04-10-2017.- El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), informó que existe, por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), una propuesta para que su titular, Arely Gómez González, se reúna con esta instancia legislativa, el próximo lunes 23 de octubre, a las 12:00 horas.

En la reunión donde se aprobó su plan de trabajo, Castro Vázquez mencionó que esta fecha es “según la agenda de la secretaria”; sin embargo, aclaró que todavía no es un hecho, ya que le pidieron acudiera el próximo miércoles, pero debe discutirse con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García (PAN) consideró importante la comparecencia de la titular de la SFP ante esta comisión, ya que “hay muchos temas a los cuales debemos darle seguimiento como legisladores fiscalizadores”.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) se manifestó por emprender una segunda mesa de trabajo para discutir el presupuesto del Anexo 20 y así enriquecer la opinión de esta comisión sobre el tema, pues en la primera mesa, diversos organismos del Sistema Nacional Anticorrupción externaron aportaciones importantes.

También de ese grupo parlamentario, el legislador Francisco Xavier Nava Palacios apoyó la propuesta de esta mesa, dado que hay peticiones, como la de San Luis Potosí -que después de un “escándalo gigante de corrupción” dentro de su Congreso y la Auditoría del estado- surgió un frente ciudadano anticorrupción, que está pidiendo ser escuchado por la Cámara de Diputados.

Cecilia Romero Castillo, diputada del PAN, planteó solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) resuelva el tema de la designación de los Titulares de los Órganos Internos de Control de organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política, que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El diputado Castro Vázquez señaló que se hará el exhorto a la Jucopo, pero existe un recurso jurídico –interpuesto ante un juez por un participante que sintió violentados sus derechos— que mantiene todo el procedimiento en pausa, hasta que dictaminen quién tiene razón. “Si tiene razón la persona, tendremos que reponer el procedimiento; si no, le damos continuidad al proceso”.

Respecto al Plan de Trabajo anual, Castro Vázquez destacó que lo más relevante es dar continuidad a la mesa de trabajo del presupuesto al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), para analizar cómo se va a financiar y cómo lo propone el gobierno.

Explicó que como la Fiscalía Anticorrupción no se ha creado, no hay un presupuesto definido, “pero en la unidad especializada de la PGR aparece un recurso extraordinario en un capítulo que dice “viáticos” y no sabemos si al final será un fondo para la fiscalía anticorrupción”.

Consideró que se propone destinar demasiados recursos, alrededor de 300 millones de pesos, a la Secretaría Ejecutiva del SNA para crear una burocracia muy amplia.

También se ha planteado el establecimiento de una sala especial en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para la que se ha solicitado presupuesto; además, es necesario abordar el tema de las leyes que no se han armonizado, como la de Obras Públicas, de Adquisiciones y de Archivos, que no se han dictaminado en el Senado. “A todo le vamos a dar continuidad”.

Señaló que a las mesas de trabajo se ha invitado a los integrantes del SNA, a la Función Pública, al Auditor Superior, al Consejo de la Judicatura, para conocer si requieren presupuesto, en qué se lo van gastar y, de ser necesario, hacer adecuaciones para fortalecer ciertas áreas.

“Para eso es el foro, para que la ciudadanía y los diputados estemos enterados de cómo está el presupuesto y para que se va a gastar” y posteriormente la Comisión discutirá qué propuesta presentará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Castro Vázquez señaló que el Anexo 20 del proyecto de presupuesto para el 2018 es el que le corresponde analizar a esta Comisión; fue creado para el combate a la corrupción y se propone asignarle alrededor de 6 mil millones de pesos. Lo componen la ASF, el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de la Función Pública y la nueva Secretaría Ejecutiva.

Consideró que el proyecto de presupuesto es suficiente si se tiene la certeza de cómo se va a ejercer. “Hasta ahora lo que vemos, por ejemplo, en el caso de los magistrados de la nueva sala especializada vemos que sí se están poniendo salarios muy elevados y es el caso, también de la Secretaría Ejecutiva, pero si eso se subsana, yo creo que sí tendríamos un presupuesto para que vaya fortaleciéndose”.

Aclaró que se requiere saber cómo se va aplicar el presupuesto porque, por ejemplo, la ASF requiere más presupuesto para tener más capacidad para fiscalizar las participaciones federales. Entonces, “si se va a invertir en eso, nosotros estamos de acuerdo”.

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