14-11-2017.- La Cámara de Diputados aprobó en los general y en lo particular con 384 votos a favor, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que fortalecen derechos de los compradores y faculta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para generar mayor certidumbre jurídica en las relaciones de consumo.

El documento, enviado al Ejecutivo federal para sus efectos Constitucionales, precisa que todo proveedor está obligado a informar sobre las restricciones aplicables en la comercialización de bienes, productos o servicios, sobre todo aquellos ofrecidos al consumidor; para la entrega del bien y bajo ninguna circunstancia, a persona alguna, serán condicionados estos productos o servicios así como la información de los mismos.

Al fundamentar el dictamen que reforma los artículo 7 y 127, adiciona los artículos 65 Quater, 65 Quater 1, 65 Quater 2, 65 Quater 3, 65 Quater 4, de la Ley, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI) mencionó que al establecer las modificaciones aprobadas, los proveedores no podrán incrementar los precios de bienes y servicios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias, ni tampoco aplicar cargos sin previo consentimiento del consumidor.

Prohíbe incluir información o publicidad engañosa en la comercialización de un producto o servicio. En relación con el comercio electrónico, contempla que el proveedor que ofrezca o venda productos o servicios utilizando medios electrónicos, deberá cumplir con la norma mexicana expedida por la Secretaría de Economía.

Con esto, añadió que se reforzarán las facultades de la Profeco en su labor de defensa de los consumidores, otorgándole nuevas herramientas, entre ellas alertas dirigidas a ellos mismos.

En caso de multas que imponga la Profeco, se podrán considerar como créditos fiscales y ser cubiertos a través de medios electrónicos, lo cual fortalece la transparencia en su cobro para generar confianza en el mercado y certidumbre jurídica para proveedores, consumidores y autoridades correspondientes.

Se establece plazo de 10 días para retirar sellos de suspensión o advertencia, en caso de que sean colocados en los establecimientos como una medida precautoria.

Al fijar la posición del Partido Encuentro Social, Nancy López Ruiz, afirmó que la reforma a esta Ley es integral y robusta porque la actualiza y atiende inquietudes del Poder Judicial y de diversos diputados federales.

Mi fracción parlamentaria está comprometida con la construcción de una cultura de consumo responsable e inteligente, con el fin de que los consumidores tengan la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones al estar bien informados de los efectos de sus actos de consumo y derechos que le asisten.

“Estamos seguros de que el consumo inteligente como facilitador de mejores condiciones económicas hace referencia a la adquisición racional de bienes y servicios, sin llegar a elevados niveles de consumo que sean insostenibles para la economía del consumidor”, afirmó.

Por Nueva Alianza, el legislador Carlos Gutiérrez García destacó que la reforma pone un alto a la publicidad y comercialización de los llamados productos milagro. “Estamos de lado de los consumidores, es por ello que coincidimos con esta reforma ya que es una forma de contribuir a salvaguardar los derechos de las y los mexicanos”.

El diputado Luis Ernesto Munguía González, de Movimiento Ciudadano, dijo que en la relación entre consumidores y empresas se observan abusos y atropellos que reflejan una falta de Estado de derecho y ausencia de reglas claras. Por ello, “mi partido votará a favor del dictamen porque se suma a los esfuerzos que promuevan la defensa de los consumidores”.

“La defensa de los consumidores debe ser entendida como un espacio fundamental de acción, para fortalecer el Estado de derecho y reconstruir la confianza ciudadana”, expresó.

En su oportunidad, la diputada Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista, destacó que incorporar las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, permitirá contar con mejores prácticas globales en la defensa del poder adquisitivo y la economía familiar.

Agregó que para su fracción parlamentaria estos cambios a la Ley resultan fundamentales porque fortalecen el marco jurídico que regula las relaciones de consumo, dan mayor certeza a los consumidores y abren camino a una legislación vanguardista que garantiza su defensa.

Por el grupo parlamentario de Morena, el legislador Alejandro Armenta Mier expresó que sus compañeros entienden que es prioritario proteger al consumidor ante abusos que enfrentan.

“Morena está a favor de impulsar la economía nacional y a los empresarios locales que respetan la salud alimentaria y, desde luego, con honestidad cumplen su función en el mercado interno y en la economía. Defender al pueblo, darle voz a los reclamos sociales, es obligación elemental de los diputados. En Morena entendemos con claridad las necesidades sociales y protección que debemos dar a los consumidores”, añadió.

La diputada Lluvia Flores Sonduk, del PRD, afirmó que esta reforma es importante porque defiende los derechos del consumidor, ya que “no se puede seguir golpeando a un pueblo que ha sido golpeado”.

Por ello, agregó, el PRD votará a favor del dictamen, del derecho de los consumidores y del pueblo de México.

De Acción Nacional, Miguel Ángel Salim Alle aseguró que están a favor del dictamen porque consideran que para fomentar el consumo inteligente, procurar la seguridad jurídica y equidad entre proveedores y consumidores, se tiene que dotar de mayores atribuciones a la Profeco.

“El dictamen es un claro ejemplo que las autoridades y el sector privado sí pueden ponerse de acuerdo a favor de los consumidores, de las empresas y de México”, añadió.

El diputado Fernando Uriarte Zazueta, del PRI, afirmó que su fracción parlamentaria apoya el dictamen porque va en consonancia con los propósitos de procurar la mayor protección a los consumidores.

“Esta ley cuidará los bolsillos de los mexicanos, permitirá un mejor aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos y algo más importante, impactará en la confianza de la población”.

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