• Detalla el plan en San Lázaro el titular del Instituto para la Seguridad de las Construcciones

09- 10- 2017.- El director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, Renato Berrón Ruiz, informó a diputados que hoy iniciaría la etapa de demolición de edificios en tres de 11 inmuebles, los cuales cumplieron con todos los requisitos, luego de que sus propietarios hicieron la solicitud respectiva; además, se trabaja en seis inmuebles más que van a eliminarse. Serán alrededor de 150 y menos de 200 las edificaciones que serán derribadas.

La presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, diputada Cecilia Soto González (PRD), destacó la importancia de fortalecer la resiliencia y asignar un presupuesto responsable para la protección civil capitalina, que se incluirá en la opinión que se presente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

“Lo que ha hecho evidente el sismo es que hay una serie de renglones de protección civil y de instrumentos que coadyuvan a la resistencia y resiliencia en la ciudad, que no están suficientemente bien financiados. Queremos plantear, de manera muy detallada, ya no nada más en rubros generales sino por organismos como es el caso del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que aumente el presupuesto”, señaló.

Además, recomendó que los compradores de un inmueble exijan un certificado de seguridad estructural; hacer obligatorio para las inmobiliarias tener un seguro para la construcción de edificios, y que las edificaciones sean monitoreadas a través de instrumentos tecnológicos que den a conocer su comportamiento y lo midan.

Pidió saber el porcentaje de edificios colapsados que se construyeron antes de 1985 y cuáles después del 2004 en que se establecieron nuevas normas, así como los que van a ser evaluados para evitar mayores daños.

En mesas de trabajo con funcionarios capitalinos, organizadas por la instancia legislativa, Soto González resaltó la importancia de tener información sólida sobre la problemática derivada de los sismos del 7 y 19 de septiembre, para que la Comisión de la Ciudad de México pueda intervenir de manera productiva, proponiendo puntos de acuerdos e iniciativas de leyes que modifiquen normas, reducir riesgos y tener un mejor proceso de recuperación.

Del PRI, la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo propuso crear una mesa de trabajo entre funcionarios capitalinos y damnificados de Coyoacán, Tláhuac y Xochimilco, para que sean atendidos de inmediato. Además, solicitó actuar de forma preventiva para mitigar riesgos futuros, porque los sismos se registran constantemente.

Subrayó la necesidad de incluir en los Atlas de Riesgo, zonas que no estaban consideradas en esa categoría, como Tlalpan.

El legislador del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, propuso reuniones de trabajo con los secretarios de Gobierno y de Protección Civil capitalinos, a fin de conocer las medidas de apoyo inmediatas a damnificados, porque “prevalecen muchas dudas sobre su existencia.

Además, saber el destino de los apoyos económicos entregados por particulares nacionales y extranjeros.

Pidió evaluar de forma realista la situación de los damnificados, muchos de los cuales pagaban su vivienda a través de un crédito; estimó que pretender otorgarles otro, complicaría aún más su situación económica. Consideró prioritario asignar más recursos presupuestales para fortalecer la protección civil en la ciudad.

La legisladora de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó la comparecencia, a la brevedad, de los secretarios de Gobierno, de Protección Civil, de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Finanzas capitalinos, así como de los titulares del Metro, por los problemas de la Línea A y del Sistema de Aguas, porque se requiere tener información sobre las acciones que se implementan para la reconstrucción.

A tres semanas del sismo, llamó a tomar decisiones prontas y expeditas, porque los ciudadanos requieren respuestas. Lo más urgente, apuntó, es identificar cómo se va ayudar a la gente después de la emergencia, porque ahora lo más importante es la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos; por ejemplo, dónde van a vivir los damnificados en el mediano plazo y la situación legal de las edificaciones construidas con diferentes reglamentos e información técnica, así como el costo de los estudios que se deben hacer.

Subrayó que el abasto de agua está derivando en una crisis social que rebasa las posibilidades de solución del gobierno de la ciudad y que incidirá en la definición del Presupuesto. “Tenemos toda la intención de apoyar al gobierno capitalino, para darle los instrumentos que resuelvan todos los problemas después de los sismos”.

Resaltó que existen diferentes tipos de damnificados, como al que se le cayó su casa o su inmueble tiene daños y no se le permite sacar sus pertenencias. Expresó su preocupación por la falta de preparación técnica del personal en las delegaciones, por lo que planteó: ¿quién va a hacerse cargo de certificar edificios dañados?

De Morena, la diputada Xochitl Hernández Colín cuestionó sobre el avance del sistema para la seguridad estructural de las construcciones, ¿cuántas revisiones se realizaron al diseño antes y después del sismo?, ¿cuáles son los criterios para ordenar la evaluación de la seguridad estructural considerados como de alto riesgo? Pidió no politizar el apoyo a los afectados del sismo.

Manifestó su preocupación por Tláhuac, donde existen 90 mil damnificados olvidados, además de que más de 200 mil personas no tienen el vital servicio del agua. Aseguró que la red de agua potable y drenaje quedó severamente dañada. Además, abundó, ninguna autoridad atiende los reportes que han presentado los ciudadanos sobre inmuebles dañados.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Rene Cervera García inquirió sobre qué porcentaje de los daños a construcciones se pueden atribuir a la falta de cumplimiento de los reglamentos vigentes, ya que muchos edificios tienen varios años, pero otros son nuevos, ubicados en zonas no consideradas de mayor riesgo.

“El gobierno tiene la tarea de mejorar la calidad de la reglamentación y su aplicación. Esa es una preocupación de los capitalinos, quienes seguirán viendo con terror que donde había una vivienda unifamiliar, ahora se levanta un edificio con 18 o 20 departamentos o los que se les ocurra a las inmobiliarias”, precisó.

