26-06-2017.- El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena) impulsa un exhorto para que las dependencias del gobierno federal cumplan con el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y otorguen el 1 por ciento de su presupuesto de comunicación social a las concesiones de radiodifusión comunitarias o indígenas, y de no hacerlo que la Secretaría de la Función Pública aplique las sanciones correspondientes.

Al no dotar con ese dinero a las radiodifusoras regionales, explicó, también se incumple el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el cual establece que se deben formular y ejecutar planes, programas y presupuestos, y cumplir las leyes y normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos.

En su documento, presentado en la Permanente y turnado a la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento Comunicaciones y Obras Públicas-, el integrante de la Comisión de Radio y Televisión indicó que las radiodifusoras de uso social no persiguen fines de lucro; con su prestación, permiten que comunidades alejadas y grupos marginados tengan acceso a información, generen redes de comunicación y fomenten la participación, explicó.

Subrayó la complicada situación que viven los medios comunitarios: “Cuando no cuentan con concesión se enfrentan a la criminalización, y cuando la obtienen lidian con problemas económicos para preservar el medio”.

Estimó imperativo que las instituciones del gobierno federal atiendan esta obligación y destinen el presupuesto que corresponde a los medios comunitarios. “La Secretaría de la Función Pública debe inspeccionar el ejercicio del gasto público otorgado a los entes federales en el rubro de gasto para comunicación social”.

El legislador recordó que el pasado 7 de junio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que, por primera vez desde la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se asignará presupuesto a las concesiones de uso social comunitario o indígena.

“Este recurso será otorgado únicamente a 15 concesionarios, pues de acuerdo con el IFT son quienes cumplen con los requisitos establecidos para recibir el presupuesto”, explicó.

Hernández de la Piedra expuso que las autoridades de las instituciones del gobierno federal no deben ser omisas a lo que mandata la LFTR, pues al no cumplirla “demuestran su falta de ética, profesionalismo y sensibilidad por la situación de los medios de comunicación sociales y comunitarios del país”.

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