• En situación de pobreza, el 45.5 por ciento de esta población: Conadis

• Piden organismos y dependencias trabajar en un marco legal que responda a las necesidades de este sector

26-07-2017.- Diputadas integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside el diputado Luis Fernando Mesta Soule (PAN), urgieron a trabajar en el proceso legislativo para crear el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, con el fin de contar con información que ayude a realizar acciones a favor de esta población, de la cual el 45.5 por ciento está en situación de pobreza.

Durante las mesas de trabajo de la Reunión de Parlamentarios Locales para la Armonización Legislativa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las legisladoras se pronunciaron por fortalecer los marcos jurídicos que garanticen la inclusión del sector.

La diputada del PAN, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, destacó la importancia de tener un Registro Nacional de Personas con Discapacidad, pues hay una falta notoria de información y estadísticas, lo que limita la creación de buenas políticas públicas en favor de este grupo de la población y la implementación de acciones.

Agregó que el respeto a los derechos humanos alienta la vida de una auténtica democracia, por lo que “deben fortalecerse los derechos electorales y de educación para esta población”.

“Se ha caminado. Sin embargo, hay aspectos en que debemos avanzar como la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y las leyes locales”, consideró.

La diputada María Victoria Mercado Sánchez (Movimiento Ciudadano), secretaria de la comisión, precisó que, de acuerdo con el Conapred y la Sedesol, el 90 por ciento de personas con discapacidad ha sufrido discriminación, mientras el 52 por ciento siente que no han sido respetados sus derechos, lo cual demuestra políticas públicas ineficientes.

“Para miles de personas con discapacidad, es imposible encontrar empleo debido a su condición, por lo que debe favorecerse la armonización de las normas jurídicas a nivel federal y local que les ayude a resolver esta situación”, abundó.

De Morena, la diputada Irma Rebeca López López, secretaria de la Comisión, dijo que un número importante de la población mexicana sufre alguna discapacidad que limita el acceso al ejercicio de sus derechos. “Hay una exigencia en el establecimiento de normas que quiten las paredes existentes”, apuntó.

“Los derechos de estas personas deben ser plasmados y difundidos en cada ley local; trabajamos para priorizar estos temas, por lo que este espacio de diálogo ayudará a concretar muchas ideas y a hacer conciencia de las necesidades”, agregó.

El director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iguínez, reconoció que se tiene una deuda histórica con las personas con discapacidad. “No sólo ha sido la invisibilización la causa, sino la falta de entendimiento y comprensión de lo que significa la dignidad de todas las personas”, explicó.

“El reto es lograr que la política tenga un alcance nacional, pues las recomendaciones (de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) que se reciben tienen poca difusión y respuesta a nivel de los estados, y se quedan únicamente en el ámbito federal. Es necesario buscar formas para que esto opere de una forma más integral”, enfatizó.

Relató que desde el gobierno federal se busca que las recomendaciones se tomen como base de las políticas. Desde 1994 informó, se recibieron mil 180 en diversos temas. Se manifestó por darle más fuerza a estos instrumentos, porque el reto está en que aterricen en las acciones de las dependencias federales y locales.

La titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), Mercedes Juan López, relató que el 6 por ciento de la población mexicana tiene alguna discapacidad y el 45.5 por ciento de estas personas se encuentra en situación de pobreza.

Subrayó que a la fecha existen 23 convenios de coordinación con las entidades federativas para que cumplan con sus compromisos a favor de las personas con discapacidad. No obstante, dijo, Conadis tiene un presupuesto limitado, por lo que carece de la posibilidad de tener delegación en cada estado del país y darle un mejor trato a esta población.

Además, indicó, 14 entidades cuentan con un organismo específico para la atención de personas con discapacidad. Añadió que las recomendaciones buscan erradicar la pobreza extrema de esta población, otorgarles salud y bienestar, educación inclusiva y de calidad, igualdad de género, trabajo y empleo decente, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, e inclusión social, así como protección contra la violencia.

Alberto Cepeda Orvañanos, director para la Eliminación de la Discriminación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad van en el sentido de redoblar esfuerzos en la armonización legislativa, a fin de que todos los estados eliminen terminología peyorativa.

Se plantea, dijo, expedir una ley que prohíba la discriminación basada en la discapacidad; respetar la autonomía y libertad de estas personas; derogar la legislación que permita la detención basada en la discapacidad; establecer medidas financieras para la independencia de esta población.

