voz de aquellos que utilizan sus productos, como una manera de incrementar la calidad de los servicios que rinde e integrar a su praxis las mejores prácticas reconocidas por la profesión auditora a nivel internacional.
El auditor puntualizó que este año culminará un ciclo en la gestión de la ASF, pues termina el mandato de ocho años para el que fue designado. “Esta institución del Poder Legislativo representa un activo para toda la nación. Para que se mantenga intacto el núcleo de la fiscalización, será necesario profundizar en la certificación profesional de los cuadros auditores, fortalecer la metodología de planeación y programación y enriquecer, de manera constante, los enfoques de auditoría”, añadió.
Relató que la existencia de hechos que quedan impunes genera reclamos de mayor dureza en las sanciones por parte de la ASF. La percepción de que la impunidad prevalece y que la sanción no es oportuna o, inclusive, no se presenta, alimenta la frustración social y mina la relación entre gobierno y ciudadano.
“Cuando existen pruebas fehacientes de la comisión de ilícitos, actuamos al límite de nuestras facultades, pero insistimos en que la prevención resulta prioritaria, y será cada vez más efectiva para que los actos irregulares sean la excepción”, finalizó.
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