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| Boletín N°. 3379 | Aprueba comisión minuta para que Sedatu fije lineamientos en materia de viviendas financiadas con fondos federales |
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30-03-2017.- La Comisión de Vivienda aprobó la minuta que reforma la Ley de Vivienda, a fin de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fije los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura, acciones de suelo y viviendas financiadas con fondos federales, y los de organismos que financien casas para los trabajadores.
Asimismo, el dictamen establece que la Sedatu elabore anualmente, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, una estimación que determine el monto de recursos federales requeridos para cumplir la política de subsidios.
La instancia legislativa, presidida por la diputada Carolina Viggiano Austria (PRI), consideró que la minuta busca reconocer las facultades de la mencionada dependencia federal en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos y urbanismo, ya que actualmente la Ley de Vivienda otorga esas funciones a la Secretaría de Desarrollo Social.
Refirió que las políticas en torno a vivienda tienen el fin de brindar a los mexicanos el acceso a un lugar digno y decoroso para vivir, en cumplimiento del artículo 4 constitucional; por ello, estimó necesario reformar la ley mencionada para que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la Sedatu y la Sedesol calculen lo requerido para efectuar la política de subsidios.
La intención, explicó, es uniformar las atribuciones de la Sedatu y permitir su correcto desenvolvimiento, debido a que actualmente algunas responsabilidades no recaen en esa secretaría.
Las reformas a los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda, agregó la comisión, armonizan la norma con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en su artículo 41 indica que la Sedatu es la encargada de prever a nivel nacional las necesidades para el desarrollo urbano y vivienda.
Además, especifica que será la responsable de promover y concertar programas de desarrollo metropolitano, y apoyará su ejecución con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipios.
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