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| Boletín N°. 3201 | Expertos opinan ante diputados sobre minuta que reforma Ley General de Educación |
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06-03-2017.- Como parte de la ruta crítica presentada por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para analizar la minuta a la iniciativa preferente del Ejecutivo, que reforma la Ley General de Educación, y turnada a la Cámara de Diputados por el Senado, se realizó en San Lázaro la mesa de trabajo “Estado, Educación y Migrantes”.
La presidenta de la instancia legislativa, Hortensia Aragón Castillo (PRD), indicó que “el objetivo es estudiar y escuchar la opinión de expertos en el tema, ya que existe preocupación en algunos transitorios de la minuta para que los estados cumplan plazos, es decir, no se observa una premura para atender el tema”.
Aclaró que no se modificará la ley en materia de migración, sino la Ley General de Educación, pero, sin duda, “hay inquietudes que deberán ser tomadas en otros instrumentos”.
La secretaria de la comisión, diputada Patricia Aceves Pastrana (Morena), consideró que “un reto relevante es la cuestión presupuestal, pues no basta con cambiar las leyes, es necesario tener en cuenta el dinero”.
“No podemos ignorar el grave problema en el que está la educación superior en nuestro país, y los 7 millones de estudiantes que aquí no tienen oportunidad de entrar a alguna universidad”, precisó.
La coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle García, dijo que “estamos dispuestos a recibir a los estudiantes repatriados, pero con orden. Pueden llegar a las múltiples universidades pero hay riesgo de perder calidad en la educación superior, y es lo que nos tiene inquietos”.
La educación, refirió, es un tema muy importante para el país, pero es lamentable que “nuestro sistema, a pesar de que tiene mucho presupuesto, no logra una calidad como la de otros países”.
El presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, Juan Carlos Romero Hicks (PAN), indicó que la iniciativa preferente, que ahora analiza como minuta la Cámara de Diputados, no es una reforma a la Ley de Migración, sino a la Ley General de Educación, dirigida a toda la población, aunque los más beneficiados serán los migrantes nacionales.
“Aunque está dirigida a connacionales, tiene el beneficio de atender a refugiados, exiliados y extranjeros que quieran ejercer su profesión en nuestros país”. Agregó que a nivel bachillerato existen más de 250 planes de estudio diferentes en el país y las equivalencias y revalidaciones son muy complejas. “Hay una gran cantidad de jóvenes que se frustran al llegar a este espacio. Son temas no resueltos porque no se tiene un sistema de información nacional”.
La presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes del Valle, indicó que “la preocupación fundamental es que los planteles educativos estén pedagógicamente preparados para recibir a la población migrante, ya que si no lo están, sucederán cosas que tienen que ver con falta de aceptación, comprensión, respeto e, incluso, situaciones de violencia”.
“Debemos ampliar nuestra visión de migrantes porque no sólo se trata de quienes regresan de Estados Unidos, sino de quienes cruzan nuestras fronteras. Haitianos, cubanos y centroamericanos que llegan a México, ahora se quedan aquí, porque no tienen posibilidad de transitar hasta el país vecino del norte y a ellos también hay que darles ese derecho”, explicó.
Requerimos un proceso que prepare a los docentes, a las comunidades estudiantiles y el propio entorno; es algo que debería estar previsto en la ley.
Consideró imprescindible eliminar brechas educativas que prevalecen en distintos sectores poblacionales, debido a que las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan las niñas, niños y jóvenes repatriados, son semejantes a las desventajas educativas y sociales que padecen la niñez y juventud de nuestro país, especialmente los que habitan en zonas rurales o viven en condiciones de pobreza extrema.
En su turno, el director general de Planeación y Desarrollo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), José Aguirre Vázquez, celebró la iniciativa preferente, ya que uno de los problemas más recurrentes que afecta a los estudiantes se deriva de la tramitología que puede limitar el acceso al sistema educativo y su progreso académico.
La problemática no sólo tiene que ver con el tránsito del extranjero al sistema nacional, se padece dentro del mismo. “La flexibilidad curricular y la movilidad de los estudiantes, son metas de la educación en México, pero son imposibles de lograr en ausencia de un sistema de reconocimiento de estudios universal y aceptado dentro de las instituciones de educación superior”.
Propuso retomar el proyecto “Sistema de Asignación y Transferencia de Crédito Académicos”, el cual privilegia el aprendizaje central del estudiante, el desarrollo de planes de estudio flexibles y evita las dificultades que los estudiantes enfrentan cuando requieren realizar estudios en una institución distinta a la de origen o cuando cambian del programa académico, enfrentándose a trámites burocráticos que se prolongan por largos periodos y que tienen un alto costo.
La intención, es acreditar lo que los estudiantes aprenden, independientemente de ciclos escolares, etapas formativas y lugar de estudios; posibilitar la multiacreditación, mediante currículos nacionales e internacionales; acceder a niveles de estándares internacionales; unificar criterios para reconocer el logro académico del estudiante; acreditar aprendizajes logrados en ambientes reales y multidisciplinarios, posibilitar una formación multicultural y reconocer el logro académico del estudiantes, entre otros objetivos.
El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez, afirmó que el sistema de educación superior del país se caracteriza por profundos desequilibrios y desigualdades regionales. “La precaria situación financiera de las universidades es un dato importante para calcular hasta dónde pueden ayudar con la solución de esta contingencia y el recorte de casi 5 mil 300 millones que sufrieron este año, las limita definitivamente”, expuso.
“No es un dato menor que los representantes de la UNAM, IPN e instituciones superiores más grandes de los estados, expresen su mejor voluntad de ayudar pero, al mismo tiempo, manifiesten que no tienen los recursos, ni infraestructura para hacerlo”.
Enfrentar la emergencia actual lleva a tomar medidas específicas y solidarizarse con los estudiantes que sean repatriados es lo menos que podemos hacer; sin embargo, es oportunidad de ver la realidad financiera y capacidad de nuestras instituciones superiores, principalmente las públicas, concluyó
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