• Durante 2014, más de 20 mil personas fueron víctimas de este ilícito en el país; sólo 5 por ciento logró rescatarse

23-02-2017.- El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (PVEM) sostuvo que los gobiernos estatales deben armonizar sus ordenamientos con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal, a fin de concretar acciones “más duras” contra la trata de personas.

Durante el segundo día del Foro Binacional de Prevención contra la Trata de Personas, realizado en San Lázaro, el legislador refirió que es fundamental generar leyes que consideren castigos más severos a los perpetradores de este delito.

Aseguró que se va por buen camino, pero aún se debe trabajar en la perfección del ordenamiento jurídico, con el propósito de fortalecer el respeto a los derechos humanos.

Subrayó que los legisladores deben dar mayores recursos para que la ley en la materia pueda operar; de lo contrario, dijo, será letra muerta.

Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), resaltó que la legislación penal debe estar apegada a los derechos humanos y a la dignidad humana, y regirse con el principio pro-persona para que sea el eje rector de la investigación. Para ello, continuó, se requiere que cada entidad federativa cuente con áreas especializadas para hacerlo.

Añadió que también es necesario un marco jurídico claro y objetivo que dé a la persona que persigue el delito las herramientas de investigación científica y de operatividad, con el fin de enjuiciar a los culpables.

La subprocuradora consideró que la prevención del ilícito y el trabajo en conjunto de los tres órdenes de gobierno coadyuvarán a hacerle frente. “El Estado mexicano debe apostar sus recursos para realizar estrategias que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos”.

Fernando Alberto Casasola Mendoza, magistrado de circuito del Consejo de la Judicatura Federal, mencionó que la ley general en la materia tiene ciertas deficiencias en cuanto la reparación del daño, de acuerdo con los objetivos de los tratados signados por México.

Expresó que la instancia que representa es la última cadena dónde repercuten todos los casos; trata de dar justicia, aun con las limitaciones que tiene para hacerlo.

“La legislación federal está hecha de acuerdo al Protocolo de Palermo. Cuando analizamos las leyes, ya no sólo vemos la constitucionalidad, sino también la convencionalidad; sin embargo, es necesario que los estados posean las mismos ordenamientos porque, si no, se crearán conflictos a la hora de impartir justicia”.

Rita María Hernández, representante la asociación civil Unidos Vs Trata, pidió a los legisladores hacer un llamado para que en cada entidad federativa se cuente con un marco jurídico eficaz y congruente con la ley general para prevenir y combatir trata de personas.

Además, revisar la eficiencia y eficacia de los procedimientos penales, garantizar la profesionalización de todas las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia, y establecer en todas las entidades federativas unidades especializadas y recursos financieros suficientes para la investigación y persecución del delito.

“Tenemos la existencia de una ley general que obliga a los tres órdenes de gobierno a impulsar medidas de prevención, persecución y sanción del delito; sin embargo, la implementación de las mismas ha resultado difícil y es necesario poner atención y agilidad en ello”, subrayó.

A pesar de que el Protocolo de Palermo entró en vigor desde hace 15 años, todavía falta más de la mitad de estados para armonizar sus legislaciones, y muchas de ellas han apostado por la persecución, olvidándose de la prevención, cooperación institucional y la atención a las víctimas, apuntó.

Destacó que, de acuerdo con un informe de la ONU, durante el 2014 más de 20 mil personas fueron víctimas de trata en México y de éstas sólo el cinco por ciento se logró rescatar, “entonces, estamos en un serio problema”.

Rogelio Quintero, representante de la Organización Internacional de Migración (IOM), afirmó que sin una reparación adecuada del daño a las víctimas, se seguirán violentando sus derechos humanos; por ello, el apego de las leyes al Protocolo de Palermo es fundamental para el combate efectivo de este ilícito, enfatizó.

“Hoy en día cualquier operación en materia de la erradicación de la trata debe estar apegada al respeto de los derechos humanos, así como tomar en cuenta el género y la vulnerabilidad de las víctimas”.

Solicitó a los legisladores capacitar a los agentes del Ministerio Público y los policías para que sepan cómo identificar este ilícito.

Añadió que, de acuerdo con un estudio realizado por esa organización, en el año 2014 el 70 por ciento de las víctimas era con fines de explotación laboral a nivel internacional, mientras que la sexual representó el 17.3 por ciento.

Finalmente, Luis Wertman Zaslav, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, pidió a los legisladores implementar acciones concretas para comenzar a generar confianza entre instituciones y sociedades, pues solo ello permitirá el combate óptimo de la trata de personas.

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