Asimismo, revisar y actualizar el Código Civil para garantizar los derechos de todas estas personas a casarse y ejercer la custodia, tutela y guarda de sus hijos; acceder a la educación inclusiva; modificar disposiciones en la Ley de las Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), para garantizar el derecho al voto de toda esta población y que los materiales electorales sean accesibles. En síntesis, dijo, “se trata de coadyuvar a lograr un mejor presente y futura para las personas con discapacidad”.

Al participar en la mesa Elementos de Armonización Legislativa, Ricardo Bucio Mújica, secretario del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, afirmó que la falta de relevancia política del tema abona a la permanencia de situaciones ligadas a la vida de las personas con discapacidad, como la violencia, el abuso físico y sexual, el acoso y el bullying. Son temas que deben atenderse en la legislación, apuntó.

Aseguró que el principal problema para las personas con discapacidad no es su deficiencia, sino el entorno en que viven, ya que por años “creamos sistemas políticos, sociales y económicos para personas sin discapacidad”.

Consideró que lo primero que debe cambiarse es la definición de las comisiones legislativas, para no ubicar a la vulnerabilidad sólo en las personas, ya que eso no les permite participar en la modificación de los entornos.

María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), señaló que debe trabajarse en la sensibilidad de la sociedad, pero desde el núcleo de la familia, para hacerla más incluyente y lograr un cambio en esta cultura. Pidió replantear la visión del proceso de envejecimiento de la población, la cohesión social y las discapacidades que pueden generarse en los próximos años.

Destacó la importancia de las 37 mil 800 organizaciones civiles registradas, las cuales han atendido en muchas ocasiones casos específicos. “Sin movimientos sociales, el tema de la inclusión no podrá avanzar”, subrayó.

El director general adjunto de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Joaquín Alba Ruíz Cabañas, mencionó que la discapacidad no se encuentra en las personas sino en la interacción con el entorno físico. Por ello, “es importante entender este concepto para poder encaminarnos hacia una adecuada ley u ordenamiento”.

Referente al mecanismo de monitoreo nacional que forma parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dijo que busca que las garantías expresadas en este documento internacional sean aplicables, es decir, “no se trata de un mecanismo aislado, sino de hacer cumplir lo establecido en dicha convención. Al respecto, la CNDH tiene el objetivo de incorporar 32 mecanismos estatales, que espero se implementen este año”.

De la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex), Camerina Robles Cuéllar, dijo que en el proceso de armonización legislativa de las personas con diferentes deficiencias “vamos tarde, vamos muy retrasados” respecto a las recomendaciones que emitió la Organización de las Naciones Unidas en la materia. “Hemos tenido avances, pero han sido parciales”, subrayó.

Ante ello, destacó, es necesario que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se implemente en nuestras leyes, en nuestras costumbres y prácticas, a fin de que la discriminación quede abolida y se hagan valer los derechos de este sector de la población.

Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 15 por ciento de la población vive en una condición de discapacidad. Sin embargo, reiteró, las acciones del Estado a favor de estas personas aún son ineficientes, desarticuladas y de poco impacto. Los principales problemas a los que aún se enfrentan son la accesibilidad, el desempleo, la discriminación, apoyo gubernamental, servicios educativos y de salud.

El presidente de la Confederación de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (Confe), Javier Quijano Orvañanos, expresó que las políticas públicas deben ser transexenales y, sin embargo, se limitan a seis años. Ejemplo de ello, es el Centro paralímpico de Irapuato que tenía el fin de atender a las personas con discapacidad, pero esto nunca se dio, a pesar de que los atletas paralímpicos nos dan medallas y ponen el nombre de México en alto.

Los retos para la sociedad civil y el gobierno, expresó, es comprometer al Congreso de la Unión y los congresos estatales a reformar lo dispuesto en los códigos civiles, específicamente en el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la creación de sistemas de apoyo, impulsar la armonización legislativa frente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y generar presupuestos suficientes.

El activista y miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Alberto Athié Gallo, manifestó que la discapacidad a nivel mundial es un problema de interacción entre las personas que la padecen y los que llamaríamos “normales”. La discapacidad es la forma en que yo interactúo desde el campo en que estoy y la posibilidad de que tengan plena inclusión en el ambiente en el que se encuentran.

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, recalcó, plantea un cambio de paradigma que implica no sólo la perspectiva de ver a la discapacidad como un problema de entornos, sino como un problema de interacción.

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