30-11-2017.- La Comisión de Gobernación aprobó, con 18 votos a favor y 13 en contra, el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, y lo remitió a la Mesa Directiva para la programación de su discusión en el Pleno.

La presidenta de esa instancia legislativa, diputada Mercedes Del Carmen Guillén Vicente (PRI), expuso que el dictamen no significa la militarización del país, porque toda intervención estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de un año y, únicamente, podrá prorrogarse por acuerdo del Ejecutivo.

La aplicación de la Ley de Seguridad Interior corresponderá a las Fuerzas estatales y federales, y sólo cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas.

Establece, además, que la actuación de las autoridades se realizará en un marco de corresponsabilidad y señala obligaciones específicas para que cumplan a la brevedad con los fines de la Declaratoria de Protección de Seguridad Interior.

Guillén Vicente subrayó que el incumplimiento de las obligaciones de la ley será sancionado de acuerdo a los artículos 112 y 113 de la Constitución, garantizando el equilibrio de Poderes.

El documento avalado precisa que las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución, y en sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate.

Refiere que las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos.

Establece que corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior.

Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

De igual forma, señala que el Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Lo anterior, cuando se comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo uno de la Ley de Seguridad Nacional.

En aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República, bajo su estricta responsabilidad, podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

Precisa que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”.

El dictamen plantea que la Secretaría de Gobernación implementará esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones dicha Declaratoria.

Precisa que las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo Acciones de Seguridad Interior necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.

En la discusión, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) señaló que se vive el año más violento en décadas y avalar el dictamen de la Ley de Seguridad Interior es la renuncia del Estado a garantizar la seguridad. “Ayer se enterró la posibilidad de que el poder civil predomine en la garantía de seguridad, al rechazar Mando Mixto”. De aprobar el documento, dijo, se coloca al país en encrucijada grave, por lo que su bancada está en desacuerdo rotundo con la propuesta.

El diputado Macedonio Tamez Guajardo (Movimiento Ciudadano) consideró el dictamen como “un gran engaño” a las Fuerzas Armadas, porque se les hace creer que a través de esta norma quedarán justificados sus actos. Estimó que debió haberse aprobado el Mando Mixto y en conjunto hacer algo por la seguridad del país, pero la Ley de Seguridad Interior da mucho peso al Ejecutivo.

El panista Jorge Triana Tena comentó que el artículo 21 constitucional enmarca la obligación del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos y refiere que debe hacerlo es a través de instituciones civiles no castrenses. “Las Fuerzas Armadas tienen todo nuestro reconocimiento pero no deben tener funciones policiales. Es un dictamen, además, que ha sido poco estudiado y no se ha analizado a precisión”.

La diputada Rocío Nahle García (Morena) se pronunció en contra de que el Ejército haga labores de seguridad pública, “pero ellos ya están ahí, y es necesario dotarlos de un instrumento legal”; sin embargo, el dictamen va en contra de tratados internacionales, recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Corte interamericana de los Derechos Humanos. “Vamos a meter al Ejército a un desgaste en lugar de protegerlo, y si bien necesita un ordenamiento, esta no es la opción”.

Del PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez refirió que el dictamen recoge expresiones de muchos foros en donde estuvieron convocados todos los actores y los propios legisladores. El dictamen, sostuvo, responde al reclamo respecto a la militarización del país y establece de manera clara que las Fuerza Armadas participarán cuando otro orden de gobierno no tenga la capacidad de atender las tareas de seguridad pública. Con la norma, subrayó, se conocerá por disposición legal cuántos son, dónde están y qué hacen los elementos del Ejército.

El diputado David Gerson García Calderón (PRD) manifestó que el dictamen pretende militarizar las calles. “La norma confunde y crea incertidumbre legal con lo establecido en la Constitución. Se debe revisar el documento, pues no contempla mecanismos de control de las acciones de los elementos castrenses”. Externó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas, pero se pronunció por atender la capacitación de las corporaciones.

