30-03-2017.- La Comisión de Población aprobó un dictamen para reformar la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, lo que armoniza la legislación y garantiza la operación permanente del Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

Con ello se proyectarán mejores políticas públicas para atender temas sensibles a los ciudadanos, como la prevención y actuación frente a delitos que vulneran la seguridad jurídica.

El presidente de esta instancia, diputado Adolfo Mota Hernández (PRI), explicó que se homogeniza la información que recibe el Instituto y actualiza disposiciones para integrar mejores datos.

Se eleva a rango de ley el Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, creado en un acuerdo de la Junta de Gobierno del INEGI, en 2008.

Esta aprobación beneficiará a que sociedad, actores públicos –en especial de la Administración Pública Federal— y legisladores, cuenten con mejor información estadística sobre temas poblacionales y de seguridad.

Esta homogenización no ocasionará un gasto adicional, sino que se hagan mejor las cosas con el mismo recurso asignado. “Es bueno precisar la austeridad y que sea con cargo al presupuesto establecido, pues el país vive momentos de racionalidad”.

El dictamen señala que el Estado y sus Poderes deben tener el adecuado ejercicio de gestión de asuntos de responsabilidad que garanticen un buen gobierno, seguridad pública y una impartición de justicia sensible a las condiciones de la sociedad, contribuyendo a que alcance un pleno desarrollo.

El Subsistema produce, integra, administra, conserva y difunde información de interés nacional y de calidad, permitiendo que los órganos del Estado tomen mejores decisiones.

Contará con un marco geoestadístico, un inventario nacional de registros administrativos, y productos estadísticos para obtener información oficial sobre gestión y desempeño de instituciones públicas en funciones de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia.

Deberá producir, integrar, administrar, conservar y difundir la información e indicadores clave sobre gestión y desempeño de instituciones públicas que conforman el Estado y sus Poderes, relacionados con esas tres funciones.

De aprobarse en el Pleno, tendrá un Comité Ejecutivo integrado por los coordinadores de las secretarías de Gobernación, de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional y de Marina; de la Procuraduría General de la República; el representante del Poder Judicial de la Federación y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como por representantes del grupo de entidades federativas.

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