29-05-2017.- El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), de la Cámara de Diputados, señaló que con una visión de género, programas educativos y erradicación de la pobreza, se debe detener el trabajo, la explotación y el turismo sexual infantil que involucra a niñas, niños y adolescente de entre 5 y 17 años.

A pesar de que las políticas públicas implementadas contribuyen a contener y erradicar el trabajo infantil, éstas son insuficientes, persisten desventajas y problemas socioeconómicos que impiden proteger y resguardar la integridad física, principalmente de niñas y mujeres adolescentes, que realizan actividades no remuneradas.

En el estudio “Las peores formas de trabajo infantil. Niñas mexicanas”, señala que las niñas, niños y adolescentes se enfrentan a situaciones de esclavitud y trabajo forzado como limpiavidrios de autos, vendedores de chicles, dulces y artesanías o pidiendo limosnas, que trasgrede sus derechos fundamentales.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que las niñas empleadas en labores domésticas, están en riesgo de ser víctimas de explotación y abuso sexual, maltrato físico y psicológico, y utilizadas como servidumbre.

Además, son víctimas de pornografía, trata y crimen organizado; por ello, es ineludible analizar el problema con visión de derechos humanos con perspectiva de género.

Menciona UNICEF que la explotación infantil se divide en: doméstica, no doméstica, monetaria, servidumbre, trabajo remunerado, actividades económicas marginales

En México, el proceso para mejorar la información estadística regional es muy reciente y no existen suficientes datos duros y confiables sobre el trabajo infantil, de adolescentes y de niñas, se considera que esta carencia obedece a la falta de una política firme que admita que se trata de un problema social relevante.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-2015) del INEGI, registra que el Módulo Trabajo Infantil (MTI) indicó que la Población de Niñas, Niños y Adolescentes en Trabajo Infantil (PNNATI) asciende a 2 millones 475 mil 989 de menores, cifra aún significativa, pues representa 8.4 por ciento de la Población de Niñas, Niños y Adolescentes (PNNA), equivalente a dos por ciento de la población total en México, estimada en 121 millones 488 mil 405 habitantes.

El estudio cita que por cada 25 infantes, hay una niña o adolescente en el trabajo infantil; son miles de niños que realizan diversos tipos de trabajo, cuyo derecho a la educación, salud y esparcimiento está suspendido por estar incorporados a distintas labores.

A nivel mundial, los menores trabajan en minas peligrosas, actividades agrícolas y fábricas, en horarios que les impiden asistir a la escuela. Tan sólo en Latinoamérica y el Caribe, laboran aproximadamente 17.4 millones de infantes.

Es relevante mencionar que dentro de la explotación sexual comercial infantil (ESCI) se encuentra el turismo sexual infantil, que consiste en el traslado de personas a países pobres para tener encuentros sexuales con niñas, niños y adolescentes, en edades que van desde los 13 años, aunque hay casos que se presentan desde los ocho años.

El Sudeste Asiático (Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam), Centroamérica y América Latina, son lugares más afectados por este turismo.

Entre los principales factores que desencadenan la ocupación infantil, indica el estudio, están pobreza, maltrato, desintegración familiar y un sistema educativo no satisfactorio, facilitando que la niñez se involucre en el trabajo productivo en calidad de subempleado o en “trabajos clandestinos”.

El trabajo agrícola y las empresas agroindustriales que contratan a toda una familia, incluyendo niños, niñas y adolescentes, pone en peligro su salud, debido al contacto con agroquímicos, pesticidas y fertilizantes con activos cancerígenos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el “trabajo infantil” como “todo trabajo que priva a los niños de su niñez, potencial y dignidad, y es perjudicial para su salud, desarrollo físico y psicológico”; por ello, todos los niveles de gobierno tienen la obligación constitucional de implementar políticas públicas que incidan en la calidad de vida de la infancia.

Considera que garantizar el derecho a la educación es la base para el desarrollo integral de la niñez, además de que permitirá romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza.

La legislación vigente, agrega, contempla la prohibición del trabajo infantil; sin embargo, esto continúa, por lo que es necesario enfocarse en garantizar su protección frente a la explotación, estableciendo políticas más eficaces que permitan observar las condiciones en las que desempeñan actividades remuneradas y no remuneradas.

Datos de UNICEF de 2016 indican que existen en el mundo, 158 millones de niños entre 5 y 14 años que trabajan, y por cada 100 infantes, 16 son explotados, mientras que millones lo hacen en condiciones de peligro extremo; además, los menores que viven en hogares pobres de zonas urbanas tienen más probabilidad de ser víctimas de trabajo infantil, mientras que los de zonas rurales de trabajo doméstico.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género recordó que en 1966 se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos promueven la protección de las niñas y niños contra la explotación y el derecho a la educación.

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