07-03-2017.- El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, diputado Waldo Fernández González (PRD), indicó que el nuevo sistema de justicia obedece a la nueva realidad que vivimos y su creación se basó en fortalecer el sistema nacional de seguridad pública, crear herramientas para combatir a la delincuencia organizada y abandonar el método inquisitivo para transitar hacia uno acusatorio y oral.

Aseguró que el anterior sistema estaba rebasado y las reformas para la creación del actual representaron el cambio más importante que han sufrido las leyes en materia penal en los últimos 100 años.

Al inaugurar la mesa de discusión “Nuevo Sistema de Justicia: ¿Qué falta para su consolidación?, explicó que ahora tiene principios establecidos en el artículo 20 constitucional, que son: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Para su consolidación, es necesario que la ciudadanía conozca sus cualidades y beneficios; “implica que cada uno de los que trabajamos directamente con este nuevo sistema, tengamos como punto central la difusión de sus aportes y predicar con el ejemplo, es decir, que abogados, jueces y todos los involucrados hagamos lo necesario para su correcta aplicación”.

El país atraviesa por una debilidad institucional y en ese estado de ánimo, la sociedad escucha información errónea. “Nosotros tenemos la obligación de fortalecer nuestras instituciones. Pareciera imposible que la población comprenda la importancia de la implementación del sistema de justicia, por eso hay que predicar con el ejemplo”, recalcó.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, César Camacho, aseguró que las reformas en justicia penal han sido las más transcendentes en esa materia, ya que lo que está de por medio no es el patrimonio de las personas, sino su vida, integridad y dignidad.

Apuntó que la reforma, como cualquier ordenamiento jurídico, es instrumental, por lo que el reto más grande es el cambio cultural; es decir, este ordenamiento no resuelve las cosas, pero obliga a las autoridades a ser competentes y velar por los intereses y derechos de las víctimas, además que nunca olvida al inculpado.

Añadió que el modelo de justicia debe eliminar el arraigo, ya que de las 6 mil 562 personas bajo esta figura, entre 2008-2011, sólo 3.2 por ciento obtuvo sentencias condenatorias, lo que muestra que esta medida posee un desprestigio a la alza y eficacia a la baja.

Asimismo, se tiene que excluir del sistema la prisión oficiosa y establecer un catálogo que estipule cuándo debe tomarse esta medida.

César Camacho indicó que “será labor de los legisladores realizar las precisiones correspondientes al sistema, colme lagunas, solvente deficiencias y corregir lo que se debe”.

En su participación, el integrante de la Comisión de Justicia, diputado Alfredo Basurto Román (Morena), dijo que el nuevo Sistema de Justicia Penal tiene más beneficios que perjuicios, pues hace que todo tienda hacia la oralidad. “Se anticipa que también se use en materia civil, familiar y mercantil, lo cual simplificaría las cosas. “Los juicios antes duraban años, hasta cinco, con el nuevo, hasta en un mes termina uno con sentencia, convenio o sentencia alternativa”, enfatizó.

El sistema debió implementarse desde abajo, empezar en los cuerpos de seguridad (municipales y ministeriales), que son los primeros en llegar al lugar de un delito; y en las cárceles, que es donde se debería lleva a cabo la readaptación social.

Señaló que expertos consideran que el nuevo sistema no cumple con sus objetivos porque “nació en un momento muy difícil para el país, cuando el crimen organizado tiene su mayor auge y cuenta con recursos y armas que el propio ejército no tiene, con gran poder de destrucción”.

Agregó que hay entidades donde no se vio la magnitud de la importancia del nuevo sistema y sólo 30 por ciento ha avanzado en su implementación, mientras que 70 por ciento no lleva ni la mitad. “Hay estados donde las salas de juicios orales se están acondicionando en casas particulares, porque el recurso que se envió para el nuevo sistema se destinó a otras cosas”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Enrique Burgos García, apuntó que la reforma que creó el nuevo Sistema de Justicia Penal, representa una transformación profunda que requiere evaluación permanente de resultados para perfeccionarse.

Consideró que el sistema acusatorio demanda un sólido impulso en la transformación del pensamiento social, sobre para qué sirve y conocer cómo se articula dicho sistema.

Alejandra Ramos Durán, jueza de Control en Chihuahua, consideró que las fiscalías deben ser autónomas e independientes del Poder Ejecutivo. “No sólo deben quedar en la teoría, ya que sólo atenderán intereses políticos y proporcionarán estadísticas para fines de obtención del voto, dejando de lado la atención a las necesidades sociales de esclarecimiento de delitos”.

Por otro lado, explicó que con las precauciones que se contemplan en el debido proceso no se pretende sobreproteger al imputado, sino dejar reglas claras que le sirvan a la víctima, a través de un procedimiento firme que se verifica con observancia de derechos humanos.

El coordinador de la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales, Martín Sánchez Bocanegra, afirmó que la operación del sistema de justicia en México enfrenta grandes desafíos, y deben establecerse los parámetros necesarios para mejorar su funcionamiento. “La discusión apenas comienza y tenemos mucho camino por recorrer”.

Dijo que se busca plantear una solución desde el ámbito de una reforma constitucional que permita ir al fondo de qué causa los obstáculos al Sistema Penal Acusatorio. “Estamos altamente comprometidos por llegar a un estado del sistema, en donde los mexicanos estemos representados y nos sintamos satisfechos de su funcionamiento”.

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