02-06-2017 La Comisión de Puntos Constitucionales analiza una iniciativa del diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) que reforma el artículo 102 de la Constitución, a fin de dotar de autonomía a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión /FEADLE) y garantizar el acceso a la justicia de forma pronta y expedita.

Caballero Pedraza, integrante de la Comisión Especial de seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, recordó en su propuesta que, en 10 años de existencia, la FEADLE sólo tiene una condena entre cientos de casos de agresiones registrados.

“La evidente falta de resultados de esta Fiscalía, aunada a la incapacidad del Estado mexicano para atender el creciente número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, ha obligado a la sociedad civil a recurrir y a conformar organizaciones de derechos humanos integradas por activistas, periodistas y académicos” para dar seguimiento a las agresiones en contra de los comunicadores, apuntó.

Sostuvo que, de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, México se ubica en el lugar seis en el Índice Global de Impunidad 2016 en materia de agresiones a este gremio. Esto, a pesar de que en el 2013 adoptó una ley que otorgaba mayor jurisdicción a las autoridades federales para enjuiciar delitos contra la libertad de expresión. Sin embargo, continuó, “nadie ha sido procesado en la justicia y por lo menos ocho periodistas fueron asesinados por su labor informativa en 2015”.

El diputado denunció que la relación entre el crimen organizado y las autoridades municipales, estatales e incluso federales, y la impunidad, la corrupción y la inoperancia de las instituciones dedicadas a la procuración e impartición de justicia, son algunas de las condiciones que han convertido a México en uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo.

Añadió que el informe 2016 de la organización independiente de Derechos Humanos “Artículo 19”, indica que el promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los dos primeros años del sexenio actual.

Esto es, mientras en la administración anterior se documentaron mil 92 agresiones, un promedio anual de 182 ataques, en los dos primeros años del gobierno en curso se registraron 656, un promedio de 328 atentados al año.

Comentó que la organización civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) denunció, en su último informe bianual, que entre 2014 y 2015 la violencia contra mujeres periodistas aumentó en 70 por ciento en relación con los dos años anteriores (2012 y 2013), lo que representa “los mayores índices de violencia contra las periodistas en su ejercicio de libertad de expresión desde el año 2010”.

En dicho informe, CIMAC subraya la “ineficiencia” de la FEADLE para garantizar justicia en favor de las periodistas, tras cuatro años de insistencia sobre la necesidad y urgencia de contar con información desagregada por sexo. Tras varias solicitudes de información, “hoy sabemos que de enero de 2014 a noviembre de 2015, la Fiscalía recibió 64 denuncias de mujeres periodistas, de las cuales en 18 se decretó incompetencia y 33 están en trámite sin tener certeza del estado real que guarda la investigación”, detalló.

Dijo que ante estos acontecimientos, Michel Forst, experto independiente en la materia y Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos y periodistas, durante su reciente visita a México, del 16 al 24 de enero de 2017, afirmó:

“El establecimiento del Fiscal Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión, para investigar casos relacionados con periodistas, ha sido un paso muy positivo en la protección de la libertad de expresión en México.

Sin embargo, apuntó el legislador, la sociedad civil ha criticado a la oficina del Fiscal Especial por no lograr avances significativos en las investigaciones. Desde su creación en julio de 2010 y hasta noviembre de 2015, la FEADLE notificó sólo 31 investigaciones sobre homicidios y 25 desapariciones de periodistas y sin tener información de persecución efectiva.

Caballero Pedraza enfatizó que “es obligación de los tres órdenes de gobierno reconocer el importante papel que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la construcción de un Estado democrático, y garantizar su seguridad y su integridad personal, así como condenar cualquier expresión pública que desacredite su labor”.

Por ello, consideró necesario reformar la Constitución Política para que la Fiscalía Especial cuente con autonomía de gestión y presupuestaria, pueda determinar su organización interna y tenga personalidad jurídica.

Su objetivo será proteger a las personas que defienden los derechos humanos y a periodistas de las agresiones en su contra. Será integrada por el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión con competencia en todo el territorio nacional, por 32 delegados estatales con funciones en cada una de las entidades federativas y por un Consejo Consultivo Ciudadano integrado por 12 consejeros.

Además, la iniciativa propone que el fiscal y los 32 delegados estatales duren en su encargo seis años, sin posibilidad de reelección. En tanto, el Consejo Consultivo Ciudadano se integrará por 12 consejeros: cuatro del ámbito académico, cuatro personas defensoras de derechos humanos y cuatro periodistas, quienes estarán en funciones seis años y podrán ser reelectos por un periodo más.

El Fiscal deberá rendir cuentas a las Cámaras del Congreso de la Unión al inicio de cada periodo legislativo.

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