Consideró necesario gravar los nuevos desarrollos inmobiliarios, a fin de tener recursos que puedan canalizarse a la seguridad estructural; es un tema de justicia, equidad y solidaridad. “El presupuesto que requiere el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la ciudad son recursos que necesita la resiliencia, y la Cámara de Diputados debe insistir en ello ante la emergencia”.

La legisladora priista, Nora Liliana Oropeza Olguin, inquirió sobre el porcentaje de las construcciones hechas después de 1985, donde el Instituto emitió una evaluación; ¿qué hace gobierno capitalino para elaborar dictámenes sobre las condiciones de edificios que rebasaron los 50 años, a manera de prevención y evitar pérdidas de vidas y patrimoniales? preguntó.

También del PRI, el diputado Alfredo Bejos Nicolás interrogó sobre las acciones a tomar para que en las zonas habitacionales no se permita, mediante gestores o “coyotes”, la construcción de edificios que rebasan los límites permitidos por la ley, tendencia que, dijo, se registra en muchas zonas de la ciudad.

“Es importante tener un control de estos intermediarios que consiguen, a través de situaciones económicas, los permisos para construir en zonas de riesgo sísmico, que se venden y contratan un crédito sin que lo hayan habitado”.

Cuestionó si la mayoría de los edificios dañados son los que se repararon después de 1985, ¿hay un porcentaje de estos inmuebles y que nuevamente sufrieron daños, y autorizaron que se repararan y que se derrumbaron? ¿Tienen un censo sobre los dañados y reparados después del 85´y que volvieron a tener problemas?

También inquirió acerca de los riesgos de la instalación de antenas y espectaculares que también con dádivas económicas consiguen los permisos y causan sobrepeso en las construcciones.

Por su parte, Renato Berrón Ruíz, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México estimó sobre el proceso de demolición: “esperemos que en un par de meses se haya acabado la labor de eliminar los edificios que están en riesgo de colapso, y se han convertido en un conflicto para la gobernabilidad y funcionamiento de la ciudad”.

Explicó que la política que se sigue en la Comisión de Reconstrucción y Recuperación respecto a las edificaciones con alto riesgo de colapso, es prohibir el ingreso porque no se puede poner en peligro la vida de las personas que quieren recuperar sus documentos o bienes; entrar es un riesgo mayor y “sería imperdonable que se les permitiera el acceso y les pasará algo. Tenemos que ser precavidos, hay muchas cosas valiosas que la gente quiere recuperar, pero no tanto como la vida humana”.

Consideró que serán alrededor de 150 y menos de 200 edificios los que serán demolidos. “Va existir una política que definirá por qué un edificio se va demoler o no, y serán los que están en alto riesgo de colapso, que ponen en riesgo la vida de los vecinos, peatones, automovilistas y la estabilidad de las construcciones colindantes, que podría provocar un conflicto de gobernabilidad por el bloqueo de calles y que la gente vecina no pueda ocupar sus viviendas que están bien, pero existe la amenaza”.

Afirmó que se ha decidido eliminar esos edificios, porque “no podemos estar con ellos muchos meses, sería realmente complicado funcionar con esos edificios en la ciudad”.

Comentó que el Instituto “tiene solicitudes de muchas delegaciones para demoler inmuebles y por eso las cifras no son exactas; finalmente se está estudiando cada uno y van a ir saliendo los resultados día a día. Se va a ir avisando y definiendo los edificios conforme al Comité de Emergencias, que al final considera todas las circunstancias en las cuales está un inmueble y define cuáles se tendrán que demoler”.

Sobre el reglamento de construcción, su aplicación y cumplimiento, precisó que se deben realizar estudios para establecer nuevas normas en las zonas que resultaron afectadas y que no se consideraban de medio o alto riesgo.

“El mecanismo de cumplimiento no es tan óptimo y tiene que corregirse, se han tratado de tomar medidas al respecto, pero hay muchos supervisores que no hacen su trabajo y se debe estar más atento para establecer mecanismos de control, es otra tarea que debe incluirse en el reglamento para hacerlo más estricto”.

Se debe hacer obligatoria la instalación de pilotes en zonas lacustres, donde la cimentación no es suficiente, indicó.

Refirió la realización de un Estudio de Vulnerabilidad desde 2012, como prueba piloto con 12 mil 700 edificios, donde se detectó que el 5 por ciento tenía alta vulnerabilidad. Se notificó a los dueños y se recomendó hacer un estudio más profundo; “esto se debió haber hecho en los 270 mil que hasta ese momento se tenía como edificios ubicados en zonas vulnerables, es un proyecto que debe continuar”.

Planteó la necesidad de una red de instrumentación de edificios, para que a través de un dispositivo tecnológico se mida el comportamiento de los inmuebles y, en la medida de lo posible, pueda preverse su tendencia ante otro movimiento telúrico, a fin de reducir los riesgos de colapso.

Berrón Ruiz propuso elevar los coeficientes sísmicos en Tlalpan, como zona de riesgo medio y establecer parámetros diferentes de construcción incluso en áreas de terreno firme.

Comentó que el Instituto que encabeza realiza mil dictámenes cada año, con un déficit porque no puede atender todas las solicitudes, y desde 2012 y antes del temblor realizó cinco mil evaluaciones. Por ello, solicitó mayor presupuesto, ya que el 50 por ciento de los recursos se destina a la operación y mantenimiento del Sistema de Alerta Sísmico, a través del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico.

En la reunión, participaron varios ciudadanos como Jesús Eduardo Toledano, Omar Flores y Carlos Campos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades capitalinas en la colonia Girasoles, Coyoacán, y en Tláhuac y Xochimilco, a fin de que se inspeccionen los inmuebles, ya que se pretendía demoler algunos sin previo dictamen.

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