Claudia Sánchez Juárez, diputada de Acción Nacional, reconoció el papel que han tenido los elementos castrenses, pero estimó que en el dictamen debe haber candados para sólo llevar a los militares al auxilio de las policías locales cuando estén rebasadas.

Carolina Viggiano Austria, del PRI, consideró absurdo decir que la ley promoverá el deterioro de los derechos humanos. Dijo que sin protocolos es difícil saber si hay abuso a esas garantías, y la ley los contempla. “Las Fuerzas Armadas son la institución mejor calificada por la ciudadanía, por lo que debemos darles un instrumento legal que respalde su actuación. La norma establece cosas que hoy no están definidas; por ejemplo, se puntualizan demarcaciones territoriales y temporalidad de acción”, y afirmó que “no mandaremos al Ejército a las calles, porque ya está en las calles”.

El diputado Carlos Sarabia Camacho (PRI) afirmó que el Ejército no quiere estar en las calles, y se le debe dar una herramienta, porque hoy los presidentes municipales o gobernadores echan mano del Ejército para las tareas que corresponden a corporaciones locales.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Clemente Castañeda Hoeflich comentó que se debe corregir lo que se hizo hace 10 años, sacando al Ejército de las calles y que no tenga las funciones de seguridad pública que, como lo refiere la Constitución, corresponden a las fuerzas civiles. Además, sostuvo que la ley no favorece a los militares y parte de un principio ambiguo de seguridad pública, en el que casi cualquier cosa se puede considerar como materia de seguridad interior.

A su vez, la diputada Angélica Moya Marín (PAN) dijo que una ley que dé certeza jurídica a las Fuerzas Armadas no acabará con la grave crisis de seguridad que vive el país, lo que sí podía lograrse con el fortalecimiento de las corporaciones locales. Su grupo parlamentario, apuntó, no apoyará el dictamen, pues plantea que los elementos castrenses realicen tareas de seguridad pública. “Es una ley hecha a la medida para la intervención de los militares y no dota de nuevas herramientas a policías locales”.

El diputado del PRD, Omar Ortega Álvarez, comentó que no se trata de estar en contra de las Fuerzas Armadas, a quienes manifestó su reconocimiento, sino de que esas corporaciones federales son las últimas que deben entrar a resolver problemas de seguridad pública. “Legitimar ese actuar es un sinsentido y es muy delicado querer avalar al vapor una Ley de Seguridad interior”, apuntó.

Reformas a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

La Comisión también avaló el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para flexibilizar el uso de los símbolos patrios y permitir su promoción, siempre y cuando se realice con dignidad, decoro y respeto, actualizando la Ley en la materia.

Lo anterior, para que las autoridades, instituciones y ciudadanía en lo individual, y mediante la organización colectiva, puedan identificar, con claridad y precisión, los casos en que se pueden reproducir, usar y difundir los símbolos patrios, así como las situaciones en las que no se requerirá de una autorización oficial para hacerlo, modificando además, las restricciones sobre el uso y difusión del lábaro patrio.

Declaran el 18 de noviembre “Día Nacional para Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres”

También fue ratificado el dictamen que declara el 18 de noviembre “Día Nacional para Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres”, debido a que en esa fecha, en el año de 1923, fueron elegidas para competir a la legislatura local, como candidatas del Partido Socialista del Sureste, las primeras diputadas electas.

Se busca concientizar a la población de un fenómeno que se ha visto en aumento con el incremento paralelo de la participación femenina en la política, así como visibilizar, identificar y prevenir este tipo de violencia.

Aprueban 13 de septiembre como “Día Nacional del Cacao y el Chocolate”

Además, se aprobó el dictamen que declara el 13 de septiembre “Día Nacional del Cacao y el Chocolate”, con la finalidad de reconocer la importancia de este producto en la economía y abrir la posibilidad de generar un espacio permanente de difusión cultural, gastronómica y turística.

La industria del chocolate en México se ha visto afectada por el aumento del precio en sus materias primas, el tipo de cambio del dólar frente al peso y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); esta actividad económica tiene un valor de más de 23 mil millones de pesos y genera un poco más de 33 mil empleos, pero se encuentra en desventaja comparativa con el resto del mundo.

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