• La meta, ofrecer a esta población un país donde pueda desarrollarse sin barreras físicas y sociales: Mesta Soule

• México debe reforzar su papel como defensor de las causas de este sector que enfrenta invisibilidad, plantea titular de la CNDH

26-07-2017.- El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputado Luis Fernando Mesta Soule (PAN), afirmó que no se debe aplazar la armonización legislativa de los derechos de las personas con discapacidad en todos los estados, pues se debe garantizar la inclusión sustantiva de esta población.

Enfatizó que el gran reto es sentar las bases para que niñas y niños, hombres y mujeres, así como personas mayores que viven con una discapacidad y enfrentan limitantes en su accesibilidad, atención, movilidad y lastimosamente son víctimas de discriminación, vean reconocidos sus derechos en la legislación y atendidas sus demandas para poder realizar una vida plena.

Al inaugurar la “Reunión de Parlamentarios Locales para la Armonización Legislativa de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, puntualizó que la meta es ofrecer, a esta población, un país donde pueden desarrollarse de manera plena, libre de barreras físicas y sociales y se les garantice el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, que conlleve al goce de una vida autónoma e independiente.

Para ello, subrayó, se deben identificar plenamente las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y sumar voluntades y compromisos que “nos hagan vivir en un país que actúa por la sociedad”.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconoció que, en México, la igualdad, inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad, lamentablemente continúan siendo asignaturas pendientes.

Recordó que México fue quien propuso la creación de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad –aprobada por la ONU, el 13 de diciembre de 2006-, por lo cual debe reforzar su papel como promotor y defensor de las causas de esta población y generar avances concretos en la observancia y vigencia de sus derechos.

El desafío, dijo, es acabar con prejuicios y estereotipos que, en razón de la discapacidad de una persona, le nieguen o reduzcan sus posibilidades de vida y desarrollo. “La discapacidad no debe significar una barrera infranqueable que condicione y limite las opciones de vida de las personas, ni algo que genere exclusión y discriminación entre la sociedad por prejuicios y creencias infundadas”.

Afirmó que estas personas siguen siendo uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en el país y en el mundo, que ha enfrentado históricamente invisibilidad, exclusión y, en diversas ocasiones, imposición de normas y políticas públicas inadecuadas debido, en gran medida, a la histórica visión médica o asistencial asumida por la mayoría de los gobiernos hacia esta población.

El ombudsman nacional subrayó que aún hay muchos ordenamientos federales, estatales y municipales que no ofrecen una adecuada protección en materia de derechos humanos e, incluso, hay ciertos rubros en los que se percibe un vacío por ausencia total de normas adecuadas. “Estas circunstancias complican el ejercicio de los derechos y su protección por parte de la autoridad pública”.

Consideró urgente avanzar en la salvaguarda de los derechos humanos de las personas con discapacidad, para romper con el sistema de exclusión estructural en el que han vivido desde hace años; por eso, dijo, resulta fundamental concretar procesos eficaces de armonización legislativa, acordes con la Constitución y los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Dichos procesos de armonización legislativa constituyen condiciones que posibilitan el acceso y disfrute de los derechos más elementales para las personas con discapacidad y que deben concretarse en acciones específicas encaminadas a resolver sus necesidades de accesibilidad, salud, educación, empleo y recreación.

Algunos ámbitos que resultan de primordial atención y que son muestra de la exigencia de una armonización legislativa seria y profunda, son: el fortalecimiento de las disposiciones legales relativas a la seguridad y protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias; protección contra explotación, violencia y abuso contra este sector; derecho a la movilidad personal y participación en la vida política y pública en igualdad de condiciones que los demás, entre otros.

González Pérez reconoció que “si bien en el ámbito normativo se han registrado varios avances, basta con salir a la calle para constatar que es mucho lo que todavía nos falta recorrer para generar un entorno en el que la igualdad y vigencia de sus derechos humanos sea una realidad”.

Resaltó que parte de las tareas pendientes en este ámbito, pasa por lograr que las políticas públicas tengan un enfoque que reconozca y considere a las personas con discapacidad, a fin de propiciar una igualdad que permita la inclusión, reconociendo y abriendo las oportunidades para que realicen sus planes de vida y desarrollo, de la misma forma como lo haría cualquier otra persona.

Argumentó que a pesar de que existen acciones, proyectos y propuestas en las que se percibe un interés por no seguir excluyendo a las personas con discapacidad y transitar con un enfoque transversal hacia su inclusión efectiva en la sociedad, es necesario multiplicar esfuerzos para abatir los obstáculos que todavía inciden de forma negativa en el ejercicio de los derechos humanos de esta población.

De ahí, externó, la importancia de avanzar hacia un nuevo paradigma en el que las personas con discapacidad dejen de ser vistas como objetos de caridad y asistencia, para convertirse verdaderamente en sujetos de derechos y obligaciones y se respeten sus libertades fundamentales.

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