• Según el Instituto Nacional de las Mujeres, el 47 por ciento de las mexicanas de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia emocional, económica, física o sexual durante su relación sentimental

01-03-2017.- La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Nereida Plascencia Pacheco (PRI), aprobó un dictamen a la minuta que reforma los artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de apoyar la operación de los refugios para mujeres violentadas y sus hijas e hijos.

La instancia legislativa indicó que estos sitios constituyen una alternativa para aquellas ciudadanas que sufren episodios de violencia que amenazan su vida, seguridad económica, autoestima o salud psicológica.

El dictamen busca robustecer la condición del refugio como espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito, donde se presten servicios especializados y atención integral a las víctimas y sus infantes, con el propósito de que se recuperen y fortalezcan su salud, y que, una vez concluida su estancia, sean capaces de ejercer su autonomía.

Estos lugares para protección, refiere el documento, en primera etapa, tienen la meta de sanar y revertir los daños causados por los abusos, transformar la condición de víctimas a sobrevivientes y fortalecer su autonomía para lograr su empoderamiento. En una segunda fase, buscan favorecer el desarrollo de la víctima y nutrir las decisiones que día a día la posibiliten a alcanzar una vida libre de violencia.

La diputada presidenta de la comisión, Nereida Plascencia Pacheco (PRI), apuntó que “la minuta se avaló por las parlamentarias del Senado de la República”, por lo que solicitó el voto a favor de la instancia que preside, a fin de favorecer a la mujeres víctimas de abusos.

Del mismo partido, la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández consideró que no se puede esperar para legislar en materia de violencia de género, porque “allá afuera las están asesinando y viven la peor forma de abuso que es el feminicidio. El dictamen busca salvaguardar sus vidas y las de sus hijos”.

En algunas entidades “no atienden el tema de los refugios, ni violencia contra la población femenina o hay que esperar a que lleguen recursos federales”, comentó.

Continuar programas para erradicar violencia de género

Durante la reunión, la Comisión de Igualdad de Género avaló un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, a continuar acciones y programas encaminados a erradicar la violencia familiar y de pareja contra mujeres y hombres.

Refiere que la violencia de género constituye uno de los más graves problemas en nuestro país, por lo que el Estado debe hacerle frente mediante múltiples acciones.

Precisa que, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, el 47 por ciento de las mexicanas de 15 años y más, han sufrido algún incidente de violencia emocional, económica, física o sexual a lo largo de su relación sentimental con su actual o última pareja.

El 37.1 por ciento ha padecido algún tipo de violencia comunitaria como manoseos, insinuaciones o propuestas para mantener relaciones sexuales., mientras que el 26.3 por ciento ha tolerado discriminación laboral.

Por tal motivo, la comisión consideró que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y erradicar la violencia en todas sus manifestaciones.

Exhorto a gobernadores a incluir en presupuestos estatales políticas de igualdad

Asimismo, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los gobernadores de los estados a incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad de mujeres y hombres en sus próximos presupuestos, que contengan los recursos suficientes y necesarios para realizar políticas eficientes encaminadas a incorporar la igualdad.

El objetivo es coadyuvar de forma sustancial para que en toda la República haya un eco y, de forma conjunta, se encaucen políticas para beneficiar de manera directa a las mujeres.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece que los gobiernos de los estados deben incorporar en sus presupuestos de egresos la asignación de recursos para cumplir sus políticas locales en materia de igualdad.

Ese mandato, indica, no se ha realizado en algunas entidades. ONU Mujeres precisa que de las 32 entidades federativas, sólo 16 incluyen algún artículo o capítulo relacionado con la perspectiva de género, y sólo 7 publican un anexo de género como parte de su decreto de presupuesto.

Velar por derechos político-electorales de mujeres indígenas

Otro punto de acuerdo aprobado por la Comisión de Igualdad de Género, exhorta al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Oaxaca, Claudia Romo Rodríguez, a investigar a la brevedad los sucesos por los que violaron los derechos políticos de Gabriela Maldonado, Rosa María Aguilar y Mariana Díaz, indígenas del municipio de San Miguel Peras y San Martín Peras, Oaxaca.

Asimismo, exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a hacer un llamado a los partidos políticos nacionales y locales, para que tomen medidas correspondientes contra aquellos militantes que están obstaculizando e, incluso, usando la violencia para evitar el libre ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en el estado.

También pide a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocer e informar sobre los hechos de violencia a los que han sido sometidas Gabriela Maldonado, Rosa María Aguilar y Mariana Díaz.

Lo anterior, por los hechos dados a conocer el pasado 22 de enero en diversos medios de comunicación, mediante los cuales se hicieron públicas las agresiones de que fueron objeto las citadas ciudadanas, quienes intentaron formar parte del Cabildo de San Miguel Peras, Oaxaca.

La comisión señala que esos actos encuadran perfectamente en violaciones a los derechos político-electorales de esas mujeres, por lo que deben ser investigados y, en su caso, sancionados e, incluso, reivindicar el daño a las víctimas.

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